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Se necesitan campañas de prevención, dijo la diputada María Elena Naddeo

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Explotación Sexual Comercial Infantil en Pompeya

En la reunión de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud que se realizó hoy

Reunión en Nueva Pompeya
"Hay que hacer cumplir la Ley 2443 que establece la necesidad de las campañas de prevención para erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", dijo la diputada María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) en la reunión de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud que se realizó hoy, en Nueva Pompeya a fin de abordar el problema de la explotación sexual comercial infantil que fue denunciada por los medios de comunicación semanas atrás.

La reunión de Comisión fue presidida por Diana Maffía (Coalición Cívica) y estuvieron también presentes el diputado Claudio Parrilli (Izquierda) y las diputadas del PRO Victoria Morales Gorleri y Carolina Stanley. Además numerosas organizaciones zonales, otras que trabajan específicamente la problemática de la explotación sexual, sindicatos, defensorías, fiscalías y áreas de gobierno. El lugar de encuentro fue el ENNEM Nº4, Homero Manzi.

"Pasan los años y no podemos entender que esté todo trabado, que no se acepte como prueba el testimonio de los operadores que trabajan con los chicos y chicas", comentó Naddeo, en respuesta a la exposición de la fiscalía de la zona que planteaba que sin el testimonio de los niños y niñas explotados, las causas no avanzan.

Por otra parte, Naddeo señaló "que los equipos que trabajan en Infancia cobran salarios bajísimos. Hay que jerarquizar el área y subir su presupuesto". Sobre esto hubo una intervención de ATE Niñez que denunció la crisis de las áreas de niñez de la ciudad y dio el ejemplo de la Unidad de Prevención y Atención Integral a Niños/as y Adolescentes en Situación de Explotación Sexual, que cuenta con 17 operadores, de los cuales solo 2 son de planta permanente, "el resto está en situación de precareidad porque cobran 1500 pesos de bolsillo y no tienen ART".

Al finalizar, la diputada reclamó además que el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes tenga un rol más dinámico y que las defensorías barriales recuperen su rol como eje de las políticas públicas de infancia.

Fuente: Gente BA

Eduardo Epszteyn: Un aguijón constante para el macrismo porteño

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El legislador de Diálogo por Buenos Aires denuncia la falta de control en la construcción y afirma que la causa por el mobiliario urbano es más grave que la de las escuchas.

¿Cómo evalúa la visita de Macri a la Legislatura?

Me parece que se perdió una oportunidad, era un día en el cual todos teníamos mucha expectativa en que viniera a sostener lo que dijo con pruebas y explicaciones. Y todo lo que hizo fue mantenerse contando la misma historia de siempre, sin contestar ninguna de las preguntas que le hicimos.

¿Le cree cuando dice que fue la embajada de Israel la que le recomendó al Fino Palacios para la Policía Metropolitana?

Cuando le pregunté quién se lo había recomendado, no me contestó. Le preguntaron lo mismo Claudio Presman, Raúl Fernández, Gabriela Cerruti, y tampoco quiso contestar. O está mintiendo o está ocultando algo.

¿En qué consiste su denuncia con respecto a la construcción de obras en Villa Urquiza?

En Villa Urquiza y en Villa Pueyrredón venimos denunciando desde hace mucho tiempo una gran cantidad de irregularidades vinculadas con los permisos de obra y lo que después las constructoras hacían. Desde permisos de demolición truchos con firmas falsificadas; distintas construcciones con un mismo número de expediente, en cabeza de una misma constructora; construcciones que estaban autorizadas a ser realizadas como oficinas y que después se comercializaron como vivienda y, así, se consigue que los ambientes sean más chicos o eludir normas de ventilación. Todos temas para mejorar el nivel de rentabilidad de las constructoras, que en general son bastante chicas y bastante malas. Hoy, sobre el boom inmobiliario, hay una caída en la calidad de la construcción.

¿Cuáles son los barrios más afectados?

Lo vemos claramente en Villa Pueyrredón, en Caballito, en Barracas. Hay poca tierra en Buenos Aires y se compran terrenos, como por ejemplo en donde sucedió el derrumbe en Villa Urquiza, en el que sobre un terreno de 8,66 x 50 estaban planteando hacer 10 pisos. El Código de Planeamiento se lo permite, pero los ambientes van a ser siempre muy pequeños.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno porteño en el derrumbe de Villa Urquiza?

Hubo un déficit en el control, porque había una denuncia de la UOCRA, que no denuncia cualquier cosa, denuncia falta de baños, de iluminación y falta de apuntalamiento entre medianeras. Lo hace durante el período de demolición, pero si hay una denuncia por falta de apuntalamiento entre medianeras, el problema no desaparece cuando termina la demolición, porque la medianera queda débil.

El macrismo adujo que en el momento en el que se produjo el derrumbe, legalmente, no se establece que tenga que haber control.

Existe la inspección de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el registro que hace la policía del trabajo y existen los verificadores técnicos. Hay un registro de estos técnicos matriculados que son llamados por sorteo a inspeccionar y se les asignan obras. La primera vez que van, cuando el director técnico de la obra solicita un examen, es porque va a construir lo que se llama la primera losa; es decir, en la etapa de perforación y de demolición prácticamente no hay inspección. Salvo que la AGC, al muestreo, vaya a ese lugar. Ahí creo que hay un déficit, por eso presenté un proyecto de ley para que la inspección sea desde el momento cero. En el caso del derrumbe de Villa Urquiza, el tema es más complicado, porque allí hubo una denuncia.

¿El control es insuficiente?

Lo que pasó en Villa Urquiza fue una tragedia, pero pone en evidencia que hay una falta absoluta de control y regulación en el área de la construcción en momentos en los cuales se está produciendo un boom de la actividad, un crecimiento de la especulación, una baja de calidad y se cometen todo el tiempo irregularidades que están consentidas por el gobierno porteño, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y las agencias de control. Cada vez que hay un conflicto entre un vecino y una constructora, el gobierno porteño lauda por la constructora, porque es un gobierno amigo de las empresas constructoras. No en vano Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri, está en la mesa chica de Macri y es un tipo de la industria de la construcción.

¿Hay política pública en relación con este tema?

Está librado al mercado y hay un permanente favorecer a las empresas constructoras sin importar que los barrios vayan perdiendo identidad. Palermo, por ejemplo, se ha transformado en un parque temático. Y también Villa Pueyrredón, que era un barrio tradicional de casas bajas, con pasajes, con una gran calidad ambiental, con árboles y jardines, un barrio atípico con manzanas irregulares. Aprovechando un bache legal, lo transformaron y ahora es como un serrucho, construyeron estructuras de hormigón de pésima calidad, con vista a los jardines de los vecinos, sin respetar los centros de manzana, algo que está prohibido en toda la Ciudad; pero como allí hay manzanas irregulares, no está definido el centro de manzana como tal.

¿Qué otros problemas puede generar la construcción indiscriminada?

Los sistemas de servicios públicos tampoco están preparados. El sistema cloacal en la Ciudad de Buenos Aires está absolutamente desbordado. Esto ocurre y no lo vemos, está colmada la capacidad de saneamiento y hace muchos años que no hay grandes inversiones. Por ejemplo, cuando se hunde el pavimento es porque se rompe una cloaca o un conducto de agua. Esta es la situación que hay abajo del suelo de la Ciudad. El imprevisto tarda muchos años en armarse, pero ocurre en un instante.

¿Qué irregularidades denunció respecto de las licitaciones del mobiliario urbano?

Hay fallos judiciales; yo fui denunciando y preguntándole a Macri y a Rodríguez Larreta, cada vez que venían al recinto, hasta dónde iban a llegar con eso. Lo primero, entregarle la publicidad en la vía pública a un amigo político de él, que es Orly Terranova, a quien presenta como candidato en Mendoza, es impresentable. No es cualquier licitación, le está dando la licitación de control de la publicidad que es lo que se usa en las campañas electorales. Lo segundo, el método. La denuncia de Spinazzola es gravísima: Publicidad Sarmiento, para ganar esa licitación, habría falsificado documentación pública; están procesados por esto. Mi pregunta es por qué no licitan de nuevo. El fallo de Cámara sobre el mobiliario urbano para mí es más grave que el fallo de las escuchas telefónicas.

¿Por qué?

La Cámara del Crimen de la Ciudad le cambia la carátula, le pone administración fraudulenta, le levanta el sobreseimiento a Macri y le cambia el juez, porque no confía en el accionar del juez de primera instrucción que le dio el sobreseimiento.

¿Cuanta plata entra a la Ciudad por el mobiliario urbano?

En este momento no lo sé, porque te niegan constantemente la información. Hace rato que quiero saber quién está hoy a cargo del mobiliario urbano, quién hace el mantenimiento de los refugios de los colectivos. Mandé un pedido de informes y no lo contestan.

Cuando fue secretario de Medio Ambiente de Ibarra hubo cuestionamientos acerca de las licitaciones de basura. 

¿Cuál es su versión? 

Se hizo todo en tiempo y forma. Lo único que sucedió fue que hubo un error material en la convocatoria a la primera audiencia que se subsanó inmediatamente. Se calcularon mal los días y se había llamado un día antes.

Con respecto a la Comisión Investigadora, ¿cómo evalúa
el accionar del PRO?

Lo del PRO es una estrategia de victimización desde el principio. Antes de integrar la Comisión, estuvieron amenazando con que se iban a retirar para intentar conseguir un miembro más. La oposición fue más que generosa en este tema, empezamos por tres y terminamos dándoles cinco representantes.

Fuente: Redacción Z. Por Karin Miller

DENUNCIAN FALTA DE INSUMOS Y PERSONAL RENTANDO EN SALUD MENTAL


El área de Salud Mental de la Ciudad atraviesa una situación de falta de insumos y medicamentos destinados a la atención y tratamiento de los pacientes alojados en hospitales neuropsquiátricos y un porcentaje de los trabajadores del sector ejercen su labor ad honorem, según un informe elaborado en la Legislatura porteña sobre datos consignados en el primer semestre del 2010.

"La totalidad de las instituciones está disminuyendo su planta de trabajadores en todos los rubros: profesional, administrativo, técnico y maestranza, advierte el relevamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental, que preside la diputada María Elena Naddeo, y cuyos detalles serán difundidos mañana en una conferencia a las 16 en la Legislatura.

El informe indica que "las bajas que se producen por fallecimiento, renuncia o jubilación no se reponen, o se reponen en menor cantidad, y en este último caso la demora para sus nombramientos es muy grande.

Además, sostiene que "Salud Mental cubre las necesidades de servicio con una gran cantidad de personal que trabaja ad honorem bajo las figuras de concurrentes, becarios honorarios y pasantes, etc.

"Vaya como ejemplo el CSM 1, que funciona con 200 profesionales, de los cuales 85 son rentados y 115 no perciben remuneración alguna, precisa.

En cuanto a los insumos, el informe dice que "se producen cotidianamente faltantes de los medicamentos básicos.

Además, detalla el informe que las droga que son distribuidas en los centros del área "nunca son de primeras marcas, lo que algunas veces produce dificultades para con los pacientes por esta aparente diferencia entre los comprimidos de diferentes laboratorios.

Fuente: Agencia Télam

EPSZTEYN: “MACRI CONOCE ESTOS PROBLEMAS, TIENE EN LA MESA CHICA A NICOLÁS CAPUTTO”



Invitado al programa Informe Reservado TV, Eduardo Epszteyn, diputado porteño por Diálogo por Buenos Aires, aseguró que “lo que hay debajo, es un Estado que está débil y hay que fortalecerlo. Los que están en el problema, la Uocra, los verificadores técnicos, los vecinos están reclamando soluciones, el gobierno no se hace cargo”. “Macri no sé por que se enoja tanto, tendría que tranquilizarse un poco y tomar el toro por las astas. Este tema los conoce y bien, porque aparte los vecinos estuvieron reunidos con él. Hace más de 7 meses plantearon todas estas irregularidades, hubo una reunión con el diputado Álvaro González, Patricio Di Stefano del macrismo, porque había un lío entre ellos. Estaba Burlot en la agencia de control comunal, que clausuraba y después iban otras y facilitaban la reapertura. 

El ingeniero Macri sabe muy bien cual es el problema, lo sabe porque donde hay una gran irregularidad en el edificio donde se va a mudar él ahora para casarse. En la calle Ramón Castilla hay un edificio que además es área protegida, el 4to piso que es de su primo Calcaterra, como él se lo deja a Macri decidió construirse un departamento nuevo en el mismo edificio en el ultimo piso. Nosotros pedimos informes, preguntamos cuál es el permiso, usted lo ve y están haciendo la obra todos los días, preguntamos quién dio el permiso de obra, es un edificio en un área protegida, no se puede hacer una obra donde quiere, cuando quiere”, declaró. VER VIDEO: www.informereservado.tv
 

Según dijo, “Teresa Anchorena cuando era diputada pidió informes, la Fundación Ciudad también, y le contestaron que no encontraban los expedientes porque se habían humedecido en el tercer subsuelo de la Dirección general y no era legible”. “A mi me contestaron ahora que no hay ninguna intervención por parte de la Dirección General en cuanto al permiso de obra para construir el ultimo piso. Si ni siquiera le dan permiso de obra a la casa del Jefe de Gobierno, además se construyeron un giro a la izquierda por avenida del Libertador para que gire él cuando se hace contramano. Es todo escandaloso el manejo de las obra. Él dice que lo que yo digo es un disparate, yo me ocupe de mandar todas las irregularidades a los medios, hay una causa judicial en este sentido. Hay un gran desmanejo en medio del boom de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, hay un crecimiento muy grande pero hay en general una baja en el nivel de calidad de la construcción”, exclamó Epszteyn.

“Esto que se cayó en la calle Mendoza, estaban construyendo 10 pisos, en un terreno de una casa tradicional en un centro de manzana, ahí construyen mono ambientes y la trampita que hacen después es que van a la Dirección de Obras y piden permiso de obra para construir oficinas, porque permiten construir ambientes mas chicos, eludir ciertas normas de ventilación. Después comercializan viviendas, quien controla esto?. Nadie. Estas son las trampas que hacen, el tipo que sabe y maneja técnicamente las trampitas que puede tener por interpretación el código de planeamiento urbano, ese puede agregarse 15, 20 por ciento de valor en términos de capacidad de construcción en cualquier terreno de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó el diputado porteño.

Por último, dijo: “Macri conoce estos problemas, porque a parte tiene en la mesa chica a Nicolás Caputto. Entonces el Gobierno cuando tiene dudas va a favor de la empresa constructora, en contra de los vecinos”. “Balcanizan la administración, detrás de esto hay dinero, y mucho, por un lado está el que da permiso, por otro el que controla, por otro la policía del trabajo. Se produce un desastre y tiene que salir Macri, sobre actuar incluso, pero lo concreto, lo que hay debajo, es un Estado que está débil y hay que fortalecerlo. Los que están en el problema, la Uocra, los verificadores técnicos, los vecinos están reclamando soluciones, el gobierno no se hace cargo, concluyó el diputado de Diálogo por Buenos Aires. 


VER VIDEO: www.informereservado.tv

VER PROYECTO: Expediente 1064-2010 del diputado Eduardo Epszteyn

Fuente: Informe Reservado

Denuncian retroceso en las prestaciones de salud mental

Presentarán en la Legislatura porteña el Primer Informe 2010 sobre Salud Mental en la Ciudad el Miércoles 18 a las 16 horas en el Salón Perón de la Legislatura


Entre los años 2006 y 2009, la cantidad de prestaciones de psicoterapias, psicoprofilaxis, terapia ocupacional y musicoterapia, bajaron ostensiblemente con porcentajes que oscilan entre el 10,57 % (psicoterapia familiar) y el 54.93 por ciento (dispositivos en atención grupal). La suma en todos los rubros arroja una diferencia de 127,498 prestaciones menos entre ambos ejercicios. Estos son algunos de los datos se desprenden del Informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental del primer semestre de 2010, que preside la diputada María Elena Naddeo, que se presentará este miércoles a las 16, en el Salón Perón, de la Legislatura porteña (Perú 160).

Además de la evolución de las prestaciones en el área de salud mental, el informe contempla otros aspectos como la aplicación de los criterios y dispositivos de la Ley Nº 448 de Salud Mental, cuestiones institucionales, recursos humanos, insumos y obras.

 
“Hay un modelo de gestión muy autoritario y pasan cosas graves en salud mental. Es un modelo antagónico al propuesto por la Ley 448 de Salud Mental. Dos veces citamos al doctor Gregorio Alcaín, ex director general adjunto de Salud Mental porteño y nunca concurrió. Notamos muchos conflictos entre la orientación del gobierno de Mauricio Macri y los trabajadores", dijo Naddeo, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la mencionada ley.

 
La Ley de Salud Mental, Nº 448, fue promulgada en 2000 y reglamentada en 2004 y su objeto es “garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas”. La Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley Nº 448 de Salud Mental tiene la misión de monitorear y evaluar el desarrollo y puesta en práctica de las políticas públicas en salud mental, en el contexto de la aplicación de la Ley Nº 448.

 
El informe quiere dar cuenta de la tarea realizada hasta el momento por la Comisión especial a fin de alertar y advertir con tiempo suficiente, acerca de los acuciantes problemas detectados y el retroceso en materia de las facultades y competencias del área de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires.

 
"El repudio generalizo a la gestión de Salud Mental concluyó con la separación del director adjunto y la designación de Juan Garralda -director del Borda- como nuevo director general de Salud Mental", finalizó Naddeo.


Fuente: Parlamentario.com

Al PRO se le vino la noche en la Legislatura

EL MACRISMO PERDIÓ OCHO VOTACIONES A MANOS DE LA OPOSICION, QUE DECIDIÓ ARCHIVAR EL AUTOJUICIO POLÍTICO DE MACRI 


El autojuicio es historia. Pasada la medianoche del jueves, la oposición porteña votó el archivo del proceso que Mauricio Macri buscaba impulsar para absolverse. También completaron la votación de la comisión investigadora, donde el PRO tendrá cinco de los 17 integrantes.  







Los macristas (que exigían siete miembros) intentaron un cuarto intermedio de 72 horas para negociar, pero no lo consiguieron. A coro, denunciaron que la comisión investigadora especial que investigará las responsabilidades por la creación de la Policía Metropolitana y la causa de escuchas ilegales implica un “golpe de Estado”. La sesión terminó con ocho votaciones perdidas por el macrismo, que sólo pudo festejar que no se aprobara una recomendación de que el jefe de Gobierno se tome licencia. 


Ya se había votado por 36 a 24 la invitación para que Macri concurra a la Legislatura el 24 de agosto, la creación de la comisión investigadora y sus dos primeros artículos. En el tercero, que era el que definía la integración, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, pidió un cuarto intermedio de diez minutos para hablar con los otros titulares de bancada. Antes, los legisladores macristas se habían agolpado para anotarse como oradores y extender la sesión.

Así, intentaban ahorrarse un titular negativo en los diarios. El cuarto intermedio, al filo de la medianoche, duró unos veinte minutos. Allí quedó claro que, a diferencia de otras veces, el joven peronista de Mataderos no pudo llegar a un acuerdo con un sector de la oposición para sacar a su líder de apuros.

Cuando volvieron al recinto, Ritondo ofreció crear una comisión de 20 integrantes con proporcionalidad y el titular del bloque peronista Diego Kravetz le informó que la oposición no aceptaba. El legislador de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya recordó que el macrismo no respeta esa proporcionalidad en las comisiones de Sbase y AUSA y el titular del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, aclaró que en la segunda tenían un 60 por ciento cuando les corresponde un 43. En ese momento, el vicepresidente primero, Oscar Moscariello, quien debía moderar la sesión, perdió todo recato: “¡Le están errando al vizcachazo!”, le gritó a Abrevaya en medio de una argumentación sobre la repartija de comisiones. 



“¡¡Callate la boca!!”, le gritaba mientras tanto Ritondo a Basteiro, que protestaba. “¡Que le den al PRO lo que le corresponde! ¡Este oportunismo no es el de la Elisa Carrió que yo conozco!”, se sulfuró Helio Rebot. Los macristas se anotaron una y otra vez para repetir sus argumentos y hacer tiempo. El premio a la verborragia se lo llevó Martín Ocampo, que habló dos veces en el tratamiento de cada artículo y pidió una decena de interrupciones durante la sesión. La tensión era tan grande que incluso hubo varios cruces entre Moscariello y los legisladores del PRO: Ritondo le decía permanentemente lo que tenía que hacer y, cuando no les gustaba una decisión, gritaban a coro: “Eeeeeeeehh”.


Finalmente, Ritondo afirmó que “quieren provocar un golpe de Estado para llegar al poder que la ciudadanía les negó”. A renglón seguido, pidió un cuarto intermedio de 72 horas para seguir rosqueando. Necesitaba dos tercios para su aprobación y perdió por 24 a 36. Les votó en contra, incluso, el peronista Daniel Amoroso, quien rompió hace un tiempo con el macrismo y creó un espacio de Francisco de Narváez.

–¡Gracias, Amoroso! ¡Vendido! –le gritaron desde la tribuna PRO.
“Tenemos que tratar todavía un pedido de informes por el derrumbe de Villa Urquiza, donde hubo tres muertos. ¡Les están faltando el respeto haciendo tiempo!”, cuestionó la legisladora kirchnerista Gabriela Alegre la estrategia del PRO. No pareció importarles. Siguieron pidiendo hablar unas dos veces cada uno. En un ataque de extrema izquierda, el macrista Martín Borrelli sacó a relucir un documento de la Defensoría del Pueblo porteña sobre la violencia policial. “Dicen que les preocupan los derechos humanos y no vi que crearan una comisión investigadora por esto”, dijo.

“Aquí se mentaron los comandos civiles, los fusilamientos de José León Suárez, las desapariciones: apelaron a la izquierda y al peronismo a ver si podían quebrar el consenso opositor. Algunos de ustedes estuvieron detrás de los faldones de Ruckauf, que fue quien firmó los decretos de aniquilamiento. Vamos a sostener la democracia y no los principios que mentan y que los sostienen tan alto que parece que se quisieran esconder detrás”, los rebatió Martín Hourest, de Igualdad Social. A la 0.38, se votó el artículo que definía la integración de la comisión investigadora y el macrismo volvió a perder, esta vez por 36 a 23, dado que el legislador Avelino Tamargo se había ido porque tenía un viaje. Mientras tanto, los asesores del PRO bostezaban.

Luego se sucedieron discusiones sobre la redacción de los artículos (por ejemplo, si decía: informe o informes), mientras Ocampo gritaba cada tanto: “Nos quieren echar de la Legislatura. ¿Por qué no votan un artículo para que los legisladores del PRO no podamos hablar más?”. “Van a estar solos”, les insistía Ritondo con la amenaza de que no integrarán la comisión, ni asistirá a ella ningún funcionario porteño.

Las votaciones se sucedieron con el consabido 36 a 23. Pocas veces, desde 2003, el macrismo había retrocedido tanto en la Legislatura. Se notaba en las caras de sus legisladores, sobre todo de los más experimentados. “Podrían redactar ese artículo: ‘La comisión lijadora emitirá un dictamen definitivo cuyo resultado será el juicio político abreviado para destituir a Macri y poner en su lugar a un legislador de la oposición’”, los chicaneaba Ritondo, con una sonrisa irónica a la 0.53. “Si es un legislador de la oposición, será porque renunció Gabriela Michetti”, lo chanceó Diana Maffía, a quien silbaron sin piedad. Muy serio, Ritondo contestó: “Se está tramando un golpe de Estado. Esto lo confirma. Maffía se pintó la cara de betún.”

El juicio político que se autoimpulsó  Macri naufragó a la una de la mañana, por 32 votos contra 18. Por orden de Ocampo, no votaron los macristas que forman parte de la Sala Juzgadora. “Vicky, ojo vos con votar”, le aclaraba Fernando de Andreis a Victoria Morales Gorleri. “Sí, la puta que lo parió. ¡Soy diputada!”, se quejaba ella de que le daban instrucciones como a una niña. Hubo tres abstenciones: de Raúl Fernández, Gonzalo Ruanova y Marcelo Parrilli, que había impulsado su propio proyecto de juicio político. “Creen que votar es emitir opinión y no lo es ir por todos los medios asegurando que Macri es inocente y esto es una operación de Kirchner”, les planteó Aníbal Ibarra.


Los macristas quisieron argumentar que el juicio debía comenzar automáticamente y sin votaciones, pero volvieron a perder esa discusión por 32 a 18. El autojuicio se archivó. La macrista Carmen Polledo ya cabeceaba a la 1.21. Por último, y para que no se fueran sin premio consuelo, los macristas ganaron una votación: fue la de recomendarle a Macri que se tome licencia (la impulsaba una parte de la oposición). El proyecto fue archivado por 33 a 21 y se abstuvo el bloque peronista. “¡Una, logramos una!”, festejaba una de las legisladoras del PRO a la 1.44. El resto de los macristas aplaudía. No se sabe aún qué cosa.

Fuente: Página 12.  Por Werner Pertot

JOSEF KOUDELKA FUE DECLARADO HUÉSPED DE HONOR POR LA LEGISLATURA


Por iniciativa del legislador porteño Raúl Puy, el fotógrafo checo, Josef Koudelka, fue declarado Huésped de Honor por la Legislatura de la Ciudad.




 


Josef Koudelka fue declarado Huésped de Honor por la Legislatura este jueves en la fundación OSDE. Koudelka se encuentra presentando su exposición Invasión Praga 68.


El fotógrafo ha recibido prestigiosos galardones en reconocimiento a su labor, como el Premio Cartier-Bresson, la Medalla de la Royal Photographic Society o el Premio de la Hasselblad Foundation Photography y ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura Francés.

Sus obras fueron exhibidas en el Museo de Arte Moderno (MOMA) y el Centro Internacional de la Fotografía de Nueva Cork, la Galería Hayward de Londres, el Stedelijk Museum of Modern Art, de Ámsterdam y el Palais de Tokio, en París, entre otros. 






La exposición "Invasión Praga 68" llega a Buenos Aires con motivo de los XVI Encuentros Abiertos - Festival de la Luz, una de las reuniones de fotografía más importantes de América Latina, que se celebra de manera bienal en nuestro país. La muestra es una coproducción entre Magnun Photos y Aperture, una organización sin fines de lucro dedicada a la fotografía y a las artes visuales. Se inauguró, con la presencia de Koudelka, este miércoles en el Centro Cultural Borges.

Ver Proyecto del Diputado Puy
[Expediente: 1544/10]

Fuente: Ciudad 1


"No hay errores, hay atropellos contra los Derechos Humanos de las Mujeres"


La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reclamó este lunes al mediodía ante las autoridades del Ministerio de Salud la firma de la Resolución Ministerial que avale y dé alcance nacional a la aplicación de la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.


Se realizó frente al Ministerio de Salud una actividad para reclamar la firma de la Resolución Ministerial que avale y dé alcance nacional a la aplicación de la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.



Fuente: ANRed Fotos: ANRed

VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN AMÉRICA LATINA


Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos

Los altos índices de violencia contra las mujeres en toda América Latina evidencian un grave problema: la naturalización de los papeles de hombres y mujeres, que hace que ciertos actos de violencia contra las mujeres sean legitimados culturalmente por la sociedad donde ocurren.

La historia de la brasileña Eliza Samudio –cuyo cuerpo fue destrozado y mordido por perros después de ser asesinada, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía– por exigir el reconocimiento legal del hijo que según ella había tenido con un jugador de fútbol, puede ser situada dentro del mismo conjunto de asesinatos de mujeres del cual también hace parte la historia de Silene –mujer que murió asfixiada por su marido y fue sepultada en su propia sala en Colombia– y de otros tantos casos de muertes violentas de mujeres en el subcontinente latinoamericano.


Con frecuencia estos actos entran en el terreno del “crimen pasional”, debido a que, en su gran mayoría, fueron cometidos por hombres cercanos a las víctimas (novios, esposos o ex-compañeros), ligados, muchas veces, a la vieja idea de la defensa del honor masculino, que tradicionalmente ha sido utilizada como atenuante en muchos de esos crímenes. Los altos índices de violencia contra las mujeres en los diversos países que componen América Latina evidencian un grave problema: la naturalización de los papeles de hombres y mujeres, que hace que ciertos actos contra ellas sean disculpados por la sociedad.

En Brasil, de acuerdo con las informaciones obtenidas por el Instituto Zangari, con base en la base de datos del Sistema Único de Salud brasileño (DATASIS), entre 1997 y 2007, 41.532 mujeres fueron víctimas de homicidio, lo que arroja índice de 4,2 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes.


Las cifras en el estudio del Instituto Zangari no detallan las motivaciones. De modo general, hay una tendencia a que los asesinatos de mujeres se den en un contexto de violencia, sobre todo en el momento de la separación. No hay duda de que el machismo esté presente como uno de los elementos propulsores de crímenes como el cometido contra Eliza, e incluso de crímenes pasionales como el de la abogada de São Paulo Mércia Nakashima, cuya muerte fue motivada por los celos que sintió su ex novio luego de que ella decidiera terminar el romance.

“Aunque el machismo está presente en nuestra cultura, la mayor parte de los hombres no agrede ni mata a sus compañeras. El machismo no puede ser, por lo tanto, la única explicación. Con mucho, los valores machistas son utilizados como argumento para justificar la violencia practicada por ciertos hombres en un contexto de múltiples causalidades. Existen algunos estudios en los Estados Unidos que muestran que no existe relación entre el tener concepciones machistas, o ser económicamente dominante en la pareja, y agredir a la mujer.

El problema es que cuando una mujer es agredida o asesinada, parece que cualquier otra causalidad pierde el sentido y todo se resume a una dimensión de género. Esa dimensión es importante, es fundamental, pero es una entre otras. De no ser así estaríamos en un mundo bidimensional, que no corresponde a la complejidad y a las dinámicas de la experiencia humana. La violencia tiene muchas causas, de naturaleza individual, relacional, familiar, comunitaria, social, cultural, etcétera, y se hallan vinculadas entre sí. El asesinato, la violencia y la crueldad implican en realidad muchas variables”, señala la socióloga Bárbara Soares, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cândido Mendes (CESeC/UCAM) y ex-Subsecretaria de Seguridad de la Mujer de la Gobernación del Estado de Rio de Janeiro. 

Enemigo íntimo

En Colombia 6 mil 603 mujeres fueron asesinadas entre 2004 y 2008, según datos divulgados esta semana por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 30.8 por ciento de ellas fallecieron dentro de su propia casa y en el 71.6 por ciento de los casos el agresor era un integrante de la familia, marido o ex marido. El índice más alto de homicidios de mujeres fue registrado en 2005, cuando 1424 mujeres perdieron la vida de manera violenta en el país. En el mismo periodo, el estudio indica que 206 mil 735 mujeres, en su mayoría con edades entre los 20 y los 34 años (62 por ciento), fueron víctimas de algún acto violento por parte de su compañero sentimental. De los casos de crímenes contra la población femenina, 60.7 por ciento fueron cometidos con arma de fuego.


“Debemos tener en cuenta que el crimen pasional como justificación de un acto violento es predominantemente masculino, una mujer no puede hacer uso de él. En la legislación colombiana existe todavía algo parecido a la antigua figura de la ‘ira e intenso dolor’, que se usa como atenuante y alude a una emoción disculpable. En la práctica, los jueces lo aplican a los hombres, para atenuar la culpa. El crimen pasional está relacionado con la cuestión de la defensa de la honra, del lado masculino, mientras que en las mujeres tiene como valor equiparable a la virtud. La honra es masculina, por eso el crimen pasional, justificándose en la idea de la reivindicación de la honra, legitima desde el inicio el acto violento de los hombres contra las mujeres”, dice Elizabeth Castillo, Coordinadora del Programa de Género y Salud Sexual de Profamilia, ONG colombiana que trata de temas ligados a la salud sexual y reproductiva.

En otras palabras, cuando una mujer comete un crimen pasional al matar a su marido, por ejemplo, ella está  subvirtiendo una norma de género según la cual la mujer debe ser madre y esposa cariñosa y dedicada, y cuidar de su esposo y de su familia. “Así, en la violencia sexual, es recurrente la cuestión de la obligación de las esposas de ‘atender a los maridos’, de estar siempre sexualmente disponible para ellos. Ese prejuicio se refleja en el momento de las denuncias o cuando ella va a un centro de salud: se da por sentado que todas las relaciones sexuales son consentidas, más cuando se trata de un matrimonio”, complementa la especialista colombiana.

En Colombia, los datos más relevantes sobre el tema fueron obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2005), según la cual 66 por ciento de las mujeres respondió de forma afirmativa cuando se le preguntó  si sus esposos o compañeros ejercen control sobre ellas.

Las situaciones de control más frecuentemente descritas por ellas fueron: el esposo insiste en saber dónde está  ella en todo momento (37 por ciento), el esposo la ignora (36 por ciento), el esposo le impide el contacto con las amistades (26 por ciento), y el esposo las acusa de infidelidad (26 por ciento).

Un tercio de las mujeres que estuvieron unidas alguna vez (33 por ciento) aseguró haber sido sujeto de amenazas por parte de su compañero y 39 por ciento de ellas reportó haber sufrido agresiones físicas por parte de él. Los tipos de violencia reportados fueron: empujones o sacudidas (33 por ciento), golpes con la mano (29 por ciento), arrastradas (13 por ciento), violadas (12 por ciento), golpeadas con un objeto duro (9 por ciento), amenazadas con armas (4 por ciento) y mordidas (3 por ciento). Solamente una quinta parte (21 por ciento) de las mujeres que fueron objeto de agresiones físicas acudió a un médico o a un centro de salud, mientras que 76 por ciento de las mujeres maltratadas físicamente no buscó institución alguna para interponer una denuncia del delito.


En Argentina, el caso más impactante en tiempos recientes fue el de Natalia Gaitán, joven asesinada por el padrastro de su novia (véase la nota publicada por el CLAM) porque éste no aceptaba la homosexualidad de la hijastra. Otro caso fue el de Marianela Rago Zapata, estudiante de periodismo de 19 años que fue encontrada muerta por su hermano el 28 de junio en el apartamento que compartían en el barrio porteño de Balvanera. Había sido degollada, la cerradura de la puerta no había sido forzada y en el lugar se encontró el bolso de Marianela, su computadora portátil, dos teléfonos celulares, un reproductor de DVD y el cuchillo que había sido usado para matarla.

La policía descartó rápidamente la hipótesis de latrocinio (hurto seguido de la muerte de la víctima). Las sospechas del asesinato acabaron recayendo sobre el ex novio, quien, según amigos de Marianela, en los últimos tiempos la seguía obstinadamente porque deseaba que ella volviese a él, aunque ella se negaba a hacerlo. De acuerdo con la información policial los médicos encontraron marcas en el cuerpo del joven a la altura de los bíceps, similares a las que se producen cuando una víctima intenta defenderse. Encontraron también en su billetera el recibo de pago de consumos del local comercial y de la misma fecha donde Marianela fue vista con vida por última vez. El sospechoso asegura que es inocente.


En este país, acaba de entrar en plena vigencia la ley 26.485 contra la violencia de género, que representa una avance cualitativo respecto a la legislación anterior. Esta norma reconoce otras violencias como la mediática, la laboral y la que atenta contra la libertad reproductiva, que tienen lugar en otros escenarios distintos al doméstico como los medios de comunicación, el ámbito laboral, el obstétrico y el institucional.


El decreto reglamentario firmado el 19 de Julio por la presidenta Cristina Fernández expresa claramente las modalidades de sanción: Los profesionales de la salud que no brinden el asesoramiento necesario para que una mujer pueda elegir si desea o no tener hijos y decidir el intervalo de los nacimientos, incurrirán en la figura de “violencia contra la libertad reproductiva”, así como aquéllos que se resistan a proveer algún método anticonceptivo por sus convicciones religiosas o se nieguen a realizar un aborto no punible. Los medios de comunicación que difundan mensajes o imágenes que tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina, estimulen la explotación sexual de las mujeres, o contengan prácticas discriminatorias a través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios, serán pasibles de sanciones por incurrir en situaciones de “violencia mediática”.

A partir de ahora, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) tiene la responsabilidad de elaborar un Plan Nacional de Acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y elaborar una guía de servicios de atención de mujeres víctimas de violencia de todo el país, que tendrá que ser permanentemente actualizada.

En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre el asesinato de mujeres. Según el informe sobre femicidio lanzado por la organización La Casa del Encuentro, el femicidio es un concepto creado por el movimiento feminista con el propósito de dar cuenta de la especificidad de los asesinatos de mujeres y niñas por violencia sexista, para desnaturalizar y desmitificar el concepto de “crímenes pasionales” y situarlos como una problemática política y de Derechos Humanos. Los femicidios son siempre consecuencia de la violencia machista y se benefician de la legitimación social y cultural de la violencia contra las mujeres.

“Ser asesinada por tener un amante, por negarse a dar servicios sexuales, por ser lesbiana, por defender a otra mujer de la violencia y por hacer cualquier cosa que atente contra la honra masculina, que avergüence al varón, que lo rebaje en su masculinidad estructural, es ser asesinada por el mismo flagelo, que se puede presentar de diferentes maneras: el mandato patriarcal del molde del Ser Mujer. Es un crimen machista: femicidio. Genocidio cuando la gran mayoría de las mujeres que mueren en crímenes violentos son asesinadas por razones como ésas”, explica la feminista chilena Victoria Morales Aldunate.

Según informaciones de la Casa del Encuentro, en la primera mitad de 2010 fueron asesinadas en el país 40 por ciento más de mujeres que lo registrado para el mismo periodo del año 2009. En 2008, se registraron en Argentina 208 crímenes de esta naturaleza y 231 en 2009. De estos, 24 casos reportaron denuncias por violencia.

Según datos del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía de la Nación del Perú, durante el año 2009 ocurrieron 135 casos de femicidio en el país, 86.7 por ciento de los casos fueron femicidio íntimo, es decir, el homicida tenía un vínculo próximo o relación conyugal con la víctima. Aparte de lo anterior, 56.3 por ciento de estos crímenes fueron perpetrados dentro de la casa de la víctima, lo que va en contra de la difundida idea de que el hogar constituye el lugar más seguro para las mujeres.


En relación con la motivación del crimen, en 48.4 por ciento de los asesinatos fueron los celos, y en 19.4 por ciento de los casos el asesino cometió el femicidio porque la víctima se negaba a continuar con la relación de pareja. Tales crímenes obedecen a un afán del homicida de controlar la vida y las decisiones de la víctima, producto del asimétrico ejercicio de poder entre hombres y mujeres. 

La efectividad de las legislaciones existentes

En Chile no existen estudios nacionales destinados a conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Los estudios realizados por el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) en la región metropolitana, Araucanía, Coquimbo y Antofagasta, visibilizan que una de las expresiones más habituales de la violencia contra las mujeres es la que ejercen sus compañeros, cónyuges, novios actuales o anteriores, alcanzando una prevalencia que varía entre 50.3 por ciento en la región metropolitana y 42.8 por ciento en Antofagasta.

En el país, son más de 500 casos de femicidio entre 2007 y 2009, de acuerdo con los datos de la prensa. Aunque el estado chileno ha ratificado la Convención de Belém do Pará, existen limitaciones en su aplicación que están relacionadas con la falta de adecuación de la legislación vigente en lo que atañe a la violencia contra la mujer, toda vez que la ley 20.066 solamente se refiere a la violencia intrafamiliar en el periodo de enamoramiento o de noviazgo, violación por un extraño, abuso sexual en la infancia y violencia institucional.

“La falta de reconocimiento en la práctica de que toda violencia contra la mujer es expresión de la desigualdad y de la discriminación que sufren las mujeres como un todo, que impide o dificulta gravemente el ejercicio pleno de sus derechos. Es un obstáculo para el diseño de políticas conforme a sus necesidades, para el reconocimiento pleno de derechos de las mujeres y para la potencialización de la igualdad entre los sexos”, afirma la especialista María Eugenia Calvin, responsable por el estudio multicéntrico regional “Violencia contra las Mujeres y Feminización del VIH/sida en el MERCOSUR” de la Fundación EPES (Educación Popular en Salud).

En Perú hace 16 años entró en vigencia la Ley 26.260 de Protección Frente a la Violencia Familiar y en 1996 el país ratificó la Convención de Belém do Pará. “Si bien socialmente la violencia contra la mujer en el ámbito familiar es rechazada cada vez más, aún no se ha avanzado en términos de justicia, reparación, ni otorgamiento de medidas de protección para las mujeres, objetivo de la legislación especial”, asegura la abogada feminista Jeanette Llaja, directora del DEMUS (Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer).

Llaja llevó a cabo este análisis en un estudio sobre la situación en Perú, parte de una investigación mayor sobre violencia contra las mujeres en Chile, Perú, Bolivia y Guatemala, promovido por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.


La investigadora recuerda que 12.8 por ciento de las mujeres asesinadas habían presentado una denuncia por violencia familiar contra su victimario. Adicionalmente, sólo la mitad de las demandantes obtuvo medidas de protección, que tampoco fueron efectivas para salvarles la vida.


Con respecto a la efectividad de la Ley de Protección, Brasil parece estar enfrentando un problema muy similar. La aprobación de la Lei Maria da Penha (11.340/06)[H7] , en el año 2006, fue celebrada por las organizaciones feministas por incentivar a las mujeres a denunciar crímenes de violencia doméstica, exponer el problema de la violencia conyugal a la mirada pública, ayudar a resquebrajar la lógica de la naturalización de la violencia en las relaciones íntimas y comprometer a toda la sociedad en la resolución del problema, además de garantizar medidas de protección para las mujeres y penas más duras y con mayor agilidad contra los agresores.

En tanto, surgieron divergencias acerca de su constitucionalidad. Quienes defienden la inconstitucionalidad de la ley –que son una minoría– afirman que la ley viola el principio de la isonomía en la medida en que establece una desigualdad basada solamente en el sexo. La mujer víctima sería beneficiada por mejores mecanismos de protección y de punición contra el agresor. El hombre en tanto no dispondría de tales instrumentos cundo fuese él la víctima de la violencia doméstica o familiar. Hay incluso una acción en el Supremo Tribunal Federal (STF) pidiendo la constitucionalidad de la ley.

Debido a ello la Ley está sujeta a interpretaciones, muchas veces equivocadas, de magistrados y operadores del Derecho. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Eliza: en octubre de 2009, con cinco meses de embarazo, ella interpuso una queja afirmando haber sido obligada por el jugador a ingerir sustancias abortivas. El 3º Juzgado de Violencia Doméstica de Rio de Janeiro respondió negativamente a la solicitud de protección, por considerar que la joven no mantenía relaciones afectivas con el arquero.

La jueza explicó en su decisión que Eliza no podría beneficiarse de las medidas de protección ni “intentar castigar al agresor”, bajo pena de banalizar la Ley Maria da Penha. La magistrada pensaba que la finalidad de la legislación era proteger a la familia, si se tratase de una unión estable o de matrimonio y no de una relación de carácter puramente sexual o pasajero. El incumplimiento de la Ley y la negativa de protección a Eliza resultaron en su muerte.

“La política pública está reclasificando lo que es violencia. Actualmente las mujeres están aprendiendo a denunciar. Pero cuando ella denuncia queda expuesta, pues la política pública no se consolidó. La mujer debería encontrar los instrumentos de protección del Estado que le permitiesen llevar adelante el proceso de publicación de su denuncia. Cuando busca la protección del Estado, éste necesita saber qué debe hacer”, observa la socióloga Aparecida Moraes, del Instituto de Filosofía e Ciencias Sociales de la Universidad Federal do Río de Janeiro (IFCS/UFRJ). 

El caso mexicano

México también puede constituir un ejemplo a este respecto. Según el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2008-2009, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, la violencia de género “alcanzó su forma más cruel”: en el primer semestre de 2009, cuando fueron asesinadas 430 niñas y mujeres en 15 de las 32 unidades de la República. El informe critica que, no obstante la vigencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado mexicano todavía no cumple con sus obligaciones en materia del derecho a la salud de la población femenina, puesto que aún no ha conseguido consolidar un sistema que brinde la protección necesaria a las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas.

Los casos de femicidios de Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, al norte del país, constituyen el ejemplo más emblemático –desde 1993 hubo en este lugar un aumento de los homicidios de mujeres, con por lo menos 264 víctimas hasta 2001 y 379 hasta 2005. El informe cita que en los primeros cinco meses de 2009 fueron denunciados 14 desapariciones de jóvenes y 32 asesinatos de mujeres en la ciudad vecina a los Estados Unidos. La cifra igualaba el total de ejecuciones perpetradas en 2008.


En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no prevenir, investigar ni erradicar la violencia contra las mujeres en aquella ciudad. La resolución se basó en denuncia de la violación de los derechos humanos de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez e Claudia Ivette González, niñas y mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en la zona fronteriza. Los cadáveres de estas tres mujeres aparecieron junto a otros cinco, abandonados en un antiguo campo de algodón, por lo cual el caso recibió el nombre de Campo Algodonero.

Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de México, llevado a cabo en 2009, los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron al país a reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Al enfatizar en el tema de los femicidios, la comunidad internacional hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a continuar con las investigaciones y a castigar a los responsables conforme lo establece la ley. Italia, por ejemplo, recomendó a México ”esclarecer plenamente los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que se aplique la justicia a sus autores y cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no realizaron las investigaciones correspondientes, y que se adopten medidas efectivas para prevenir tales crímenes en esta población”.

A través de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), México respondió al EPU que el presupuesto destinado a la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres y la lucha frente a la violencia contra las mujeres en 2009 fue de aproximadamente $9.000.000.000 de pesos (unos US$ 695.732.838). También argumentó que el 1 de junio de 2009 fue publicado un decreto por medio del cual se ampliaron las competencias de la “Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez”, y así transformarla en una instancia nacional cuya tarea es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país.   

*Washington Castilhos (Brasil). Con Andrea Lacombe (Argentina), Christian Israel Rea Tizcareño (México), Franklin Gil Hernández (Colombia), Pilar Pezoa (Chile) y Rosa Cisneros (Perú).

Fuente: Revista Razones de Ser

Abortos no punibles (sin letras chicas)

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La Guía de Abortos no Punibles no hace más que efectivizar un derecho ya incorporado al Código Penal Argentino
  • María Elena Naddeo: Tenemos que superar los dogmas y los enfoques patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres porque las mujeres y las adolescentes pobres son quienes sufren las consecuencias directas del poder hegemónico vigente

La Guía de Abortos no Punibles no hace más que efectivizar un derecho ya incorporado al Código Penal Argentino. A pesar del revuelo armado por la confusión mediática que quiso asimilar la medida a una legalización del aborto, la normativa sigue vigente, aun sin el carácter de resolución ministerial que le daría más fuerza y sobre el que se reclama desde el movimiento de mujeres para evitar que sigan muriendo mujeres que se ven obligadas a abortar clandestinamente.

El Código Penal es de 1921. Hace 89 años que en la Argentina hay situaciones en las que el aborto es legal. Y sin embargo, hace –casi– un centenario que el Código Penal no se cumple. Los casos de aborto legal –-en el que una mujer es violada, una niña es discapacitada, corre peligro la salud o vida de la madre o el embarazo es inviable– no se cumplen por un cuento de la mala pipa en el que los médicos/as le piden a la Justicia que autorice el aborto y, mientras la gestación avanza, las mujeres sufren una doble victimización y, muchas veces, se llega a no cumplir con su derecho, a que sea demasiado tarde, o a la muerte de las mujeres.

Por eso, en la gestión de Ginés González García se implementó una Guía de Abortos no Punibles con el fin de normativizar esta ley y que las y los médicos ya no recurran a la Justicia sino que sepan qué hacer cuando llega una mujer que responde a los requisitos para acceder a un aborto no penado por la ley argentina. La posterior gestión de Graciela Ocaña (que ya se sacó una foto y está trabajando junto a Adrián Pérez, el escudero de Lilita Carrió en la Coalición Cívica) dejó en stand-by esta manera de ejecutar –ni siquiera avanzar, sino implementar– los derechos ya adquiridos por ley pero negados en la práctica y que dejan marcas indelebles sobre los cuerpos de las mujeres.

Con el objetivo de terminar con la confusión de la letra chica de la interpretación del artículo 86 del Código Penal y priorizar la atención a las mujeres, este año se presentó frente a organismos internacionales de Derechos Humanos una actualización de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, con el compromiso de que la misma tendría carácter de resolución ministerial. Sin embargo, una vez presentada la guía en nuestro país, el ministro de Salud, Luis Manzur, dio marcha atrás y no firmó la resolución quitándole fuerza a esa herramienta útil para no dilatar más las urgencias de mujeres con derechos escritos que también deben ser derechos reales. De todos modos, la guía está vigente y su interpretación amplia del artículo 86 incluye tomar en cuenta el riesgo para la salud de la mujer gestante (igual que en la guía 2007), reconocer el derecho de cualquier mujer violada –sin necesidad de denuncia policial sino mediante declaración jurada– a acceder a un aborto seguro y gratuito y la protección de las adolescentes para reclamar su derecho a abortar –siempre en caso de violación– sin autorización de padres o madres.

A pesar de las operaciones mediáticas para hacer pasar la guía por lo que no es (una legalización encubierta), el protocolo no cesó. Marta Alanís, Católica por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aclara: “La guía técnica de abortos no punibles sigue vigente en el Ministerio de Salud de la Nación a pesar de que no tenga el rango de resolución y es un instrumento que orienta desde argumentos legales y médicos a los servicios de salud de todo el país. Hay provincias que tienen una ley similar a este protocolo, otras que tienen resoluciones ministeriales para regular sin problemas el acceso de una mujer a un aborto cuando es legal según el artículo 86 del Código Penal. Luego, algunas provincias que no tienen resolución ni ley se guían por este protocolo y también hubo algunos avances en la atención sin necesidad de judicializar los casos y preservando la intimidad de la mujer o niña que lo solicita”.

Por otra parte, no es la primera vez que se protocolizan los abortos no punibles. Estas normas ya existen en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, para aclarar los tantos y que ninguna mujer quede afuera de un aborto seguro, legal y gratuito, justamente, ante abortos que –por leyes de principios del Siglo XX– deben ser legales, seguros y gratuitos.

Un reclamo de organismos internacionales

Por otra parte, esta actualización de la guía –llevada a cabo por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable– dice cuándo y cómo actuar cuando llega una mujer violada o con peligro sobre su vida o su salud a un hospital y viene a responder a pedidos internacionales que señalan que la Argentina tiene una deuda pendiente.

Entre el 8 y el 26 de marzo del 2010 sesionó (por 98ª vez), en Nueva York, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que examinó el informe argentino presentado sobre avances (en general) de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. El 23 de marzo el relevante organismo hizo las siguientes observaciones en su apartado número 13: “El comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. El Estado Parte (Argentina) debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”, retó Naciones Unidas.

Marta Alanís participó, en marzo pasado, de la reunión del Comité de Derechos Humanos y relata cómo la guía no salió de la nada sino de un pedido internacional para que la Argentina se aggiorne y cuide la vida de muchas mujeres. “El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al Estado argentino que realice políticas públicas para garantizar el aborto cuando es legal, criticó la visión restrictiva y absurda de reconocer solamente el caso de violación a personas con discapacidad mental (y no a todas las mujeres violadas) y recomendó avanzar con la despenalización. Como respuesta, la delegación oficial argentina defendió la guía técnica que ahora se presentó en Argentina.”

En este contexto, el lanzamiento de la guía para la implementación de abortos no punibles no hizo otra cosa que seguir las recomendaciones de Naciones Unidas.
La médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, resalta: “Argentina firmó el tratado de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), el de Derechos Humanos y el de Derechos Sociales y Económicos. Cada tratado tiene un comité de expertos que periódicamente revisan la situación de las naciones: el país hace un informe. Respecto de la muerte materna y de que la principal causa sean las complicaciones por aborto, el Comité de la Cedaw, en el 2004, hizo una recomendación al Gobierno de que debía asegurar a las mujeres el acceso al aborto no punible”.

Por eso, el Estado generó algunas modificaciones y las mostró como pasos adelante. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resalta: “En el reciente reporte al Comité Cedaw, el Estado Nacional indicó como uno de sus logros que `se elaboró y actualizó la guía de atención integral para casos de abortos no punibles, aprobada el 12 de julio del corriente año’”.

Por esta razón, la Campaña reclamará hoy, a las 12 horas, ante las autoridades del Ministerio de Salud, la firma de la resolución ministerial que avale y dé alcance nacional a la aplicación de la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.

La legisladora porteña María Elena Naddeo enmarca: “Las conferencias de población celebradas en El Cairo, en 1994, y en Beijing, en 1995, incorporan estos derechos como derechos humanos básicos y obligan a los Estados parte a adoptar e implementar políticas publicas destinadas a preservar la salud integral de las mujeres. Tenemos que superar los dogmas y los enfoques patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres porque las mujeres y las adolescentes pobres son quienes sufren las consecuencias directas del poder hegemónico vigente”.

Fuente: Suplemento Las 12. Página 12. Por Luciana Peker. Viernes, 30 de julio de 2010

CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO


LEGAL SEGURO Y GRATUITO 
 

Un tema de salud y derechos humanos

3000 mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia:



CUANDO LOS DERECHOS HUMANOS NO LLEGAN A LAS HUMANAS  




En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino insiste, está aquí fungiendo en nuestros escenarios cotidianos, porque las mujeres desacatan (y van seguir haciéndolo) la ley y el mandato de la iglesia católica que les impide abortar. En este contexto histórico la pelea es por el reconocimiento de un derecho personalísimo. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derechos, en otra coyuntura histórica se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. Las voces del pasado nos habilitan la pregunta: ¿cuándo será hora de que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos individuales?


Elegir como sujetas responsables y soberanas es un acto anterior al reconocimiento de ciudadanía. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar. Sí hay injusticias sociales. 

Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra mil millones de pesos anuales. Cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó -durante el año 2009- el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.


Cada año mueren en Argentina según estadísticas oficiales 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un sub-registro en el registro de la mortalidad por gestación (mortalidad materna). Por una obvia y recurrente razón, siempre son mujeres pobres y jóvenes. El aborto constituye la principal causa de muerte de mujeres gestantes [1].


Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino; esto quiere decir, que en casi treinta años de democracia ininterrumpida esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas, muertes evitables. Son mujeres a las que se les niega un derecho humano principalísimo: el derecho a existir, a ser y no sólo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la “justicia social” y a los llamados “planes de igualdad de oportunidades”.

El escándalo surgido a raíz de las irresponsables idas y venidas de parte del Ministro de Salud, Juan Manzur, acerca de la existencia o no de la firma que elevara a rango de Resolución Ministerial la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, volvió a instalar la urgente necesidad de discutir la despenalización y legalización del aborto, y no sólo quedarnos con la exigencia de la aplicación del Artículo 86 del Código Penal, código que cuenta con 89 años de existencia (pese a que muchas veces las causales allí contempladas se siguen judicializando innecesariamente). Numerosas encuestas se generaron desde distintos medios de prensa, nacionales y provinciales; en líneas generales se constatan allí los avances y las opiniones favorables por parte de importantes franjas de la sociedad en relación al reconocimiento de este derecho. Y estos resultados los leemos en sintonía con las batallas culturales que en estos tiempos que corren venimos ganando a los fundamentalismos y conservadurismos, como es la sanción de la ley de matrimonio igualitario.


La consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado interior ese porcentaje alcanza al 49, 9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales [2].


Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hemos presenciado con satisfacción en estos días la reglamentación de la Ley Nacional 26.485 para proteger, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley que también es el resultado del trabajo sostenido de grupos de mujeres y activistas que en y desde distintos espacios, construimos su posibilidad de existencia.



Pero debemos señalar que las declaraciones recientes del poder ejecutivo de la Nación, en la figura de la presidenta Cristina Fernández, sobre la negativa a legalizar el aborto, nos preocupan y alertan. En materia de política pública las definiciones personalísimas no pueden estar por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; es necesario que el gobierno escuche el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país; el reclamo que desde hace más de 5 años llevamos adelante desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, campaña que agrupa a 289 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos; escuchar a los 50 diputados y diputadas (muchas/os del FPV) que ya firmaron nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso de la Nación y que pretendemos sea debatido y aprobado en el año del bicentenario.

Es urgente resolver el grave problema de salud pública que significa la ilegalidad del aborto, que constituye una deuda interna enorme profundizando las desigualdades sociales; y también una forma de violencia contra las mujeres y sus derechos. La plena vigencia de los derechos humanos significa condenar a los genocidas de ayer, porque es parte de una lucha en la que estamos plenamente comprometidas, como garantizar el pleno derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nos resulta extremadamente paradójico que en este clima de debate social y definiciones políticas tan contundentes haya tanta pobreza argumentativa reducida o supeditada incluso a posiciones personales en relación a un tema tan importante como es el aborto legal [3].


No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.


Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.


El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.


Insistimos en una premisa que comprobamos ante cada nuevo relato de las mujeres que abortan: ninguna mujer aborta alegremente, leyes que despenalicen y legalicen el aborto no alientan su práctica.


Quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, partimos de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir porque pretendemos programas y políticas públicas que den respuestas al conjunto de situaciones que involucran derechos sexuales y derechos reproductivos.


Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más empobrecidas y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.


Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente. Es hora de que esté dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Es hora de ser el país en el que la presidenta, los gobernantes y legisladores/as y la democracia estén dispuestos a que los derechos humanos contemplen las necesidades particulares de las humanas.


Exigimos:


1. La sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.


2. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal.


3. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud.


4. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Argentina, Julio 26 de 2010


Contactos:
Claudia Anzorena (Mendoza): 0261-156616491 - claudia_anzorena@yahoo.com.ar
Cristina Ércoli (La Pampa): 02954-419536 - ercoli.cristina@yahoo.com.ar
Florencia López (Bs.As.): 011-1531962575 - mazalbaya@yahoo.com.ar
Marta Alanís (Cba.): 0351-155-649981 - marta.alanis@catolicas.com.ar
Ruth Zurbriggen (Neuquén): 0299-154282357 -
ruthlibertaria@speedy.com.ar

[1] Según datos del Ministerio de Salud en 2008, murieron 40 mujeres cada 100,000 nacidos vivos por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. En doble de lo que se registró en el mismo período en países como Chile y Uruguay que presentaron niveles de 19,8 x 100.000 NV y 15 x 100.000 NV, respectivamente. En el quinquenio que va de 2004 a 2008 la principal causa de muerte materna es de embarazos terminados en aborto (26,7%) (OSSyR, abril de 2010). Para mayor información consultar Hoja Informativa Nº1 del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, disponible en:
http://www.ossyr.org.ar/

[2] “La despenalización del aborto para los argentinos”, Ibarómetro, Informe de prensa, julio de 2010. Sitio:
http://www.ibarometro.com.ar/

[3] Inclusive en el informe de avance del Examen del
de cumplimiento de Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles de Argentina con arreglo del artículo 40 (UN, Nueva York, marzo de 2010) , si bien el comité acoge con satisfacción una serie de avances del país en materia de derechos humanos, en su artículo 13 dice “13. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. (Artículos 3 y 6 del Pacto)”, y por esta razón indica que “El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”. (Informe disponible en Biblioteca Legal de http://www.rimaweb.com.ar/).
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Fuente: ILEPOS. Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Sociales - Espacio de estudios, debates y acción socio-política y comunitaria. Trabajamos por una Ciudad y una Nación para todos y todas, con justicia e igualdad. Promovemos la perspectiva de género, herramienta para la transformación cultural de la sociedad.

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