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Se necesitan campañas de prevención, dijo la diputada María Elena Naddeo

2010-08-25T21:45:00.000-07:00

Explotación Sexual Comercial Infantil en Pompeya

En la reunión de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud que se realizó hoy

Reunión en Nueva Pompeya

"Hay que hacer cumplir la Ley 2443 que establece la necesidad de las campañas de prevención para erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", dijo la diputada María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) en la reunión de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud que se realizó hoy, en Nueva Pompeya a fin de abordar el problema de la explotación sexual comercial infantil que fue denunciada por los medios de comunicación semanas atrás.

La reunión de Comisión fue presidida por Diana Maffía (Coalición Cívica) y estuvieron también presentes el diputado Claudio Parrilli (Izquierda) y las diputadas del PRO Victoria Morales Gorleri y Carolina Stanley. Además numerosas organizaciones zonales, otras que trabajan específicamente la problemática de la explotación sexual, sindicatos, defensorías, fiscalías y áreas de gobierno. El lugar de encuentro fue el ENNEM Nº4, Homero Manzi.

"Pasan los años y no podemos entender que esté todo trabado, que no se acepte como prueba el testimonio de los operadores que trabajan con los chicos y chicas", comentó Naddeo, en respuesta a la exposición de la fiscalía de la zona que planteaba que sin el testimonio de los niños y niñas explotados, las causas no avanzan.

Por otra parte, Naddeo señaló "que los equipos que trabajan en Infancia cobran salarios bajísimos. Hay que jerarquizar el área y subir su presupuesto". Sobre esto hubo una intervención de ATE Niñez que denunció la crisis de las áreas de niñez de la ciudad y dio el ejemplo de la Unidad de Prevención y Atención Integral a Niños/as y Adolescentes en Situación de Explotación Sexual, que cuenta con 17 operadores, de los cuales solo 2 son de planta permanente, "el resto está en situación de precareidad porque cobran 1500 pesos de bolsillo y no tienen ART".

Al finalizar, la diputada reclamó además que el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes tenga un rol más dinámico y que las defensorías barriales recuperen su rol como eje de las políticas públicas de infancia.

Fuente: Gente BA

Eduardo Epszteyn: Un aguijón constante para el macrismo porteño

2010-08-25T19:08:00.000-07:00

El legislador de Diálogo por Buenos Aires denuncia la falta de control en la construcción y afirma que la causa por el mobiliario urbano es más grave que la de las escuchas.

¿Cómo evalúa la visita de Macri a la Legislatura?

Me parece que se perdió una oportunidad, era un día en el cual todos teníamos mucha expectativa en que viniera a sostener lo que dijo con pruebas y explicaciones. Y todo lo que hizo fue mantenerse contando la misma historia de siempre, sin contestar ninguna de las preguntas que le hicimos.

¿Le cree cuando dice que fue la embajada de Israel la que le recomendó al Fino Palacios para la Policía Metropolitana?

Cuando le pregunté quién se lo había recomendado, no me contestó. Le preguntaron lo mismo Claudio Presman, Raúl Fernández, Gabriela Cerruti, y tampoco quiso contestar. O está mintiendo o está ocultando algo.

¿En qué consiste su denuncia con respecto a la construcción de obras en Villa Urquiza?

En Villa Urquiza y en Villa Pueyrredón venimos denunciando desde hace mucho tiempo una gran cantidad de irregularidades vinculadas con los permisos de obra y lo que después las constructoras hacían. Desde permisos de demolición truchos con firmas falsificadas; distintas construcciones con un mismo número de expediente, en cabeza de una misma constructora; construcciones que estaban autorizadas a ser realizadas como oficinas y que después se comercializaron como vivienda y, así, se consigue que los ambientes sean más chicos o eludir normas de ventilación. Todos temas para mejorar el nivel de rentabilidad de las constructoras, que en general son bastante chicas y bastante malas. Hoy, sobre el boom inmobiliario, hay una caída en la calidad de la construcción.

¿Cuáles son los barrios más afectados?

Lo vemos claramente en Villa Pueyrredón, en Caballito, en Barracas. Hay poca tierra en Buenos Aires y se compran terrenos, como por ejemplo en donde sucedió el derrumbe en Villa Urquiza, en el que sobre un terreno de 8,66 x 50 estaban planteando hacer 10 pisos. El Código de Planeamiento se lo permite, pero los ambientes van a ser siempre muy pequeños.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno porteño en el derrumbe de Villa Urquiza?

Hubo un déficit en el control, porque había una denuncia de la UOCRA, que no denuncia cualquier cosa, denuncia falta de baños, de iluminación y falta de apuntalamiento entre medianeras. Lo hace durante el período de demolición, pero si hay una denuncia por falta de apuntalamiento entre medianeras, el problema no desaparece cuando termina la demolición, porque la medianera queda débil.

El macrismo adujo que en el momento en el que se produjo el derrumbe, legalmente, no se establece que tenga que haber control.

Existe la inspección de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el registro que hace la policía del trabajo y existen los verificadores técnicos. Hay un registro de estos técnicos matriculados que son llamados por sorteo a inspeccionar y se les asignan obras. La primera vez que van, cuando el director técnico de la obra solicita un examen, es porque va a construir lo que se llama la primera losa; es decir, en la etapa de perforación y de demolición prácticamente no hay inspección. Salvo que la AGC, al muestreo, vaya a ese lugar. Ahí creo que hay un déficit, por eso presenté un proyecto de ley para que la inspección sea desde el momento cero. En el caso del derrumbe de Villa Urquiza, el tema es más complicado, porque allí hubo una denuncia.

¿El control es insuficiente?

Lo que pasó en Villa Urquiza fue una tragedia, pero pone en evidencia que hay una falta absoluta de control y regulación en el área de la construcción en momentos en los cuales se está produciendo un boom de la actividad, un crecimiento de la especulación, una baja de calidad y se cometen todo el tiempo irregularidades que están consentidas por el gobierno porteño, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y las agencias de control. Cada vez que hay un conflicto entre un vecino y una constructora, el gobierno porteño lauda por la constructora, porque es un gobierno amigo de las empresas constructoras. No en vano Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri, está en la mesa chica de Macri y es un tipo de la industria de la construcción.

¿Hay política pública en relación con este tema?

Está librado al mercado y hay un permanente favorecer a las empresas constructoras sin importar que los barrios vayan perdiendo identidad. Palermo, por ejemplo, se ha transformado en un parque temático. Y también Villa Pueyrredón, que era un barrio tradicional de casas bajas, con pasajes, con una gran calidad ambiental, con árboles y jardines, un barrio atípico con manzanas irregulares. Aprovechando un bache legal, lo transformaron y ahora es como un serrucho, construyeron estructuras de hormigón de pésima calidad, con vista a los jardines de los vecinos, sin respetar los centros de manzana, algo que está prohibido en toda la Ciudad; pero como allí hay manzanas irregulares, no está definido el centro de manzana como tal.

¿Qué otros problemas puede generar la construcción indiscriminada?

Los sistemas de servicios públicos tampoco están preparados. El sistema cloacal en la Ciudad de Buenos Aires está absolutamente desbordado. Esto ocurre y no lo vemos, está colmada la capacidad de saneamiento y hace muchos años que no hay grandes inversiones. Por ejemplo, cuando se hunde el pavimento es porque se rompe una cloaca o un conducto de agua. Esta es la situación que hay abajo del suelo de la Ciudad. El imprevisto tarda muchos años en armarse, pero ocurre en un instante.

¿Qué irregularidades denunció respecto de las licitaciones del mobiliario urbano?

Hay fallos judiciales; yo fui denunciando y preguntándole a Macri y a Rodríguez Larreta, cada vez que venían al recinto, hasta dónde iban a llegar con eso. Lo primero, entregarle la publicidad en la vía pública a un amigo político de él, que es Orly Terranova, a quien presenta como candidato en Mendoza, es impresentable. No es cualquier licitación, le está dando la licitación de control de la publicidad que es lo que se usa en las campañas electorales. Lo segundo, el método. La denuncia de Spinazzola es gravísima: Publicidad Sarmiento, para ganar esa licitación, habría falsificado documentación pública; están procesados por esto. Mi pregunta es por qué no licitan de nuevo. El fallo de Cámara sobre el mobiliario urbano para mí es más grave que el fallo de las escuchas telefónicas.

¿Por qué?

La Cámara del Crimen de la Ciudad le cambia la carátula, le pone administración fraudulenta, le levanta el sobreseimiento a Macri y le cambia el juez, porque no confía en el accionar del juez de primera instrucción que le dio el sobreseimiento.

¿Cuanta plata entra a la Ciudad por el mobiliario urbano?

En este momento no lo sé, porque te niegan constantemente la información. Hace rato que quiero saber quién está hoy a cargo del mobiliario urbano, quién hace el mantenimiento de los refugios de los colectivos. Mandé un pedido de informes y no lo contestan.

Cuando fue secretario de Medio Ambiente de Ibarra hubo cuestionamientos acerca de las licitaciones de basura.

¿Cuál es su versión?

Se hizo todo en tiempo y forma. Lo único que sucedió fue que hubo un error material en la convocatoria a la primera audiencia que se subsanó inmediatamente. Se calcularon mal los días y se había llamado un día antes.

Con respecto a la Comisión Investigadora, ¿cómo evalúa

el accionar del PRO?

Lo del PRO es una estrategia de victimización desde el principio. Antes de integrar la Comisión, estuvieron amenazando con que se iban a retirar para intentar conseguir un miembro más. La oposición fue más que generosa en este tema, empezamos por tres y terminamos dándoles cinco representantes.

Fuente: Redacción Z. Por Karin Miller

DENUNCIAN FALTA DE INSUMOS Y PERSONAL RENTANDO EN SALUD MENTAL

2010-08-17T18:32:00.000-07:00

El área de Salud Mental de la Ciudad atraviesa una situación de falta de insumos y medicamentos destinados a la atención y tratamiento de los pacientes alojados en hospitales neuropsquiátricos y un porcentaje de los trabajadores del sector ejercen su labor ad honorem, según un informe elaborado en la Legislatura porteña sobre datos consignados en el primer semestre del 2010.

"La totalidad de las instituciones está disminuyendo su planta de trabajadores en todos los rubros: profesional, administrativo, técnico y maestranza, advierte el relevamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental, que preside la diputada María Elena Naddeo, y cuyos detalles serán difundidos mañana en una conferencia a las 16 en la Legislatura.

El informe indica que "las bajas que se producen por fallecimiento, renuncia o jubilación no se reponen, o se reponen en menor cantidad, y en este último caso la demora para sus nombramientos es muy grande.

Además, sostiene que "Salud Mental cubre las necesidades de servicio con una gran cantidad de personal que trabaja ad honorem bajo las figuras de concurrentes, becarios honorarios y pasantes, etc.

"Vaya como ejemplo el CSM 1, que funciona con 200 profesionales, de los cuales 85 son rentados y 115 no perciben remuneración alguna, precisa.

En cuanto a los insumos, el informe dice que "se producen cotidianamente faltantes de los medicamentos básicos.

Además, detalla el informe que las droga que son distribuidas en los centros del área "nunca son de primeras marcas, lo que algunas veces produce dificultades para con los pacientes por esta aparente diferencia entre los comprimidos de diferentes laboratorios.

Fuente: Agencia Télam

EPSZTEYN: “MACRI CONOCE ESTOS PROBLEMAS, TIENE EN LA MESA CHICA A NICOLÁS CAPUTTO”

2010-08-16T08:31:00.000-07:00

Invitado al programa Informe Reservado TV, Eduardo Epszteyn, diputado porteño por Diálogo por Buenos Aires, aseguró que “lo que hay debajo, es un Estado que está débil y hay que fortalecerlo. Los que están en el problema, la Uocra, los verificadores técnicos, los vecinos están reclamando soluciones, el gobierno no se hace cargo”. “Macri no sé por que se enoja tanto, tendría que tranquilizarse un poco y tomar el toro por las astas. Este tema los conoce y bien, porque aparte los vecinos estuvieron reunidos con él. Hace más de 7 meses plantearon todas estas irregularidades, hubo una reunión con el diputado Álvaro González, Patricio Di Stefano del macrismo, porque había un lío entre ellos. Estaba Burlot en la agencia de control comunal, que clausuraba y después iban otras y facilitaban la reapertura.

El ingeniero Macri sabe muy bien cual es el problema, lo sabe porque donde hay una gran irregularidad en el edificio donde se va a mudar él ahora para casarse. En la calle Ramón Castilla hay un edificio que además es área protegida, el 4to piso que es de su primo Calcaterra, como él se lo deja a Macri decidió construirse un departamento nuevo en el mismo edificio en el ultimo piso. Nosotros pedimos informes, preguntamos cuál es el permiso, usted lo ve y están haciendo la obra todos los días, preguntamos quién dio el permiso de obra, es un edificio en un área protegida, no se puede hacer una obra donde quiere, cuando quiere”, declaró. VER VIDEO: www.informereservado.tv

Según dijo, “Teresa Anchorena cuando era diputada pidió informes, la Fundación Ciudad también, y le contestaron que no encontraban los expedientes porque se habían humedecido en el tercer subsuelo de la Dirección general y no era legible”. “A mi me contestaron ahora que no hay ninguna intervención por parte de la Dirección General en cuanto al permiso de obra para construir el ultimo piso. Si ni siquiera le dan permiso de obra a la casa del Jefe de Gobierno, además se construyeron un giro a la izquierda por avenida del Libertador para que gire él cuando se hace contramano. Es todo escandaloso el manejo de las obra. Él dice que lo que yo digo es un disparate, yo me ocupe de mandar todas las irregularidades a los medios, hay una causa judicial en este sentido. Hay un gran desmanejo en medio del boom de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, hay un crecimiento muy grande pero hay en general una baja en el nivel de calidad de la construcción”, exclamó Epszteyn.

“Esto que se cayó en la calle Mendoza, estaban construyendo 10 pisos, en un terreno de una casa tradicional en un centro de manzana, ahí construyen mono ambientes y la trampita que hacen después es que van a la Dirección de Obras y piden permiso de obra para construir oficinas, porque permiten construir ambientes mas chicos, eludir ciertas normas de ventilación. Después comercializan viviendas, quien controla esto?. Nadie. Estas son las trampas que hacen, el tipo que sabe y maneja técnicamente las trampitas que puede tener por interpretación el código de planeamiento urbano, ese puede agregarse 15, 20 por ciento de valor en términos de capacidad de construcción en cualquier terreno de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó el diputado porteño.

Por último, dijo: “Macri conoce estos problemas, porque a parte tiene en la mesa chica a Nicolás Caputto. Entonces el Gobierno cuando tiene dudas va a favor de la empresa constructora, en contra de los vecinos”. “Balcanizan la administración, detrás de esto hay dinero, y mucho, por un lado está el que da permiso, por otro el que controla, por otro la policía del trabajo. Se produce un desastre y tiene que salir Macri, sobre actuar incluso, pero lo concreto, lo que hay debajo, es un Estado que está débil y hay que fortalecerlo. Los que están en el problema, la Uocra, los verificadores técnicos, los vecinos están reclamando soluciones, el gobierno no se hace cargo, concluyó el diputado de Diálogo por Buenos Aires.

VER VIDEO: www.informereservado.tv

VER PROYECTO: Expediente 1064-2010 del diputado Eduardo Epszteyn

Fuente: Informe Reservado

Denuncian retroceso en las prestaciones de salud mental

2010-08-14T09:16:00.000-07:00

Presentarán en la Legislatura porteña el Primer Informe 2010 sobre Salud Mental en la Ciudad el Miércoles 18 a las 16 horas en el Salón Perón de la Legislatura

Entre los años 2006 y 2009, la cantidad de prestaciones de psicoterapias, psicoprofilaxis, terapia ocupacional y musicoterapia, bajaron ostensiblemente con porcentajes que oscilan entre el 10,57 % (psicoterapia familiar) y el 54.93 por ciento (dispositivos en atención grupal). La suma en todos los rubros arroja una diferencia de 127,498 prestaciones menos entre ambos ejercicios. Estos son algunos de los datos se desprenden del Informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental del primer semestre de 2010, que preside la diputada María Elena Naddeo, que se presentará este miércoles a las 16, en el Salón Perón, de la Legislatura porteña (Perú 160).

Además de la evolución de las prestaciones en el área de salud mental, el informe contempla otros aspectos como la aplicación de los criterios y dispositivos de la Ley Nº 448 de Salud Mental, cuestiones institucionales, recursos humanos, insumos y obras.

“Hay un modelo de gestión muy autoritario y pasan cosas graves en salud mental. Es un modelo antagónico al propuesto por la Ley 448 de Salud Mental. Dos veces citamos al doctor Gregorio Alcaín, ex director general adjunto de Salud Mental porteño y nunca concurrió. Notamos muchos conflictos entre la orientación del gobierno de Mauricio Macri y los trabajadores", dijo Naddeo, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la mencionada ley.

La Ley de Salud Mental, Nº 448, fue promulgada en 2000 y reglamentada en 2004 y su objeto es “garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas”. La Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley Nº 448 de Salud Mental tiene la misión de monitorear y evaluar el desarrollo y puesta en práctica de las políticas públicas en salud mental, en el contexto de la aplicación de la Ley Nº 448.

El informe quiere dar cuenta de la tarea realizada hasta el momento por la Comisión especial a fin de alertar y advertir con tiempo suficiente, acerca de los acuciantes problemas detectados y el retroceso en materia de las facultades y competencias del área de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires.

"El repudio generalizo a la gestión de Salud Mental concluyó con la separación del director adjunto y la designación de Juan Garralda -director del Borda- como nuevo director general de Salud Mental", finalizó Naddeo.

Fuente: Parlamentario.com

Al PRO se le vino la noche en la Legislatura

2010-08-14T08:40:00.000-07:00

EL MACRISMO PERDIÓ OCHO VOTACIONES A MANOS DE LA OPOSICION, QUE DECIDIÓ ARCHIVAR EL AUTOJUICIO POLÍTICO DE MACRI

El autojuicio es historia. Pasada la medianoche del jueves, la oposición porteña votó el archivo del proceso que Mauricio Macri buscaba impulsar para absolverse. También completaron la votación de la comisión investigadora, donde el PRO tendrá cinco de los 17 integrantes.

Los macristas (que exigían siete miembros) intentaron un cuarto intermedio de 72 horas para negociar, pero no lo consiguieron. A coro, denunciaron que la comisión investigadora especial que investigará las responsabilidades por la creación de la Policía Metropolitana y la causa de escuchas ilegales implica un “golpe de Estado”. La sesión terminó con ocho votaciones perdidas por el macrismo, que sólo pudo festejar que no se aprobara una recomendación de que el jefe de Gobierno se tome licencia.

Ya se había votado por 36 a 24 la invitación para que Macri concurra a la Legislatura el 24 de agosto, la creación de la comisión investigadora y sus dos primeros artículos. En el tercero, que era el que definía la integración, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, pidió un cuarto intermedio de diez minutos para hablar con los otros titulares de bancada. Antes, los legisladores macristas se habían agolpado para anotarse como oradores y extender la sesión.

Así, intentaban ahorrarse un titular negativo en los diarios. El cuarto intermedio, al filo de la medianoche, duró unos veinte minutos. Allí quedó claro que, a diferencia de otras veces, el joven peronista de Mataderos no pudo llegar a un acuerdo con un sector de la oposición para sacar a su líder de apuros.

Cuando volvieron al recinto, Ritondo ofreció crear una comisión de 20 integrantes con proporcionalidad y el titular del bloque peronista Diego Kravetz le informó que la oposición no aceptaba. El legislador de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya recordó que el macrismo no respeta esa proporcionalidad en las comisiones de Sbase y AUSA y el titular del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, aclaró que en la segunda tenían un 60 por ciento cuando les corresponde un 43. En ese momento, el vicepresidente primero, Oscar Moscariello, quien debía moderar la sesión, perdió todo recato: “¡Le están errando al vizcachazo!”, le gritó a Abrevaya en medio de una argumentación sobre la repartija de comisiones.

“¡¡Callate la boca!!”, le gritaba mientras tanto Ritondo a Basteiro, que protestaba. “¡Que le den al PRO lo que le corresponde! ¡Este oportunismo no es el de la Elisa Carrió que yo conozco!”, se sulfuró Helio Rebot. Los macristas se anotaron una y otra vez para repetir sus argumentos y hacer tiempo. El premio a la verborragia se lo llevó Martín Ocampo, que habló dos veces en el tratamiento de cada artículo y pidió una decena de interrupciones durante la sesión. La tensión era tan grande que incluso hubo varios cruces entre Moscariello y los legisladores del PRO: Ritondo le decía permanentemente lo que tenía que hacer y, cuando no les gustaba una decisión, gritaban a coro: “Eeeeeeeehh”.

Finalmente, Ritondo afirmó que “quieren provocar un golpe de Estado para llegar al poder que la ciudadanía les negó”. A renglón seguido, pidió un cuarto intermedio de 72 horas para seguir rosqueando. Necesitaba dos tercios para su aprobación y perdió por 24 a 36. Les votó en contra, incluso, el peronista Daniel Amoroso, quien rompió hace un tiempo con el macrismo y creó un espacio de Francisco de Narváez.

–¡Gracias, Amoroso! ¡Vendido! –le gritaron desde la tribuna PRO.
“Tenemos que tratar todavía un pedido de informes por el derrumbe de Villa Urquiza, donde hubo tres muertos. ¡Les están faltando el respeto haciendo tiempo!”, cuestionó la legisladora kirchnerista Gabriela Alegre la estrategia del PRO. No pareció importarles. Siguieron pidiendo hablar unas dos veces cada uno. En un ataque de extrema izquierda, el macrista Martín Borrelli sacó a relucir un documento de la Defensoría del Pueblo porteña sobre la violencia policial. “Dicen que les preocupan los derechos humanos y no vi que crearan una comisión investigadora por esto”, dijo.

“Aquí se mentaron los comandos civiles, los fusilamientos de José León Suárez, las desapariciones: apelaron a la izquierda y al peronismo a ver si podían quebrar el consenso opositor. Algunos de ustedes estuvieron detrás de los faldones de Ruckauf, que fue quien firmó los decretos de aniquilamiento. Vamos a sostener la democracia y no los principios que mentan y que los sostienen tan alto que parece que se quisieran esconder detrás”, los rebatió Martín Hourest, de Igualdad Social. A la 0.38, se votó el artículo que definía la integración de la comisión investigadora y el macrismo volvió a perder, esta vez por 36 a 23, dado que el legislador Avelino Tamargo se había ido porque tenía un viaje. Mientras tanto, los asesores del PRO bostezaban.

Luego se sucedieron discusiones sobre la redacción de los artículos (por ejemplo, si decía: informe o informes), mientras Ocampo gritaba cada tanto: “Nos quieren echar de la Legislatura. ¿Por qué no votan un artículo para que los legisladores del PRO no podamos hablar más?”. “Van a estar solos”, les insistía Ritondo con la amenaza de que no integrarán la comisión, ni asistirá a ella ningún funcionario porteño.

Las votaciones se sucedieron con el consabido 36 a 23. Pocas veces, desde 2003, el macrismo había retrocedido tanto en la Legislatura. Se notaba en las caras de sus legisladores, sobre todo de los más experimentados. “Podrían redactar ese artículo: ‘La comisión lijadora emitirá un dictamen definitivo cuyo resultado será el juicio político abreviado para destituir a Macri y poner en su lugar a un legislador de la oposición’”, los chicaneaba Ritondo, con una sonrisa irónica a la 0.53. “Si es un legislador de la oposición, será porque renunció Gabriela Michetti”, lo chanceó Diana Maffía, a quien silbaron sin piedad. Muy serio, Ritondo contestó: “Se está tramando un golpe de Estado. Esto lo confirma. Maffía se pintó la cara de betún.”

El juicio político que se autoimpulsó Macri naufragó a la una de la mañana, por 32 votos contra 18. Por orden de Ocampo, no votaron los macristas que forman parte de la Sala Juzgadora. “Vicky, ojo vos con votar”, le aclaraba Fernando de Andreis a Victoria Morales Gorleri. “Sí, la puta que lo parió. ¡Soy diputada!”, se quejaba ella de que le daban instrucciones como a una niña. Hubo tres abstenciones: de Raúl Fernández, Gonzalo Ruanova y Marcelo Parrilli, que había impulsado su propio proyecto de juicio político. “Creen que votar es emitir opinión y no lo es ir por todos los medios asegurando que Macri es inocente y esto es una operación de Kirchner”, les planteó Aníbal Ibarra.

Los macristas quisieron argumentar que el juicio debía comenzar automáticamente y sin votaciones, pero volvieron a perder esa discusión por 32 a 18. El autojuicio se archivó. La macrista Carmen Polledo ya cabeceaba a la 1.21. Por último, y para que no se fueran sin premio consuelo, los macristas ganaron una votación: fue la de recomendarle a Macri que se tome licencia (la impulsaba una parte de la oposición). El proyecto fue archivado por 33 a 21 y se abstuvo el bloque peronista. “¡Una, logramos una!”, festejaba una de las legisladoras del PRO a la 1.44. El resto de los macristas aplaudía. No se sabe aún qué cosa.

Fuente: Página 12. Por Werner Pertot

JOSEF KOUDELKA FUE DECLARADO HUÉSPED DE HONOR POR LA LEGISLATURA

2010-08-06T08:50:00.000-07:00

Por iniciativa del legislador porteño Raúl Puy, el fotógrafo checo, Josef Koudelka, fue declarado Huésped de Honor por la Legislatura de la Ciudad.

Josef Koudelka fue declarado Huésped de Honor por la Legislatura este jueves en la fundación OSDE. Koudelka se encuentra presentando su exposición Invasión Praga 68.

El fotógrafo ha recibido prestigiosos galardones en reconocimiento a su labor, como el Premio Cartier-Bresson, la Medalla de la Royal Photographic Society o el Premio de la Hasselblad Foundation Photography y ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura Francés.

Sus obras fueron exhibidas en el Museo de Arte Moderno (MOMA) y el Centro Internacional de la Fotografía de Nueva Cork, la Galería Hayward de Londres, el Stedelijk Museum of Modern Art, de Ámsterdam y el Palais de Tokio, en París, entre otros.

La exposición "Invasión Praga 68" llega a Buenos Aires con motivo de los XVI Encuentros Abiertos - Festival de la Luz, una de las reuniones de fotografía más importantes de América Latina, que se celebra de manera bienal en nuestro país. La muestra es una coproducción entre Magnun Photos y Aperture, una organización sin fines de lucro dedicada a la fotografía y a las artes visuales. Se inauguró, con la presencia de Koudelka, este miércoles en el Centro Cultural Borges.

Ver Proyecto del Diputado Puy [Expediente: 1544/10]

Fuente: Ciudad 1

"No hay errores, hay atropellos contra los Derechos Humanos de las Mujeres"

2010-08-03T08:07:00.000-07:00

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reclamó este lunes al mediodía ante las autoridades del Ministerio de Salud la firma de la Resolución Ministerial que avale y dé alcance nacional a la aplicación de la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.

Se realizó frente al Ministerio de Salud una actividad para reclamar la firma de la Resolución Ministerial que avale y dé alcance nacional a la aplicación de la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.

Fuente: ANRed Fotos: ANRed

VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN AMÉRICA LATINA

2010-08-02T12:36:00.000-07:00

Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos

Los altos índices de violencia contra las mujeres en toda América Latina evidencian un grave problema: la naturalización de los papeles de hombres y mujeres, que hace que ciertos actos de violencia contra las mujeres sean legitimados culturalmente por la sociedad donde ocurren.

La historia de la brasileña Eliza Samudio –cuyo cuerpo fue destrozado y mordido por perros después de ser asesinada, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía– por exigir el reconocimiento legal del hijo que según ella había tenido con un jugador de fútbol, puede ser situada dentro del mismo conjunto de asesinatos de mujeres del cual también hace parte la historia de Silene –mujer que murió asfixiada por su marido y fue sepultada en su propia sala en Colombia– y de otros tantos casos de muertes violentas de mujeres en el subcontinente latinoamericano.

Con frecuencia estos actos entran en el terreno del “crimen pasional”, debido a que, en su gran mayoría, fueron cometidos por hombres cercanos a las víctimas (novios, esposos o ex-compañeros), ligados, muchas veces, a la vieja idea de la defensa del honor masculino, que tradicionalmente ha sido utilizada como atenuante en muchos de esos crímenes. Los altos índices de violencia contra las mujeres en los diversos países que componen América Latina evidencian un grave problema: la naturalización de los papeles de hombres y mujeres, que hace que ciertos actos contra ellas sean disculpados por la sociedad.

En Brasil, de acuerdo con las informaciones obtenidas por el Instituto Zangari, con base en la base de datos del Sistema Único de Salud brasileño (DATASIS), entre 1997 y 2007, 41.532 mujeres fueron víctimas de homicidio, lo que arroja índice de 4,2 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes.

Las cifras en el estudio del Instituto Zangari no detallan las motivaciones. De modo general, hay una tendencia a que los asesinatos de mujeres se den en un contexto de violencia, sobre todo en el momento de la separación. No hay duda de que el machismo esté presente como uno de los elementos propulsores de crímenes como el cometido contra Eliza, e incluso de crímenes pasionales como el de la abogada de São Paulo Mércia Nakashima, cuya muerte fue motivada por los celos que sintió su ex novio luego de que ella decidiera terminar el romance.

“Aunque el machismo está presente en nuestra cultura, la mayor parte de los hombres no agrede ni mata a sus compañeras. El machismo no puede ser, por lo tanto, la única explicación. Con mucho, los valores machistas son utilizados como argumento para justificar la violencia practicada por ciertos hombres en un contexto de múltiples causalidades. Existen algunos estudios en los Estados Unidos que muestran que no existe relación entre el tener concepciones machistas, o ser económicamente dominante en la pareja, y agredir a la mujer.

El problema es que cuando una mujer es agredida o asesinada, parece que cualquier otra causalidad pierde el sentido y todo se resume a una dimensión de género. Esa dimensión es importante, es fundamental, pero es una entre otras. De no ser así estaríamos en un mundo bidimensional, que no corresponde a la complejidad y a las dinámicas de la experiencia humana. La violencia tiene muchas causas, de naturaleza individual, relacional, familiar, comunitaria, social, cultural, etcétera, y se hallan vinculadas entre sí. El asesinato, la violencia y la crueldad implican en realidad muchas variables”, señala la socióloga Bárbara Soares, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cândido Mendes (CESeC/UCAM) y ex-Subsecretaria de Seguridad de la Mujer de la Gobernación del Estado de Rio de Janeiro.

Enemigo íntimo

En Colombia 6 mil 603 mujeres fueron asesinadas entre 2004 y 2008, según datos divulgados esta semana por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 30.8 por ciento de ellas fallecieron dentro de su propia casa y en el 71.6 por ciento de los casos el agresor era un integrante de la familia, marido o ex marido. El índice más alto de homicidios de mujeres fue registrado en 2005, cuando 1424 mujeres perdieron la vida de manera violenta en el país. En el mismo periodo, el estudio indica que 206 mil 735 mujeres, en su mayoría con edades entre los 20 y los 34 años (62 por ciento), fueron víctimas de algún acto violento por parte de su compañero sentimental. De los casos de crímenes contra la población femenina, 60.7 por ciento fueron cometidos con arma de fuego.

“Debemos tener en cuenta que el crimen pasional como justificación de un acto violento es predominantemente masculino, una mujer no puede hacer uso de él. En la legislación colombiana existe todavía algo parecido a la antigua figura de la ‘ira e intenso dolor’, que se usa como atenuante y alude a una emoción disculpable. En la práctica, los jueces lo aplican a los hombres, para atenuar la culpa. El crimen pasional está relacionado con la cuestión de la defensa de la honra, del lado masculino, mientras que en las mujeres tiene como valor equiparable a la virtud. La honra es masculina, por eso el crimen pasional, justificándose en la idea de la reivindicación de la honra, legitima desde el inicio el acto violento de los hombres contra las mujeres”, dice Elizabeth Castillo, Coordinadora del Programa de Género y Salud Sexual de Profamilia, ONG colombiana que trata de temas ligados a la salud sexual y reproductiva.

En otras palabras, cuando una mujer comete un crimen pasional al matar a su marido, por ejemplo, ella está subvirtiendo una norma de género según la cual la mujer debe ser madre y esposa cariñosa y dedicada, y cuidar de su esposo y de su familia. “Así, en la violencia sexual, es recurrente la cuestión de la obligación de las esposas de ‘atender a los maridos’, de estar siempre sexualmente disponible para ellos. Ese prejuicio se refleja en el momento de las denuncias o cuando ella va a un centro de salud: se da por sentado que todas las relaciones sexuales son consentidas, más cuando se trata de un matrimonio”, complementa la especialista colombiana.

En Colombia, los datos más relevantes sobre el tema fueron obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2005), según la cual 66 por ciento de las mujeres respondió de forma afirmativa cuando se le preguntó si sus esposos o compañeros ejercen control sobre ellas.

Las situaciones de control más frecuentemente descritas por ellas fueron: el esposo insiste en saber dónde está ella en todo momento (37 por ciento), el esposo la ignora (36 por ciento), el esposo le impide el contacto con las amistades (26 por ciento), y el esposo las acusa de infidelidad (26 por ciento).

Un tercio de las mujeres que estuvieron unidas alguna vez (33 por ciento) aseguró haber sido sujeto de amenazas por parte de su compañero y 39 por ciento de ellas reportó haber sufrido agresiones físicas por parte de él. Los tipos de violencia reportados fueron: empujones o sacudidas (33 por ciento), golpes con la mano (29 por ciento), arrastradas (13 por ciento), violadas (12 por ciento), golpeadas con un objeto duro (9 por ciento), amenazadas con armas (4 por ciento) y mordidas (3 por ciento). Solamente una quinta parte (21 por ciento) de las mujeres que fueron objeto de agresiones físicas acudió a un médico o a un centro de salud, mientras que 76 por ciento de las mujeres maltratadas físicamente no buscó institución alguna para interponer una denuncia del delito.

En Argentina, el caso más impactante en tiempos recientes fue el de Natalia Gaitán, joven asesinada por el padrastro de su novia (véase la nota publicada por el CLAM) porque éste no aceptaba la homosexualidad de la hijastra. Otro caso fue el de Marianela Rago Zapata, estudiante de periodismo de 19 años que fue encontrada muerta por su hermano el 28 de junio en el apartamento que compartían en el barrio porteño de Balvanera. Había sido degollada, la cerradura de la puerta no había sido forzada y en el lugar se encontró el bolso de Marianela, su computadora portátil, dos teléfonos celulares, un reproductor de DVD y el cuchillo que había sido usado para matarla.

La policía descartó rápidamente la hipótesis de latrocinio (hurto seguido de la muerte de la víctima). Las sospechas del asesinato acabaron recayendo sobre el ex novio, quien, según amigos de Marianela, en los últimos tiempos la seguía obstinadamente porque deseaba que ella volviese a él, aunque ella se negaba a hacerlo. De acuerdo con la información policial los médicos encontraron marcas en el cuerpo del joven a la altura de los bíceps, similares a las que se producen cuando una víctima intenta defenderse. Encontraron también en su billetera el recibo de pago de consumos del local comercial y de la misma fecha donde Marianela fue vista con vida por última vez. El sospechoso asegura que es inocente.

En este país, acaba de entrar en plena vigencia la ley 26.485 contra la violencia de género, que representa una avance cualitativo respecto a la legislación anterior. Esta norma reconoce otras violencias como la mediática, la laboral y la que atenta contra la libertad reproductiva, que tienen lugar en otros escenarios distintos al doméstico como los medios de comunicación, el ámbito laboral, el obstétrico y el institucional.

El decreto reglamentario firmado el 19 de Julio por la presidenta Cristina Fernández expresa claramente las modalidades de sanción: Los profesionales de la salud que no brinden el asesoramiento necesario para que una mujer pueda elegir si desea o no tener hijos y decidir el intervalo de los nacimientos, incurrirán en la figura de “violencia contra la libertad reproductiva”, así como aquéllos que se resistan a proveer algún método anticonceptivo por sus convicciones religiosas o se nieguen a realizar un aborto no punible. Los medios de comunicación que difundan mensajes o imágenes que tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina, estimulen la explotación sexual de las mujeres, o contengan prácticas discriminatorias a través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios, serán pasibles de sanciones por incurrir en situaciones de “violencia mediática”.

A partir de ahora, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) tiene la responsabilidad de elaborar un Plan Nacional de Acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y elaborar una guía de servicios de atención de mujeres víctimas de violencia de todo el país, que tendrá que ser permanentemente actualizada.

En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre el asesinato de mujeres. Según el informe sobre femicidio lanzado por la organización La Casa del Encuentro, el femicidio es un concepto creado por el movimiento feminista con el propósito de dar cuenta de la especificidad de los asesinatos de mujeres y niñas por violencia sexista, para desnaturalizar y desmitificar el concepto de “crímenes pasionales” y situarlos como una problemática política y de Derechos Humanos. Los femicidios son siempre consecuencia de la violencia machista y se benefician de la legitimación social y cultural de la violencia contra las mujeres.

“Ser asesinada por tener un amante, por negarse a dar servicios sexuales, por ser lesbiana, por defender a otra mujer de la violencia y por hacer cualquier cosa que atente contra la honra masculina, que avergüence al varón, que lo rebaje en su masculinidad estructural, es ser asesinada por el mismo flagelo, que se puede presentar de diferentes maneras: el mandato patriarcal del molde del Ser Mujer. Es un crimen machista: femicidio. Genocidio cuando la gran mayoría de las mujeres que mueren en crímenes violentos son asesinadas por razones como ésas”, explica la feminista chilena Victoria Morales Aldunate.

Según informaciones de la Casa del Encuentro, en la primera mitad de 2010 fueron asesinadas en el país 40 por ciento más de mujeres que lo registrado para el mismo periodo del año 2009. En 2008, se registraron en Argentina 208 crímenes de esta naturaleza y 231 en 2009. De estos, 24 casos reportaron denuncias por violencia.

Según datos del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía de la Nación del Perú, durante el año 2009 ocurrieron 135 casos de femicidio en el país, 86.7 por ciento de los casos fueron femicidio íntimo, es decir, el homicida tenía un vínculo próximo o relación conyugal con la víctima. Aparte de lo anterior, 56.3 por ciento de estos crímenes fueron perpetrados dentro de la casa de la víctima, lo que va en contra de la difundida idea de que el hogar constituye el lugar más seguro para las mujeres.

En relación con la motivación del crimen, en 48.4 por ciento de los asesinatos fueron los celos, y en 19.4 por ciento de los casos el asesino cometió el femicidio porque la víctima se negaba a continuar con la relación de pareja. Tales crímenes obedecen a un afán del homicida de controlar la vida y las decisiones de la víctima, producto del asimétrico ejercicio de poder entre hombres y mujeres.

La efectividad de las legislaciones existentes

En Chile no existen estudios nacionales destinados a conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Los estudios realizados por el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) en la región metropolitana, Araucanía, Coquimbo y Antofagasta, visibilizan que una de las expresiones más habituales de la violencia contra las mujeres es la que ejercen sus compañeros, cónyuges, novios actuales o anteriores, alcanzando una prevalencia que varía entre 50.3 por ciento en la región metropolitana y 42.8 por ciento en Antofagasta.

En el país, son más de 500 casos de femicidio entre 2007 y 2009, de acuerdo con los datos de la prensa. Aunque el estado chileno ha ratificado la Convención de Belém do Pará, existen limitaciones en su aplicación que están relacionadas con la falta de adecuación de la legislación vigente en lo que atañe a la violencia contra la mujer, toda vez que la ley 20.066 solamente se refiere a la violencia intrafamiliar en el periodo de enamoramiento o de noviazgo, violación por un extraño, abuso sexual en la infancia y violencia institucional.

“La falta de reconocimiento en la práctica de que toda violencia contra la mujer es expresión de la desigualdad y de la discriminación que sufren las mujeres como un todo, que impide o dificulta gravemente el ejercicio pleno de sus derechos. Es un obstáculo para el diseño de políticas conforme a sus necesidades, para el reconocimiento pleno de derechos de las mujeres y para la potencialización de la igualdad entre los sexos”, afirma la especialista María Eugenia Calvin, responsable por el estudio multicéntrico regional “Violencia contra las Mujeres y Feminización del VIH/sida en el MERCOSUR” de la Fundación EPES (Educación Popular en Salud).

En Perú hace 16 años entró en vigencia la Ley 26.260 de Protección Frente a la Violencia Familiar y en 1996 el país ratificó la Convención de Belém do Pará. “Si bien socialmente la violencia contra la mujer en el ámbito familiar es rechazada cada vez más, aún no se ha avanzado en términos de justicia, reparación, ni otorgamiento de medidas de protección para las mujeres, objetivo de la legislación especial”, asegura la abogada feminista Jeanette Llaja, directora del DEMUS (Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer).

Llaja llevó a cabo este análisis en un estudio sobre la situación en Perú, parte de una investigación mayor sobre violencia contra las mujeres en Chile, Perú, Bolivia y Guatemala, promovido por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La investigadora recuerda que 12.8 por ciento de las mujeres asesinadas habían presentado una denuncia por violencia familiar contra su victimario. Adicionalmente, sólo la mitad de las demandantes obtuvo medidas de protección, que tampoco fueron efectivas para salvarles la vida.

Con respecto a la efectividad de la Ley de Protección, Brasil parece estar enfrentando un problema muy similar. La aprobación de la Lei Maria da Penha (11.340/06)[H7] , en el año 2006, fue celebrada por las organizaciones feministas por incentivar a las mujeres a denunciar crímenes de violencia doméstica, exponer el problema de la violencia conyugal a la mirada pública, ayudar a resquebrajar la lógica de la naturalización de la violencia en las relaciones íntimas y comprometer a toda la sociedad en la resolución del problema, además de garantizar medidas de protección para las mujeres y penas más duras y con mayor agilidad contra los agresores.

En tanto, surgieron divergencias acerca de su constitucionalidad. Quienes defienden la inconstitucionalidad de la ley –que son una minoría– afirman que la ley viola el principio de la isonomía en la medida en que establece una desigualdad basada solamente en el sexo. La mujer víctima sería beneficiada por mejores mecanismos de protección y de punición contra el agresor. El hombre en tanto no dispondría de tales instrumentos cundo fuese él la víctima de la violencia doméstica o familiar. Hay incluso una acción en el Supremo Tribunal Federal (STF) pidiendo la constitucionalidad de la ley.

Debido a ello la Ley está sujeta a interpretaciones, muchas veces equivocadas, de magistrados y operadores del Derecho. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Eliza: en octubre de 2009, con cinco meses de embarazo, ella interpuso una queja afirmando haber sido obligada por el jugador a ingerir sustancias abortivas. El 3º Juzgado de Violencia Doméstica de Rio de Janeiro respondió negativamente a la solicitud de protección, por considerar que la joven no mantenía relaciones afectivas con el arquero.

La jueza explicó en su decisión que Eliza no podría beneficiarse de las medidas de protección ni “intentar castigar al agresor”, bajo pena de banalizar la Ley Maria da Penha. La magistrada pensaba que la finalidad de la legislación era proteger a la familia, si se tratase de una unión estable o de matrimonio y no de una relación de carácter puramente sexual o pasajero. El incumplimiento de la Ley y la negativa de protección a Eliza resultaron en su muerte.

“La política pública está reclasificando lo que es violencia. Actualmente las mujeres están aprendiendo a denunciar. Pero cuando ella denuncia queda expuesta, pues la política pública no se consolidó. La mujer debería encontrar los instrumentos de protección del Estado que le permitiesen llevar adelante el proceso de publicación de su denuncia. Cuando busca la protección del Estado, éste necesita saber qué debe hacer”, observa la socióloga Aparecida Moraes, del Instituto de Filosofía e Ciencias Sociales de la Universidad Federal do Río de Janeiro (IFCS/UFRJ).

El caso mexicano

México también puede constituir un ejemplo a este respecto. Según el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2008-2009, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, la violencia de género “alcanzó su forma más cruel”: en el primer semestre de 2009, cuando fueron asesinadas 430 niñas y mujeres en 15 de las 32 unidades de la República. El informe critica que, no obstante la vigencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado mexicano todavía no cumple con sus obligaciones en materia del derecho a la salud de la población femenina, puesto que aún no ha conseguido consolidar un sistema que brinde la protección necesaria a las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas.

Los casos de femicidios de Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, al norte del país, constituyen el ejemplo más emblemático –desde 1993 hubo en este lugar un aumento de los homicidios de mujeres, con por lo menos 264 víctimas hasta 2001 y 379 hasta 2005. El informe cita que en los primeros cinco meses de 2009 fueron denunciados 14 desapariciones de jóvenes y 32 asesinatos de mujeres en la ciudad vecina a los Estados Unidos. La cifra igualaba el total de ejecuciones perpetradas en 2008.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no prevenir, investigar ni erradicar la violencia contra las mujeres en aquella ciudad. La resolución se basó en denuncia de la violación de los derechos humanos de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez e Claudia Ivette González, niñas y mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en la zona fronteriza. Los cadáveres de estas tres mujeres aparecieron junto a otros cinco, abandonados en un antiguo campo de algodón, por lo cual el caso recibió el nombre de Campo Algodonero.

Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de México, llevado a cabo en 2009, los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron al país a reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Al enfatizar en el tema de los femicidios, la comunidad internacional hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a continuar con las investigaciones y a castigar a los responsables conforme lo establece la ley. Italia, por ejemplo, recomendó a México ”esclarecer plenamente los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que se aplique la justicia a sus autores y cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no realizaron las investigaciones correspondientes, y que se adopten medidas efectivas para prevenir tales crímenes en esta población”.

A través de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), México respondió al EPU que el presupuesto destinado a la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres y la lucha frente a la violencia contra las mujeres en 2009 fue de aproximadamente $9.000.000.000 de pesos (unos US$ 695.732.838). También argumentó que el 1 de junio de 2009 fue publicado un decreto por medio del cual se ampliaron las competencias de la “Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez”, y así transformarla en una instancia nacional cuya tarea es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país.

*Washington Castilhos (Brasil). Con Andrea Lacombe (Argentina), Christian Israel Rea Tizcareño (México), Franklin Gil Hernández (Colombia), Pilar Pezoa (Chile) y Rosa Cisneros (Perú).

Fuente: Revista Razones de Ser

Abortos no punibles (sin letras chicas)

2010-07-30T20:55:00.000-07:00

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La Guía de Abortos no Punibles no hace más que efectivizar un derecho ya incorporado al Código Penal Argentino

María Elena Naddeo: Tenemos que superar los dogmas y los enfoques patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres porque las mujeres y las adolescentes pobres son quienes sufren las consecuencias directas del poder hegemónico vigente

La Guía de Abortos no Punibles no hace más que efectivizar un derecho ya incorporado al Código Penal Argentino. A pesar del revuelo armado por la confusión mediática que quiso asimilar la medida a una legalización del aborto, la normativa sigue vigente, aun sin el carácter de resolución ministerial que le daría más fuerza y sobre el que se reclama desde el movimiento de mujeres para evitar que sigan muriendo mujeres que se ven obligadas a abortar clandestinamente.

El Código Penal es de 1921. Hace 89 años que en la Argentina hay situaciones en las que el aborto es legal. Y sin embargo, hace –casi– un centenario que el Código Penal no se cumple. Los casos de aborto legal –-en el que una mujer es violada, una niña es discapacitada, corre peligro la salud o vida de la madre o el embarazo es inviable– no se cumplen por un cuento de la mala pipa en el que los médicos/as le piden a la Justicia que autorice el aborto y, mientras la gestación avanza, las mujeres sufren una doble victimización y, muchas veces, se llega a no cumplir con su derecho, a que sea demasiado tarde, o a la muerte de las mujeres.

Por eso, en la gestión de Ginés González García se implementó una Guía de Abortos no Punibles con el fin de normativizar esta ley y que las y los médicos ya no recurran a la Justicia sino que sepan qué hacer cuando llega una mujer que responde a los requisitos para acceder a un aborto no penado por la ley argentina. La posterior gestión de Graciela Ocaña (que ya se sacó una foto y está trabajando junto a Adrián Pérez, el escudero de Lilita Carrió en la Coalición Cívica) dejó en stand-by esta manera de ejecutar –ni siquiera avanzar, sino implementar– los derechos ya adquiridos por ley pero negados en la práctica y que dejan marcas indelebles sobre los cuerpos de las mujeres.

Con el objetivo de terminar con la confusión de la letra chica de la interpretación del artículo 86 del Código Penal y priorizar la atención a las mujeres, este año se presentó frente a organismos internacionales de Derechos Humanos una actualización de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, con el compromiso de que la misma tendría carácter de resolución ministerial. Sin embargo, una vez presentada la guía en nuestro país, el ministro de Salud, Luis Manzur, dio marcha atrás y no firmó la resolución quitándole fuerza a esa herramienta útil para no dilatar más las urgencias de mujeres con derechos escritos que también deben ser derechos reales. De todos modos, la guía está vigente y su interpretación amplia del artículo 86 incluye tomar en cuenta el riesgo para la salud de la mujer gestante (igual que en la guía 2007), reconocer el derecho de cualquier mujer violada –sin necesidad de denuncia policial sino mediante declaración jurada– a acceder a un aborto seguro y gratuito y la protección de las adolescentes para reclamar su derecho a abortar –siempre en caso de violación– sin autorización de padres o madres.

A pesar de las operaciones mediáticas para hacer pasar la guía por lo que no es (una legalización encubierta), el protocolo no cesó. Marta Alanís, Católica por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aclara: “La guía técnica de abortos no punibles sigue vigente en el Ministerio de Salud de la Nación a pesar de que no tenga el rango de resolución y es un instrumento que orienta desde argumentos legales y médicos a los servicios de salud de todo el país. Hay provincias que tienen una ley similar a este protocolo, otras que tienen resoluciones ministeriales para regular sin problemas el acceso de una mujer a un aborto cuando es legal según el artículo 86 del Código Penal. Luego, algunas provincias que no tienen resolución ni ley se guían por este protocolo y también hubo algunos avances en la atención sin necesidad de judicializar los casos y preservando la intimidad de la mujer o niña que lo solicita”.

Por otra parte, no es la primera vez que se protocolizan los abortos no punibles. Estas normas ya existen en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, para aclarar los tantos y que ninguna mujer quede afuera de un aborto seguro, legal y gratuito, justamente, ante abortos que –por leyes de principios del Siglo XX– deben ser legales, seguros y gratuitos.

Un reclamo de organismos internacionales

Por otra parte, esta actualización de la guía –llevada a cabo por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable– dice cuándo y cómo actuar cuando llega una mujer violada o con peligro sobre su vida o su salud a un hospital y viene a responder a pedidos internacionales que señalan que la Argentina tiene una deuda pendiente.

Entre el 8 y el 26 de marzo del 2010 sesionó (por 98ª vez), en Nueva York, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que examinó el informe argentino presentado sobre avances (en general) de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. El 23 de marzo el relevante organismo hizo las siguientes observaciones en su apartado número 13: “El comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. El Estado Parte (Argentina) debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”, retó Naciones Unidas.

Marta Alanís participó, en marzo pasado, de la reunión del Comité de Derechos Humanos y relata cómo la guía no salió de la nada sino de un pedido internacional para que la Argentina se aggiorne y cuide la vida de muchas mujeres. “El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al Estado argentino que realice políticas públicas para garantizar el aborto cuando es legal, criticó la visión restrictiva y absurda de reconocer solamente el caso de violación a personas con discapacidad mental (y no a todas las mujeres violadas) y recomendó avanzar con la despenalización. Como respuesta, la delegación oficial argentina defendió la guía técnica que ahora se presentó en Argentina.”

En este contexto, el lanzamiento de la guía para la implementación de abortos no punibles no hizo otra cosa que seguir las recomendaciones de Naciones Unidas.

La médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, resalta: “Argentina firmó el tratado de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), el de Derechos Humanos y el de Derechos Sociales y Económicos. Cada tratado tiene un comité de expertos que periódicamente revisan la situación de las naciones: el país hace un informe. Respecto de la muerte materna y de que la principal causa sean las complicaciones por aborto, el Comité de la Cedaw, en el 2004, hizo una recomendación al Gobierno de que debía asegurar a las mujeres el acceso al aborto no punible”.

Por eso, el Estado generó algunas modificaciones y las mostró como pasos adelante. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resalta: “En el reciente reporte al Comité Cedaw, el Estado Nacional indicó como uno de sus logros que `se elaboró y actualizó la guía de atención integral para casos de abortos no punibles, aprobada el 12 de julio del corriente año’”.

Por esta razón, la Campaña reclamará hoy, a las 12 horas, ante las autoridades del Ministerio de Salud, la firma de la resolución ministerial que avale y dé alcance nacional a la aplicación de la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.

La legisladora porteña María Elena Naddeo enmarca: “Las conferencias de población celebradas en El Cairo, en 1994, y en Beijing, en 1995, incorporan estos derechos como derechos humanos básicos y obligan a los Estados parte a adoptar e implementar políticas publicas destinadas a preservar la salud integral de las mujeres. Tenemos que superar los dogmas y los enfoques patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres porque las mujeres y las adolescentes pobres son quienes sufren las consecuencias directas del poder hegemónico vigente”.

Fuente: Suplemento Las 12. Página 12. Por Luciana Peker. Viernes, 30 de julio de 2010

CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO

2010-07-27T09:47:00.000-07:00

LEGAL SEGURO Y GRATUITO

Un tema de salud y derechos humanos

3000 mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia:

CUANDO LOS DERECHOS HUMANOS NO LLEGAN A LAS HUMANAS

En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino insiste, está aquí fungiendo en nuestros escenarios cotidianos, porque las mujeres desacatan (y van seguir haciéndolo) la ley y el mandato de la iglesia católica que les impide abortar. En este contexto histórico la pelea es por el reconocimiento de un derecho personalísimo. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derechos, en otra coyuntura histórica se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. Las voces del pasado nos habilitan la pregunta: ¿cuándo será hora de que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos individuales?

Elegir como sujetas responsables y soberanas es un acto anterior al reconocimiento de ciudadanía. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar. Sí hay injusticias sociales.

Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra mil millones de pesos anuales. Cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó -durante el año 2009- el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Cada año mueren en Argentina según estadísticas oficiales 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un sub-registro en el registro de la mortalidad por gestación (mortalidad materna). Por una obvia y recurrente razón, siempre son mujeres pobres y jóvenes. El aborto constituye la principal causa de muerte de mujeres gestantes [1].

Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino; esto quiere decir, que en casi treinta años de democracia ininterrumpida esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas, muertes evitables. Son mujeres a las que se les niega un derecho humano principalísimo: el derecho a existir, a ser y no sólo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la “justicia social” y a los llamados “planes de igualdad de oportunidades”.

El escándalo surgido a raíz de las irresponsables idas y venidas de parte del Ministro de Salud, Juan Manzur, acerca de la existencia o no de la firma que elevara a rango de Resolución Ministerial la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, volvió a instalar la urgente necesidad de discutir la despenalización y legalización del aborto, y no sólo quedarnos con la exigencia de la aplicación del Artículo 86 del Código Penal, código que cuenta con 89 años de existencia (pese a que muchas veces las causales allí contempladas se siguen judicializando innecesariamente). Numerosas encuestas se generaron desde distintos medios de prensa, nacionales y provinciales; en líneas generales se constatan allí los avances y las opiniones favorables por parte de importantes franjas de la sociedad en relación al reconocimiento de este derecho. Y estos resultados los leemos en sintonía con las batallas culturales que en estos tiempos que corren venimos ganando a los fundamentalismos y conservadurismos, como es la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

La consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado interior ese porcentaje alcanza al 49, 9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales [2].

Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hemos presenciado con satisfacción en estos días la reglamentación de la Ley Nacional 26.485 para proteger, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley que también es el resultado del trabajo sostenido de grupos de mujeres y activistas que en y desde distintos espacios, construimos su posibilidad de existencia.

Pero debemos señalar que las declaraciones recientes del poder ejecutivo de la Nación, en la figura de la presidenta Cristina Fernández, sobre la negativa a legalizar el aborto, nos preocupan y alertan. En materia de política pública las definiciones personalísimas no pueden estar por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; es necesario que el gobierno escuche el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país; el reclamo que desde hace más de 5 años llevamos adelante desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, campaña que agrupa a 289 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos; escuchar a los 50 diputados y diputadas (muchas/os del FPV) que ya firmaron nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso de la Nación y que pretendemos sea debatido y aprobado en el año del bicentenario.

Es urgente resolver el grave problema de salud pública que significa la ilegalidad del aborto, que constituye una deuda interna enorme profundizando las desigualdades sociales; y también una forma de violencia contra las mujeres y sus derechos. La plena vigencia de los derechos humanos significa condenar a los genocidas de ayer, porque es parte de una lucha en la que estamos plenamente comprometidas, como garantizar el pleno derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nos resulta extremadamente paradójico que en este clima de debate social y definiciones políticas tan contundentes haya tanta pobreza argumentativa reducida o supeditada incluso a posiciones personales en relación a un tema tan importante como es el aborto legal [3].

No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.

Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.

Insistimos en una premisa que comprobamos ante cada nuevo relato de las mujeres que abortan: ninguna mujer aborta alegremente, leyes que despenalicen y legalicen el aborto no alientan su práctica.

Quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, partimos de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir porque pretendemos programas y políticas públicas que den respuestas al conjunto de situaciones que involucran derechos sexuales y derechos reproductivos.

Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más empobrecidas y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.

Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente. Es hora de que esté dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Es hora de ser el país en el que la presidenta, los gobernantes y legisladores/as y la democracia estén dispuestos a que los derechos humanos contemplen las necesidades particulares de las humanas.

Exigimos:

1. La sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.

2. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal.

3. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud.

4. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Argentina, Julio 26 de 2010

Contactos:
Claudia Anzorena (Mendoza): 0261-156616491 - claudia_anzorena@yahoo.com.ar
Cristina Ércoli (La Pampa): 02954-419536 - ercoli.cristina@yahoo.com.ar
Florencia López (Bs.As.): 011-1531962575 - mazalbaya@yahoo.com.ar
Marta Alanís (Cba.): 0351-155-649981 - marta.alanis@catolicas.com.ar
Ruth Zurbriggen (Neuquén): 0299-154282357 - ruthlibertaria@speedy.com.ar

[1] Según datos del Ministerio de Salud en 2008, murieron 40 mujeres cada 100,000 nacidos vivos por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. En doble de lo que se registró en el mismo período en países como Chile y Uruguay que presentaron niveles de 19,8 x 100.000 NV y 15 x 100.000 NV, respectivamente. En el quinquenio que va de 2004 a 2008 la principal causa de muerte materna es de embarazos terminados en aborto (26,7%) (OSSyR, abril de 2010). Para mayor información consultar Hoja Informativa Nº1 del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, disponible en: http://www.ossyr.org.ar/

[2] “La despenalización del aborto para los argentinos”, Ibarómetro, Informe de prensa, julio de 2010. Sitio: http://www.ibarometro.com.ar/

[3] Inclusive en el informe de avance del Examen del de cumplimiento de Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles de Argentina con arreglo del artículo 40 (UN, Nueva York, marzo de 2010) , si bien el comité acoge con satisfacción una serie de avances del país en materia de derechos humanos, en su artículo 13 dice “13. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. (Artículos 3 y 6 del Pacto)”, y por esta razón indica que “El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”. (Informe disponible en Biblioteca Legal de http://www.rimaweb.com.ar/).
Dejanos tu apoyo en: http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com/
Para más información: http://www.abortolegal.com.ar/

Fuente: ILEPOS. Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Sociales - Espacio de estudios, debates y acción socio-política y comunitaria. Trabajamos por una Ciudad y una Nación para todos y todas, con justicia e igualdad. Promovemos la perspectiva de género, herramienta para la transformación cultural de la sociedad.

Estela de Carlotto le responde a Carrió

2009-10-27T20:08:00.000-07:00

EL DERECHO A LA VERDAD NO SE DISCUTE

La líder de la Coalición Cívica había dicho que el proyecto de ley de ADN era producto de "una venganza personal contra el Grupo Clarín". "Es casi una costumbre de Carrió hacer denuncias infundadas", respondió Carlotto.

Elisa Carrió había dicho que “la ley de extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de la identidad es terrible. No protege los derechos de las víctimas, porque el principio de la integridad física y la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución, una venganza personal contra el Grupo Clarín (...) Los hijos de Ernestina Herrera de Noble son nuestros hijos”.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, respondió que no le sorprende que la líder de la Coalición Cívica opine así, y que “es casi una costumbre de Carrió hacer denuncias infundadas. Es una mujer poco centrada. Nunca había opinado sobre nuestra institución y por eso nos indignó”. Además, aseguró que es una "mentira" que el proyecto de ley sea una venganza personal contra el Grupo Clarín, y agregó que Carrió "llevó adelante un aprovechamiento político muy feo por la enemistad que manifiesta con la Presidenta actual" y que "perjudica el encuentro de los nietos que estamos buscando".

"La señora de Noble debe rendir cuentas en la Justicia. Tiene dos chicos adoptados y el doctor (Roberto) Marquevich descubrió irregularidades en esa adopción. Él investigó y lo desafectaron. Si esta señora está tranquila de que no cometió ningún delito, cuando la Justicia dice “hay dudas”, debería responder: “Pongan el brazo, chicos, va a salir todo bien, ustedes no son hijos de desaparecidos, tienen otras madres”, porque eso fue lo que me dijo Héctor Magnetto hace años", dijo Carlotto.

Fuente: La Política Online

El derecho a la verdad no se discute

Por ESTELA DE CARLOTTO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en agosto de 2009 que debe investigarse si alguien es hijo de desaparecidos con independencia de su voluntad, pues se encuentra en juego el derecho de las Abuelas y los familiares a encontrar a sus nietos. Es decir que su identificación no es violatoria de su autonomía ni de su intimidad, aún si aquella se opone.

Según la Corte, si la persona se opusiese a realizarse el examen de ADN, la Justicia debe garantizar su identificación por medio de procedimientos alternativos a la extracción de sangre.

Es así que Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Estado argentino, en el marco de una mediación supervisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se impulsara una ley que regule en forma clara y precisa los procedimientos para llegar a conocer la identidad de los niños apropiados durante la última dictadura militar, recogiendo este criterio del máximo tribunal.

La redacción de esta ley fue efectuada por Abuelas de Plaza de Mayo y sintetiza también la experiencia de 32 años de trabajo de la asociación. De este modo, lejos de intentar establecer un procedimiento novedoso, se propone sistematizar en una norma aquello que la Justicia ya viene realizando y así cubrir algunos vacíos legales.

Por ello, este proyecto de ley regula la obtención de ADN por medios menos lesivos que la llamada "extracción compulsiva de sangre", como el análisis de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, que pueden encontrarse en el domicilio de quienes se sospecha que podrían haber sido apropiados.

Se trata, ni más ni menos, de regular en forma precisa y con el carácter general que tiene toda ley un procedimiento específico, que resguarda todos los derechos en juego, de acuerdo al criterio de la propia Corte Suprema de Justicia. La finalidad no es otra que optimizar -en tiempo y calidad- lo que la Justicia ya viene haciendo.

Hasta la fecha nueve jóvenes recuperaron su identidad por esta vía. Todos ellos aceptaron el resultado una vez que conocieron la verdad. Como aprendimos las Abuelas en 32 años de incansable búsqueda, la verdad libera.

ESTELA DE CARLOTTO www.abuelas.org.a
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

Monseñor Aguer y la nueva Inquisición

2008-07-30T20:40:00.000-07:00

La legisladora electa María Elena Naddeo reiteró la necesidad de dar cumplimiento inmediato de la Ley de Educación sexual en todos los niveles educativos de la ciudad de Buenos Aires, en respuesta a las críticas del titular de la Comisión de Educación Católica, Héctor Aguer, a un documento destinado a la formación de docentes.

Naddeo comparte la postura del ministro Sileoni quién aseguró hoy que los lineamientos curriculares para la educación sexual promueven "los valores" y "una concepción integral de la sexualidad". Además agregó que “las declaraciones de monseñor Aguer son sumamente duras, desmedidas e inusuales para la época que estamos transitando”.

No es la primera vez que monseñor Aguer sale con dureza a frenar la educación sexual en las escuelas. María Elena Naddeo, ex titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, recordó que “según investigaciones de la UBA y otras entidades, cuanto mayor es la educación sexual que reciben los chicos, más tardía es la iniciación sexual. Al contrario, menos educados e informados, la edad de iniciación sexual desciende y hay más jovencitas con embarazos no deseados”. Y agregó que “según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los padres deben guiar y orientar a los chicos para ejercer sus derechos pero no imponerles sus propias creencias o valores”.

Según las ultimas investigaciones el trece por ciento de las adolescentes se embarazan sin desearlo, mientras que el actual gobierno “no implementa en los colegios porteños la ley de educación sexual vigente”.

Estas declaraciones de Aguer, según Naddeo, parecerían expresiones trasnochadas de una nostalgia ultramontana si no fuera que se inscribe en un “tono de época” en que distintos sectores de la derecha utilizan su carácter de “oposición” para volver a instalar lo más atrasado de las ideologías conservadoras.

No hay que olvidar, por ejemplo, que la Iglesia se opuso durante casi todo el siglo XX a la educación mixta, y terminó teniendo que implementarla en sus propios establecimientos. Y ni hablemos del pedido de disculpas que el propio Vaticano está realizando continuamente por los juicios el Tribunal de la “Santa Inquisición” contra prestigiosos científicos como Giordano Bruno y Galileo Galilei por citar los ejemplos más conocidos.

“En vez de reinstalar discursos inquisitoriales habría que centrar el análisis crítico en la cultura mediática y consumista, con su carga de promoción del proxenetismo, con las redes de trata y prostitución infantil, con la pedofilia aberrante de quienes deberían proteger a la infancia”, expresó la legisladora electa de Diálogo por la Ciudad.

Por esto mismo, la escuela no puede ser confesional ni dogmática, debe buscar lo más avanzado del conocimiento, debe iluminar críticamente el pensamiento. En la Ciudad de Buenos Aires, estos principios están incluidos en la Constitución local. Pero aún sin monseñores Aguer, hay dificultades y obstáculos permanentes para poner en marcha la enseñanza de la educación sexual en todos los niveles educativos. Desde temprana edad es necesario incluir estos contenidos que aportan tal como lo dice la ley 2110, a la construcción de seres humanos libres de violencia y de estereotipos de discriminación de género.

María Elena Naddeo. Legisladora electa Diálogo por la Ciudad

Fuente: ILEPOS [Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Sociales]

Karina, siete años de terror

2008-07-13T21:49:00.000-07:00

Una chica salvadoreña fue condenada a treinta años de prisión en su país por la muerte de su recién nacida. Después de siete años de cárcel, una abogada y tres peritos argentinos demostraron que no hubo homicidio y que la niña murió al nacer.

Karina Herrera Clímaco fue condenada en 2002 a treinta años de prisión efectiva por “homicidio agravado por el vínculo”. Tenía 24 años, tres hijos pequeños y vivía en extrema pobreza en un barrio de la periferia de San Salvador en Centroamérica. En soledad, en una casilla sin agua, gas ni corriente eléctrica, la joven parió a su cuarta hija. “Basados únicamente en una autopsia que literalmente describía a la próstata como parte del cuerpo de la niña, la Justicia de El Salvador interpretó que Karina había asfixiado hasta la muerte a la pequeña. No hubo exámenes complementarios. Ni consultas paralelas. Era mujer y pobre, ‘naturalmente’ era culpable.” El irónico relato corresponde a la abogada penalista marplatense Patricia Perelló. El 9 de julio último, Perelló, tres médicos argentinos –Mariano Castex, René Baillieau y Juan Lascano– y una Red solidaria salvadoreña pudieron revertir el fallo y dejar en libertad a la mujer. Después de siete años compartiendo la prisión con más de mil reclusas, Karina “pudo más que el prejuicio y demostró que su hija murió por causas naturales”, confirmó a Página/12 Perelló.

Todo comenzó el 17 de enero de 2002. La hora: pasada la medianoche. El lugar: una casilla en un barrio muy humilde en las afueras de San Salvador. La situación: Karina despertó con contracciones muy fuertes, producto de un embarazo en su etapa final. “Estaba sola en la casa, sin asistencia alguna comenzó con el trabajo de parto. Dio a luz y la beba salió con placenta y todo. Al perder mucha sangre se desmayó. La muerte de la niña se produjo porque, al no haberse cortado el cordón umbilical, la placenta absorbió la sangre en forma inmediata y le provocó un shock hipovolémico”, relató Perelló.

Horas después, la joven despertó en un hospital público. Allí los médicos denunciaron a Karina “por practicar un aborto”. Pero cuando la madre de la imputada regresó al domicilio familiar encontró a la beba tirada en el piso, toda ensangrentada. Entonces, llamó a la policía, que terminó apresándola. En paralelo, “la Justicia cambió la carátula de la causa (de la joven) a ‘homicidio agravado por el vínculo’”, aseguró la letrada penalista.

En noviembre de 2002, Karina fue encontrada culpable de asesinar por estrangulamiento a su propia hija. La condena: 30 años. La explicación: “La única manera de condenar a una persona sólo con supuestos es pensar y argumentar a partir de prejuicios. La sociedad de El Salvador en particular y de toda Centroamérica en general es extremadamente conservadora. Si la persona enjuiciada es mujer y de bajos recursos, se la condena incluso sin pruebas o con pruebas deficientes –dijo Perelló–. Ni siquiera los abogados defensores apelaron.”

Sin embargo, los barrotes carceleros no doblegaron a Karina ni a su familia. La madre de la joven –empleada de una panadería de barrio– comenzó a reunirse con miembros de organizaciones de mujeres salvadoreñas. Juntas, conformaron una red, “Solidarias con Karina”, que comenzó a trabajar para obtener la libertad de su defendida. Fue cuando Perelló intervino en el caso: “Morena Herrera, una activista salvadoreña amiga, me avisó sobre la situación de Karina, porque necesitaban un abogado penalista para redactar un informe sobre las barbaridades que decía la autopsia”, relató efusivamente la letrada marplatense.

A fines de 2006, mientras Karina terminaba en prisión la escuela secundaria, Perelló viajó al país centroamericano para “empaparme sobre el expediente” y entrevistarse con la condenada. A su regreso, solicitó la opinión de tres especialistas médicos que estudiaron la autopsia y emitieron sus propias conclusiones. Consultado por Página/12, la postura científica del médico legista Mariano Castex fue concluyente: “Los informes periciales del expediente eran una vergüenza”, dijo Castex. De hecho, en la “Evaluación Crítica Médico Legal” compilada por el propio Castex se sostiene que “en el ánimo del juzgador prevaleció el dictamen en materia forense que excluyó por completo toda duda en un terreno donde la duda se imponía (...) no solo en materia de homicidio sino también en cuanto a aborto inducido”.

Después de siete años en la hacinada cárcel de Ilopango, el 6 de julio último Karina presenció la audiencia donde se expuso el nuevo informe pericial. Tres días más tarde, el mismo tribunal que la había condenado la absolvió “de culpa y cargo”. “Y ella pudo demostrar su inocencia frente a sus hijos”, concluyó Perelló.

Fuente: Página|12, Informe de Mariana Seghezzo.

El lado más perverso de la industria turística

2008-07-08T18:52:00.000-07:00

Latinoamérica: El lado más perverso de la industria turística

El turismo sexual es uno de los grandes problemas en los países de América Latina, de acuerdo con diversos informes y, pese a que en algunos lugares se están tomando medidas para prevenir este grave fenómeno, todavía no existe total conciencia de la población y de las autoridades, ni resultados efectivos al respecto.

En América latina y el Caribe esta situación se hace cada vez más visible. Según opiniones de expertos, esto se debe al crecimiento turístico y a las duras leyes que se han implementado en Asia, considerada hasta hace pocos años una de las zonas con mayor oferta y demanda de turismo sexual infantil.

ECPAT España (Red Internacional de Organizaciones Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil) señala que, para analizar este asunto, se debe enfocar sobre dos factores. Por un lado, el poder económico y social del explotador extranjero y, por otro, la falta de control, ya que el abusador, luego de haber delinquido, puede salir del país dejando de lado la justicia.

En julio de 2004, un horrendo titular en el diario La Vanguardia, de España, decía que "el turismo sexual infantil en América Latina atrae a 30.000 españoles al año".

En aquella nota, la experta María Eugenia Villarreal, presidenta de ECPAT Guatemala, advertía que, en los últimos años, se ha incrementado el turismo sexual infantil en el continente americano, después de que se endurecieran las leyes en naciones del Sudeste Asiático, antiguos paraísos del turismo sexual.

"Esto ha propiciado que los turistas sexuales busquen otros lugares para establecerse donde haya una mayor impunidad para cometer estos actos, que constituyen un delito", sostuvo la especialista.

Costa Rica encabeza la lista de estados latinoamericanos con esta problemática. Se sabe que se encuentran con mucha facilidad lugares con niños prostituidos y que los precios son muy bajos.

Al finalizar la década de los noventa, ese país había recibido cerca de 5.000 turistas, en su mayoría norteamericanos, que buscaban aprovecharse sexualmente de menores, mientras que en Guatemala, unos 15.000 niños y niñas menores de edad están en situación de explotación sexual comercial.

En Argentina, el problema afecta principalmente a las provincias del NEA (Misiones, Corrientes, Chaco) y a la Ciudad de Buenos Aires. Según un informe de la Policía Federal Argentina, difundido el año pasado, alrededor de 13 chicos por día caen en las redes del turismo sexual.

A la vez, la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación señala que los más afectados son muchachos de 13 a 18 años.

El mencionado estudio relata que el modus operandi consiste en que los menores en situación de calle o en cualquier otro estado de vulnerabilidad son captados por adultos en la vía pública y trasladados a hoteles donde, a cambio de dinero, son abusados por turistas.

María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo De Los Derechos De Niños/As y Adolescentes, manifestó a SEMlac que una de las causas por la cual esta problemática se ha incrementado en Argentina es porque en los últimos años las redes de trata se han extendido y profundizado por la caída en la pobreza y en la indigencia de amplias capas sociales.

Según la experta, "las redes internacionales, los intermediarios de trata interna, desarrollan y utilizan contactos y complicidades con instituciones de la seguridad y de algunos funcionarios locales, quienes consideran, en general, el turismo sexual o la utilización de mujeres y jóvenes en prostitución como parte de los hábitos "tradicionales" masculinos vigentes".

En tanto, Viviana Caminos, directora ejecutiva de la Asociación Civil Generar y co-coordinadora de la Red Nacional de Alto al Tráfico y la Trata, sostiene ante SEMlac que una de las posibles causas del incremento reside en que la mayoría de los países americanos poseen insuficientes políticas públicas destinadas a prevenir la explotación sexual infantil.

"También es deficiente el accionar de la Justicia —continúa Caminos— ya que suele haber muy pocas condenas para estos casos, sumado a que los procesados no son siempre los principales responsables de las redes del crimen organizado para el turismo sexual infantil".

Sin dudas, en este horrendo negocio algunas agencias de viajes y hoteles parecen ser cómplices de toda la maquinaria que robustece el drama.

Naddeo recuerda que años atrás se detectó que algunas agencias de turismo incluyen el incentivo en los contactos con hoteles importantes, a través de pagos adicionales, de la edición de los denominados books con las fotos de las chicas y mujeres que pueden ser solicitadas por los clientes.

"Estos books —continua Naddeo— han sido vistos por personal de hoteles y servicios de turismo que en forma discreta —para no perder sus puestos de trabajo— han denunciado estas situaciones en distintos ámbitos".

La titular de la delegación del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), de la provincia mediterránea de Córdoba, Adriana Domínguez, informó que durante 2008 había recibido varias denuncias de madres y padres de menores de nueve a 13 años, según los cuales a sus hijas e hijos le ofrecían trabajar en estancias donde su labor consistiría en alcanzarle la ropa a los turistas luego de tomar un baño.

Estas ofertas venían principalmente de turismo cinegético (caza de palomas) que está en pleno auge en esa provincia. A la vez, Domínguez planteaba a la prensa que los padres comentaron que sus niñas se escapaban de esos lugares porque los turistas intentaban manosearlas o tomarles fotos.

Domínguez también relató que muchas veces los padres no quieren avanzar en los trámites de denuncias en la Justicia porque temen perder el trabajo o sufrir otras represalias.

Además advertía sobre diversos casos ligados a los eventos y fiestas vinculadas con el agro y la ganadería —propias de esa provincia— ya que éstas son actividades de las que se valen los tratantes, explotadores y abusadores para fomentar y mantener el perverso negocio.

Medidas sin accionar

En la ciudad de Buenos Aires, la Ley 2443, aprobada en 2007, en su Capítulo Cuarto, propone elaborar una guía turística de la Ciudad y mantenerla actualizada, incluyendo en la misma las campañas vigentes contra la explotación sexual comercial de niños/as y adolescentes.

Además, estipula la necesidad promocionar la ciudad de Buenos Aires sin alterar o falsear su identidad turística. "informar con veracidad sobre los servicios que ofrece y acerca de la existencia de los delitos vinculados a la explotación sexual comercial infantil y de sus sanciones".

"La ley es relativamente reciente, no se ha reglamentado ni tampoco se han tomado iniciativas especiales para la erradicación del turismo sexual infantil. Siguen funcionando dos pequeños equipos especializados en la atención de victimas de explotación sexual y trata, uno en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otro en el Ministerio de Desarrollo Social sin que se hayan ampliado en la presente gestión de gobierno", aseguró Naddeo a SEMlac.

Viviana Caminos cuenta a SEMlac que varias ONG realizan monitoreos acerca del cumplimiento del Código de Conducta firmado con el gobierno y el sector privado de Turismo. Este Código se suscribió en Buenos Aires y formaliza la creación del Comité Nacional del Código de Conducta contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo.

El propósito de este convenio, impulsado por la Secretaría de Turismo de la Nación y suscrito por UNICEF, Save The Children, ECPAT Internacional y AFEET (Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas ) y otros organismos estatales como la Secretaría de Derechos Humanos, es avanzar en el desarrollo de un Código de Conducta en Turismo que promueva la implementación y desarrollo de políticas éticas corporativas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de parte de todos los actores del sector turismo.

Este Código de Conducta es una iniciativa de ECPAT Internacional y la Organización Mundial del Turismo (OMT) para combatir y prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que se ha extendido a más de 70 países.

A pesar de esta iniciativa, Viviana Caminos opina que no existe un compromiso verdadero. "No hay campañas como en otros países, los recursos que el Estado aporta a este tema y a la trata de personas son casi nulos. Tampoco es posible hacer un seguimiento debido la dispersión de la información".

Acciones ejemplares

En Brasil, por ejemplo, uno de los eslóganes que el Ministerio de Turismo instaló como parte de la campaña para prevenir y denunciar el turismo sexual infantil se tituló: "Cuidado, Brasil te está mirando".

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de María Elena Naddeo, se desarrolló una interesante campaña denominada: "Sin clientes no hay prostitución infantil".

"Como consecuencia de la campaña lanzada y sostenida durante junio-julio del 2005, se cuadruplicaron las denuncias y consultas sobre explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, entre ellos algunos —muy pocos— referidos a turistas en la zona de Caminito y la Avenida 9 de Julio", rememora Naddeo en la conversación con SEMlac.

SEMLAC (Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe), Por Norma Loto

147: Teléfono descompuesto

2008-07-03T20:29:00.000-07:00

147: Macri convierte a la línea gratuita de atención a víctimas de violencia de género en una rutina burocrática con horario restringido.

El gobierno de la ciudad avanza con su política de reducir la línea gratuita de atención a víctimas de violencia de género a una más entre las opciones del 147, el nuevo call center destinado a recibir denuncias de toda índole, reclamos y consultas por trámites administrativos.

Una abogada de 50 años fue asesinada a quemarropa por su marido, quien el miércoles último y tras una violenta discusión en su casa del barrio porteño de Flores decidió descerrajarle cinco balazos y herir de gravedad a la hija de ambos, una adolescente de 13 años que se encuentra internada en terapia intensiva.

Casi en un paralelismo de película de terror, ese femicidio ocurre en momentos en que el gobierno de la ciudad avanza con su política de reducir la línea gratuita de atención a víctimas de violencia de género a una más entre las opciones del 147, el nuevo call center destinado a recibir denuncias de toda índole, reclamos y consultas por trámites administrativos. El legislador Eduardo Epszteyn, del bloque Diálogo por la Ciudad, presentó en la última semana un recurso de amparo que intenta frenar la desaparición del histórico 0-800-666-8537 (MUJER), pese a que uno de los programas que contiene dejó de funcionar a través de la línea el 30 de junio y se ignora cómo es canalizado en la actualidad. Se trata del Programa de Atención Preventiva (PAP) de prevención de cáncer de mamas y de cuello uterino, la opción 3 del 0-800, que sigue figurando en la grabación inicial pero no es atendido por operador alguno.

En medio de este conflicto, las líneas de violencia hacia la mujer, delitos contra la integridad sexual, maltrato y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, y noviazgos violentos operan a tiempo acotado y en un clima de incertidumbre, ya que hasta la fecha los profesionales de esas áreas no recibieron comunicación oficial sobre el nuevo esquema de tareas.

El miércoles próximo, trabajadoras de la central de llamadas, dependiente de la Dirección General de la Mujer, se reunirán con legisladores de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que preside Gabriela Alegre, para definir una estrategia que preserve la continuidad del servicio. Consultadas por este suplemento, las trabajadoras manifestaron su preocupación “por la posible pérdida del número único y específico 0-800”.

“El contexto de atención de la violencia de género no puede ser el mismo que el de trámites y reclamos que recepciona la línea 147, porque desvirtúa el marco teórico en el que se conceptualiza el problema de lo que es violencia de género, así como el ámbito desde el que debe ser abordada”, advirtieron. “No se trata de un trámite administrativo, sino de la escucha a una víctima de violencia de género, en la cual hay que contener, orientar, asesorar y derivar. Si esta medida se concreta, se perderá la especificidad en cuanto a la asistencia a las víctimas.”

La Ley 26.485, de Protección Integral a la Mujer, sancionada en abril último, es una de las herramientas que obligan a respetar las temáticas de violencia de género y, en este caso en particular, legitima la necesidad de mantener la línea telefónica. Precisamente, el amparo presentado por Epszteyn defiende el alto grado de evaluación positiva que conserva el 0-800 Mujer en la Ciudad de Buenos Aires.

La legisladora electa María Elena Naddeo, que comparte espacio político con Epszteyn en Diálogo por la Ciudad, enfatizó que “la línea tiene un alto nivel de instalación en sus prestaciones, y fusionar el número con un call center general de trámites y servicios públicos desdibuja lo específico y la dimensión de género que tiene este centro de llamadas. Además, la espera burocrática de un contestador cargado de datos sobre las rutinas municipales hasta llegar al área específica de violencia contra la mujer, desanima a las víctimas necesitadas de ayuda inmediata”.

En un clima de victoria poselectoral, el gobierno de Mauricio Macri “vuelve a la carga con una vieja receta ‘eficientista’, que debe estar en algún manual del Banco Mundial de la década del ochenta: unificar servicios a los que consideran superpuestos para optimizar recursos”, agregó Naddeo.

Una salida alternativa presentada en estos días a la Dirección General de la Mujer y que mejoraría la asistencia sin lastimar la prestación del servicio, consiste en crear una nueva línea de tres dígitos, accesible desde diferentes vías de comunicación telefónica, y específica para atención de víctimas de violencia de género de la Ciudad.

“Martes, diez de la noche. Acabamos de llamar a la nueva línea, 147. Para nuestra sorpresa, luego de las explicaciones que se dieron sobre los beneficios de unificar todos los 0-800 de la ciudad, nos encontramos con que atiende una grabación diciendo que esa línea funciona de lunes a viernes, de 7.30 a 20.30; que para solicitar turnos o trámites debe ingresarse a www.buenosaires.gov.ar y para emergencias marcar 911, Policía Federal”, lamentó la titular de La Casa del Encuentro, Fabiana Túñez. “Si una mujer llama por una situación de violencia, y quienes trabajamos esta temática sabemos que son en su mayoría por la noche o durante el fin de semana, ¿deberá esperar al horario indicado, y siempre de lunes a viernes? Es imperioso que las autoridades del gobierno porteño expliquen cómo piensan solucionar este tema de la atención a las mujeres víctimas de violencia de la ciudad, las 24 horas.”

La ex titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ana María Suppa, que entre 1990 y 1996 estuvo al frente de la Dirección General de la Mujer de la Municipalidad de Buenos Aires, consideró que “la descentralización no es el eje de la discusión, sino el planteo de una política pública clara en relación con las cuestiones de género. Creo que en la búsqueda de calidad de servicio, el macrismo olvida que en este caso eficiencia se refleja en que una mujer pueda acceder al servicio en forma gratuita, cuando ella lo requiera, las 24 horas al día, atendida por una operadora que la comprenda sin prejuicios”.

Traducir eficiencia entonces, a entender de Suppa, implica “trabajar un protocolo de atención en relación con un fenómeno específico y grave como lo es la violencia contra la mujer, que cada año produce miles de muertes evitables. El Ejecutivo porteño debería pronunciarse en este sentido”.

El proceso de desgaste que sufre el servicio de asistencia integral a la violencia contra la mujer no es nuevo. En 2006, la entonces directora general del área, Virginia Franganillo, presentó un informe a cargo de la doctora en Psicología Ana María Fernández, que daba cuenta de la extrema precariedad del sistema y “de la carencia de criterios claros en cuanto a políticas públicas en el tema. Es decir, falta de tradición de un Estado que defina la violencia de género como vulneración de los derechos sociales de las mujeres y a partir de allí planifique sus acciones en la temática”.

Franganillo, que en la actualidad coordina un observatorio de violencia de género, concluyó en la urgencia de “mantener un servicio especializado en ciudad, que no esté subsumido a una línea de atención general. Una mujer no tiene subjetividad propia cuando atraviesa violencia cotidiana; ni siquiera puede reconocer su cuerpo. Por lo tanto es una locura someterla a una central de llamadas donde del otro lado se encuentre con la voz de un operador de Rentas o con la opción de denuncias por autos abandonados en la vía pública”.

Fuente: Página 12, Suplemento: Las 12, por Roxana Sandá

Muertes que podrían evitarse

2008-02-24T08:30:00.000-08:00

DOS MUJERES FALLECIDAS EN ROSARIO POR ABORTOS INSEGUROS

Se trata de dos jóvenes, de condición humilde. Una tenía tres hijos, la otra uno. Llegaron al hospital en situación límite y fallecieron el fin de semana. Los casos preocupan a las autoridades sanitarias locales que habían logrado disminuir la mortalidad materna.

En el Hospital Provincial de Rosario, dos mujeres fallecieron, entre viernes y sábado, víctimas de infecciones generalizadas que comenzaron con abortos realizados en condiciones sanitarias inseguras. Una de ellas, cuyo nombre trascendió luego de que su madre realizara una denuncia policial contra la “comadre” que habría practicado la interrupción del embarazo usando métodos caseros, tenía 30 años, trabajaba como empleada doméstica y era madre de tres niños. La otra, cuya identidad es resguardada por el hospital y la familia, tenía 24 años y era madre de un niño. Ambas, de acuerdo con estimaciones médicas, habrían demorado entre 48 y 72 horas la decisión de pedir ayuda médica. Las dos provenían de sectores humildes, llegaron acompañadas de familiares, fueron intervenidas de inmediato “y permanecieron en terapia intensiva, pero a pesar de eso el desenlace fue fatal porque estaban en condiciones límite”, explicó a Página/12 Pietro Belletich, director del hospital. Es otro indicio de que la situación en Rosario, una ciudad que había llegado a no tener muertes maternas por causas relacionadas con abortos clandestinos, se está revirtiendo.

C.A. había ingresado por la guardia al anochecer del jueves 19, “con aborto séptico; falleció por septisemia, una infección generalizada, en la tarde del viernes”, explicó Belletich. A poco de la muerte de C.A., ingresó “también por aborto séptico y en shock, otra paciente de 24 años, que murió el sábado”. En el primer caso, la única denuncia asentada corrió por cuenta de la madre de la mujer fallecida. En el segundo, en cambio, se trató de una denuncia realizada de oficio por el propio hospital, “porque llegó con evidencias de una práctica abortiva que le provocó la muerte (tenía restos de placenta), y ella misma lo comentó a los médicos que la atendieron. Nosotros nos atenemos al secreto profesional, excepto cuando vemos con claridad signos de aborto provocado y que eso está seguido de muerte”, dijo Belletich a este diario.

De acuerdo con el director, son habituales los casos de mujeres que llegan al hospital con evidencias de abortos clandestinos mal practicados. “No suelen ser casos mortales, pero llegan en distintos estadíos. En todo el año pasado tuvimos dos muertes por estos motivos. Que en lo que va de 2009 ya registremos dos casos hace que nos replanteemos la estrategia. Queremos ayudar a las pacientes: ninguna de ellas elige correr estos riesgos.”

“Rosario puede mostrar muchos años sin una muerte materna, por eso es enorme nuestra preocupación. Una muerte materna por aborto clandestino demuestra que hay mucho por hacer”, evaluó Debora Ferrandini, secretaria de Salud provincial. La funcionaria cuestionó la imprevisibilidad de los envíos de anticonceptivos por parte de la Nación en 2008. “Las muertes de mujeres jóvenes con niños por causas que pueden evitarse tienen que dar lugar a reflexionar sobre hasta dónde el derecho a la vida no está por encima de cualquier posicionamiento religioso o político.”

Fuente: Página|12, por Soledad Vallejos

El final de la ley que fue una mordaza global

2008-01-24T05:20:00.000-08:00

La “Ley Mordaza Global” de la era Bush prohibía en Estados Unidos apoyar a entidades internacionales vinculadas con el aborto. El anuncio fue recibido como una victoria para el derecho de las mujeres. Qué otras nuevas se esperan en el área de salud sexual y reproductiva.

Un día después de reafirmar su posición a favor del derecho al aborto, Barack Obama puso fin a la llamada Ley Mordaza Global, vigente durante la administración Bush, que prohibía que empresas, fundaciones o individuos financiaran en el exterior clínicas de planificación familiar que brindaran cualquier servicio vinculado con el aborto, desde la propia intervención quirúrgica hasta asesoramiento, consultas, derivación a médicos especialistas, servicios y tratamiento tras la interrupción de un embarazo. Así Obama llevó al plano de los grandes temas sociales el cuestionamiento de las políticas de su predecesor. El anuncio es una victoria de los grupos que defienden el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, que esperan que éste sea el primer paso de Obama para revertir los ocho años de retrocesos que vivió Estados Unidos en materia de salud sexual y reproductiva de la mano del gobierno republicano, en los que se antepuso la ideología a la ciencia y a la salud de las mujeres.

Una educación sexual en las escuelas basada sólo en la abstinencia, la demonización del uso del preservativo, medidas para restringir el acceso a métodos anticonceptivos y la llamada Ley Mordaza Global, fueron parte del menú ultraconservador que impuso el gobierno de George W. Bush. La última concesión a la derecha religiosa la firmó justo antes de dejar la Casa Blanca. Entró en vigencia el último martes y es una nueva regulación que extiende la objeción de conciencia en los servicios de salud: cualquier persona que se ubique en la cadena de atención, desde una secretaria u oficinista hasta una enfermera, médica o farmacéutico, pueden rehusarse a proporcionar apoyo, información o tratamiento a una mujer que esté buscando anticoncepción, la píldora del día después, protección contra las enfermedades de transmisión sexual, un aborto o ayuda relacionada con alguna de esas prestaciones. Siete estados iniciaron la semana pasada un juicio en la Corte Federal para bloquear la nueva normativa. Están en juego miles de millones de dólares: Bush armó una maraña legal por la cual el gobierno federal podría exigir la devolución de los fondos suministrados para la salud pública a los gobiernos locales que violen la regulación. Se espera que Obama pronto también la revoque.

El jueves, después de ordenar el cierre del centro de detención en Guantánamo, el levantamiento de las prisiones secretas que la CIA tiene en el exterior y la prohibición de la tortura, Obama se pronunció a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo frente a un embarazo. Lo hizo a través de un comunicado en un nuevo aniversario del famoso fallo del caso Roe v. Wade, que estableció en 1973 que las leyes contra el aborto en Estados Unidos infringían el derecho a la privacidad. “Esta decisión (por el caso Roe v. Wade) no sólo protege la salud de las mujeres y la libertad reproductiva, sino que también se identifica con un principio más amplio: que el gobierno no debería inmiscuirse en nuestro asuntos familiares más privados”, declaró Obama. Como una señal de la importancia que Obama y el nuevo Congreso darán a esta cuestión, unos días atrás, en el primer día que el parlamento volvió a sesionar, Harry Reid, el líder de la mayoría presentó la Ley Primero la Prevención, que apunta a aumentar el acceso tanto a la anticoncepción como a la educación integral en sexualidad, así como a reducir los embarazos no deseados.

“Nunca ha sido tan importante elegir a un presidente que nos apoyará en nuestra labor”, dijo Cecile Richards, presidenta de la Federación Americana de Planificación Familiar, poco antes de los comicios que llevaron al primer presidente de origen afroamericano a la Casa Blanca. La entidad es la filial local de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), dedicada a la atención de la salud sexual y reproductiva a través de ONG asociadas en los países más pobres de América, África y Asia, y una de las principales perjudicadas por la Ley Mordaza Global.

La IPPF puso un pie en la Argentina el año pasado para apoyar proyectos que apuntan a brindar atención post aborto y a promover la despenalización de esa práctica médica. La IPPF hizo campaña por el candidato demócrata.

Por tratarse de un tema sensible, Obama firmó ayer el decreto que derogó la Ley Mordaza Global sin presencia de la prensa, a diferencia de los otros firmados el jueves. La reunión en la que sería firmado el decreto fue cancelada y los periodistas sólo recibieron un comunicado oficial de que la medida fue tomada.

Cuando ocupaba su banca de senador por Illinois, el flamante mandatario ya había votado en contra de la normativa, que impide que fondos de origen estadounidenses sean destinados a financiar clínicas en el exterior que brinden servicios de planificación familiar y asesoramiento y atención de abortos.

La Ley Mordaza fue establecida por el gobierno de Ronald Reagan, en 1984, anulada luego por Bill Clinton, el anterior gobierno demócrata, y nuevamente instaurada por George W. Bush. Se trata de una normativa que contradice la política que históricamente tuvo Estados Unidos de apoyar programas en los países más pobres para promover la salud general de la población. El impacto de esta ley ha sido vasto. Lo que ha hecho ha sido controlar lo que las ONG extranjeras de planificación familiar hacen con sus propios fondos. ¿Cómo? Es que para recibir dinero para trabajar en la promoción de la salud sexual y reproductiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), las ONG se veían obligadas a no usar sus propios fondos en servicios relacionados con el aborto, inclusive asesoramiento o referencias, aunque el aborto sea legal en ese país. Tampoco podían realizar actividades de lobby para luchar por la despenalización o para mantener la legalidad del aborto en su propio país. Según estudios del Guttmacher Institute y del Center for Reproductive Rights, dedicados al estudio de temáticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, de Estados Unidos, el impacto de esta regulación sobre las mujeres de los países más pobres y marginales ha sido grave en los años de vigencia: se cerraron clínicas, se redujeron los insumos y las mujeres quedaron sin servicios, y en consecuencias se han producido más embarazos no deseados y más abortos inseguros en países con poblaciones más pobres.

En materia de salud sexual y reproductiva se espera más del nuevo presidente. Como en otros temas, Obama se ubica en los antípodas de su antecesor. Por esa razón, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres estiman que no pasará demasiado tiempo antes de que anuncie un giro de 180 grados para revertir el legado de Bush.

Obama ganó la presidencia con un amplio apoyo de las mujeres. Durante la campaña también defendió el derecho al aborto. Y como senador presentó y promovió distintas iniciativas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, vapuleados por la era Bush. Obama fue coautor de varios proyectos de ley que hacían hincapié en medidas preventivas para reducir el número de embarazos no planificado, también respaldó y fue copatrocinador de la Ley de Libertad de Elección (Freedom of Choice Act) que reglamentaría y protegería el derecho de elegir de la mujer. Y de otra iniciativa para ampliar el acceso a los anticonceptivos, la educación sobre planificación familiar y servicios de salud preventivos. Además se ha manifestado a favor de una educación sexual integral. Durante los últimos ocho años la administración Bush destinó más de 1500 millones de dólares de los contribuyentes en programas de “solo abstinencia”, promovidos por los sectores religiosos más conservadores –en sintonía con la prédica del Vaticano– que, está demostrado, no funcionaron para prevenir el embarazo y el contagio del VIH-sida entre los adolescentes norteamericanos: los planes se centran en inculcar a los chicos y chicas el valor de postergar el debut sexual como única arma para “cuidarse”, pero diversos estudios han probado que la edad de iniciación sexual no aumentó. Y los jóvenes enfrentan sus relaciones sexuales sin recibir información en las aulas sobre uso de anticonceptivos. Como le sucedió a la hija de la candidata republicana a la vicepresidencia, la ultraconservadora Sarah Palin, tal vez la adolescente embarazada más famosa de Estados Unidos en 2008.

Se espera que tras el decreto que ayer derogó la Ley Mordaza Global se anuncie una batería de medidas que sepulten los ocho años de retrocesos que vivió Estados Unidos en materia de salud sexual y reproductiva.

[Fuente: Página 12, Por Mariana Carbajal]

La derecha y su falaz defensa de la vida

2008-01-24T05:15:00.000-08:00

Hace unos días, me cité con una amiga a la que no veía desde hace tiempo y con la que comparto rememoranzas y afectos de adolescencia,...., y poco más, porque mi visión de la vida y de las cosas, según percibí, queda a años luz de la suya. Como esperaba, entablamos, entusiasmadas, una larga conversación sobre lo divino y lo humano, sobre qué hacíamos con nuestras vidas, y sobre como pasa, sin darnos cuenta, el tiempo... Nada fuera de lo habitual.

Pero, en un momento de la conversación, con un café de por medio, nuestras sonrisas cómplices se tornaron, casi imperceptiblemente, en muecas de cierto incomodo a pesar de estar las dos radiantes por habernos reencontrado. Esto ocurrió porque surgió el tema de la moral y la ética. Ella, que se ha convertido en una mujer tradicional y conservadora, votante del PP, para más señas, (y con inquietudes vitales que no van más allá de cuidar de sus niños, tener la casa impecable y pensar en las rebajas para su guardarropa de la próxima temporada -lo cual respeto-), me hizo una pregunta que me sobrecoge y que algunos españoles articulan “remedando” a la derecha y a las voces de la iglesia sin reflexionar sobre el significado de lo que dicen: -“¿Te parece bien la inmoralidad de este gobierno que acepta el crimen del aborto?”

Razonando

Ante tal pregunta y mi consiguiente sorpresa, yo, abandonando la actitud afectiva que me había embargado durante el resto de la charla, le contesté que se trataba de un tema muy complejo, un problema social que cualquier gobierno está obligado a encarar y regular para evitar también otras muertes, las de las madres involuntarias que se someten, de todos modos, a abortos clandestinos. Le dije que se trataba, en primer lugar, de un problema médico y humano, y no religioso o moral, además de ser una cuestión velada de mezquinos lucros comerciales que, mientras el aborto esté sin regular, en la clandestinidad son muy jugosos.

Nada que ver

Ante mis argumentos, su respuesta me acabó de pasmar del todo: “...es que la muerte de esas mujeres que matan a sus fetos no le tiene que importar a nadie; es lo que se merecen...”. –“¿Te das cuenta de que dices defender la vida, cuando, en realidad, estás justificando la muerte?”, le increpé, intentando disimular mi perplejidad, y dando por zanjado el tema porque me daba cuenta de que, a nivel profundo, ella y yo ya no tenemos nada que ver...

Muertes

Y plasmo aquí esta anécdota personal porque ilustra muy bien esa doble moral de la derecha de la que el PP viene haciendo gala sin pudor ni vergüenza; esa doble moral que moldean según son sus intereses de partido, y según los intereses de sus mentores y “guías espirituales”; ese cinismo, construido de dobleces morales, por el que son capaces de llamar a los demás “asesinos” por mirar cara a cara un grave problema humano en la sombra, mientras vuelven la cabeza cuando se trata de muertes que se avienen a sus conveniencias.

¿Defensa de la vida?

En la misma línea se sitúan las declaraciones inauditas de Francisco Marduenda, director del ultra-conservador diario La Razón, que justifica la matanza de trescientos niños palestinos, argumentando que “muchos niños mueren de muertes naturales”. ¿Es esa la defensa de la vida que tanto aclaman cuando les interesa atacar al gobierno y hacer política con su “supuesta” moralidad?; ¿cómo es posible que vociferen contra el aborto, alegando la defensa de la vida, cuando vuelven la mirada ante cientos de niños asesinados?, ¿será, acaso, porque esos niños son musulmanes?, ¿será quizás porque hay poder y dinero de por medio?... ¡Que alguien me lo explique, porque mis “entendederas” no llegan, o no quieren llegar a tanto....!

Masacre

Y, por otro lado, echo mucho de menos una gran concentración en la Plaza de Colón de todos aquellos que se creen en posesión del monopolio de los valores morales y el amor al prójimo. Ignoro dónde se meten los que vociferan que defienden tanto la vida, los que, con el gancho de ayudar a los niños pobres, llenan sus arcas con ingentes cantidades de dinero del erario público. Es ahora cuando deberían hacer una macro-manifestación exigiendo respetar la vida de esas criaturas que, por fanatismos religiosos y políticos, están siendo masacradas.

Silencio

Pero están callados. La muerte de centenares de vidas inocentes, sin edad aún de entender la mezquindad humana, la pasan por alto. No dicen nada, no claman en las ondas radiofónicas, ni movilizan a sus seguidores, ni amotinan a sus adeptos desde sus tribunas, ni se concentran en Colón. Apartan su mirada ante esos niños muertos. No dicen nada. Están callados....

[Fuente: El Plural, autora: Coral Bravo]
Coral Bravo es doctora en Filología y miembro de Europa Laica.

ILEGALIDAD y CONSECUENCIA

2008-01-13T17:13:00.000-08:00

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Rosario, 21 de febrero de 2009:

Muertes que podrían evitarse

El final de la ley que fue una mordaza global

La derecha y su falaz defensa de la vida

Mendoza, 7 de enero de 2009:

Ilegalidad y consecuencia: Nena de 12 años grave por un aborto clandestino.

Catamarca, 7 de enero de 2009:

Muere una joven por aborto ilegal.

Sgo. Del Estero, 13 de enero de 2009:

Otra muerte por un aborto inseguro.

Mendoza, 13 de enero de 2009:

Los padres de la chica discapacitada que está embazada, ahora no quieren que aborte.

Ahora no quieren que aborte

2008-01-13T17:08:00.000-08:00

Los padres de la chica discapacitada que está embazada, ahora no quieren que aborte

Al parecer, desistieron luego de las recomendaciones dadas por el Comité de Bioética del hospital Diego Paroissien. La Justicia Penal investiga una causa por abuso sexual contra la adolescente.

La jueza de Familia María Cecilia Zavattieri afirmó que los padres de la chica discapacitada de 15 años que quedó embazada como consecuencia de un abuso sexual, retiraron el pedido para que la Justicia autorizar un aborto terapéutico.

Al parecer, los familiares tomaron esta decisión luego de que desde el Comité de Bioética del Hospital Diego Paroissien, de Maipú, informaron sobre los supuestos riesgos que la intervención médica tendría para la adolescente.

Esta no es la primera vez que un caso así ocurre en la provincia. Y lo llamativo es que, a pesar de que el Código Penal es explícito y autoriza la práctica del aborto cuando el embarazo es producto de una violación a una persona discapacitada, los médicos siguen solicitando la autorización judicial.

En tanto, la fiscal de Instrucción Claudia Ríos está a cargo de la investigación penal de la causa, y sólo se limitó a confirmar que en su despacho se tramita una causa “por abuso sexual con acceso carnal contra una chica de 15 años que es discapacitada. El resto, forma parte del secreto de sumario”.

[Fuente: mdzol]

Otra muerte por un aborto inseguro

2008-01-13T17:01:00.000-08:00

La nueva víctima es una joven de 19 años de Santiago del Estero. En esa provincia, el año pasado murieron siete mujeres por complicaciones en abortos realizados en el circuito informal. Atribuyen la cifra a la caída en la distribución de anticonceptivos.

Un aborto inseguro se llevó ayer la vida de una adolescente en Santiago del Estero. Una semana atrás, una nena de 12 años quedó sin útero y sin un ovario por un cuadro similar en Mendoza. La ilegalidad de esa práctica médica hace estragos en la salud de las mujeres en el país. Las complicaciones por aborto son históricamente la principal causa de mortalidad materna. Las últimas estadísticas oficiales, a las que tuvo acceso Página/12, indican que en 2007 fallecieron por esa razón 74 mujeres en todo el país, mujeres que seguramente no pudieron pagar un aborto seguro en el circuito clandestino. En cuatro años –entre 2004 y 2007–- murieron 340, la mayoría de ellas de menos de 35 años. “Lo más terrible es que son muertes evitables”, señaló a Página/12 el médico Miguel Curioni, profesor adjunto de Obstetricia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero e integrante del Comité Provincial de Monitoreo de la Mortalidad Materna. En Santiago del Estero, reveló, en el 2008 las muertes por aborto treparon a 7, según datos extraoficiales. “Estamos viendo los efectos de la falta de anticonceptivos que hubo en el último año, por el corte del suministro desde la Nación y la ausencia de una respuesta adecuada en la provincia”, advirtió el especialista.

Sofía Viviana Juárez tenía 19 años. Murió ayer a la madrugada en la casa de una enfermera, en la localidad santiagueña de Pampa de los Guanacos, a 310 kilómetros al norte de la capital provincial, cerca del límite con Chaco. La encontró ya sin vida el médico Danilo Ferencia, de guardia en el hospital local, que fue llamado de urgencia alrededor de las 2 de la mañana por la enfermera y compañera de trabajo en el centro de salud. La mujer, identificada como Luisa Díaz de Vázquez, fue detenida por orden del juez penal de feria de la ciudad de Monte Quemado, Anselmo Juárez, y permanecía detenida en la comisaría 43ª de Pampa de los Guanacos.

Ayer, el cuerpo de Sofía fue trasladado a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, en la capital, para ser sometido a una autopsia, explicó a este diario el subcomisario Pablo Ovejero, que constató la muerte de la joven, al recibir la denuncia del médico en la madrugada de ayer. “Había evidencias en la vivienda de que la mujer se había sometido a un aborto”, señaló. “En 17 años que llevo en la policía he visto muchos casos similares”, agregó. La adolescente, vestida con un short y una remera, yacía en una cama matrimonial. En el lugar se encontraba su madre, Edelmira Caballero.

En Mendoza, una semana atrás, una nena de 12 años estuvo a punto de correr el mismo destino que Sofía, como consecuencia, también, de un aborto inseguro. Ayer, el director del Hospital Lagomaggiore, José Moschetti, informó a este diario que la niña salió de terapia intensiva y “evoluciona bien”, aunque sigue en observación. Diez días atrás, M. –como fue identificada– llegó con un “shock séptico” y debió ser sometida de urgencia a una operación en la que se le extrajo el útero y un ovario.

En 2007, 74 mujeres fallecieron como consecuencia de complicaciones por un aborto, de acuerdo con las últimas estadísticas de mortalidad materna del Ministerio de Salud de la Nación. Ese año, la tasa de mortalidad materna fue de 44 por 100 mil nacidos vivos, levemente inferior a la de 2006, de 48 por 100 mil. El 24,2 por ciento del total de las muertes maternas correspondió a complicaciones por abortos, apenas por debajo del 26 por ciento que correspondió a causas obstétricas indirectas. Es la primera vez en más de veinte años que el aborto queda en segundo lugar en el ranking de causas de mortalidad materna. No se descarta que haya subregistro: por la ilegalidad de la práctica, las mujeres suelen negar que se sometieron a un aborto al llegar con infecciones a un hospital. En 2004, fallecieron por esa causa 94 mujeres, en 2005, 79 y en 2006, 93, según datos oficiales.

En la Argentina existen severas restricciones para acceder a un aborto seguro. La interrupción de un embarazo está prohibida: en algunos casos se considera no punible, pero su acceso en un hospital público suele estar plagado de trabas. Y muchas mujeres, ante la de-sesperación y la falta de dinero, recurren a métodos inseguros. “En Santiago del Estero, lamentablemente, se siguen utilizando mecanismos muy primitivos como la introducción de yuyos, alambres, agujas, que dejan gravísimas infecciones”, indicó Curioni, obstetra de la principal maternidad de la provincia, la del Hospital Ramón Carrillo, y ex presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia local. Curioni está realizando la tesis de una maestría en Salud Pública justamente sobre la problemática del aborto en esa provincia. “El aborto complicado produce una ocupación del 20 al 30 por ciento de las camas de los hospitales públicos, con una permanencia de 3 a 5 días, por las complicaciones físicas”, señaló. En 2008, apuntó, las muertes por aborto llegaron a 7. Un año antes, en 2007, se había registrado solo una, destacó. Para el especialista, el aumento estaría relacionado con la crisis en la distribución de anticonceptivos que hubo en el último año en Santiago del Estero –al igual que en el resto del país– a raíz de que el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva cortó abruptamente la entrega, tal como denunció oportunamente Página/12, por inconvenientes en una licitación internacional. “La provincia no se hizo cargo de la falta de anticonceptivos y las pacientes que los recibían gratuitamente en los hospitales dejaron de tenerlos”, señaló. Desde el 2004, las muertes por complicaciones de abortos inseguros fueron 20 en Santiago del Estero, precisó Curioni.

Las estadísticas nacionales muestran que desde 1991 la tasa de mortalidad materna se mantiene alrededor del 48 y el 44 por 100 mil nacidos vivos, siendo las consecuencias de abortos inseguros históricamente la principal causa. Para el 2015 debería descender la tasa de MM a 17 muertes por 100 mil, de acuerdo con el compromiso asumido por el país al firmar los Objetivos del Milenio, ante la ONU: la meta es bajarla dos tercios. A este ritmo, los especialistas dudan de que se alcance en los seis años que restan.

[Fuente: Página|12: Mariana Carbajal. 13 de enero 2009]

Hace 57 años

2007-11-11T06:31:00.000-08:00

Hace 57 años, las mujeres votaban por primera vez

Luego de una arduo reclamo, hace 57 años, las mujeres lograban la igualdad de derechos en el terreno político. Eva Perón sería hasta su histórico renunciamiento la compañera de fórmula de Juan Domingo Perón en las primeras elecciones a nivel nacional con la participación de mujeres, el 11 de noviembre de 1951.

Hoy, hace exactamente 57 años, las mujeres comenzaban a cosechar los frutos de una larga lucha por la igualdad de derechos en el terreno político: por primera vez, ellas, al igual que ellos, podían entrar al cuarto oscuro para elegir quién conduciría los destinos de la República.

Es que la llamada Ley Sáenz Peña, que en 1912 había instaurado en el país el voto secreto, obligatorio y supuestamente universal las había dejado afuera y había circunscripto sólo a los hombres el acceso a los derechos políticos.

Recién 35 años después, el 9 de septiembre de 1947, durante el primer gobierno peronista, el Congreso Nacional sancionó la Ley 13.010, que incluyó a las mujeres en el voto obligatorio y que también les abrió las puertas a la posibilidad de ser candidatas y de ser elegidas por el pueblo.

De hecho, merced a esta ley, Eva Perón, quien fuera la principal promotora de su aprobación parlamentaria, sería hasta su histórico renunciamiento la compañera de fórmula de Juan Domingo Perón en las primeras elecciones a nivel nacional con la participación de mujeres, el 11 de noviembre de 1951.

De todos modos, las banderas feministas por la igualdad de derechos y la inclusión política habían sido levantadas en el país ya desde principios de siglo, e incluso hasta 1942 más de una decena de proyectos de ley habían danzado sin éxito por los despachos parlamentarios.

Uno de los hitos más sobresalientes de esa pelea fue un simulacro de votación femenina que las mujeres lograron realizar en 1920 en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de 4 mil porteñas que fueron el hazmerreír de los compadritos de esos años.

La socialista Alicia Moreau de Justo, la radical Elvira Rawson, y la independiente Julieta Lanteri fueron íconos de la lucha por los derechos políticos de la mujer.

Incluso, según consta en el libro "Julieta Lanteri. La Pasión de una mujer", de la historiadora y periodista Araceli Bellota, esta transgresora y luchadora, que se graduó como médica, formó su propia agrupación, el Partido Feminista Nacional, y se postuló como candidata a diputada nacional en 1919.

Pero esa no fue su primera conquista: siempre volcando a su favor los recovecos de la ley y poniendo en un brete a la Justicia, el 23 de noviembre de 1911, Lanteri logró que la habilitaran para votar en las elecciones de concejales.

Así, 40 años antes de que fuera una realidad el voto femenino en Argentina, Lanteri se convirtió en la primera mujer en entrar a un cuarto oscuro en el país y, para algunos historiadores, también en Latinoamérica. [Agencia Télam]

III Encuentro Latinoamericano de Mujeres

2007-11-11T05:19:00.000-08:00

Las mujeres latinoamericanas denuncian

“La ruta de la soja es la ruta de la trata de mujeres”

Durante el III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Urbanas y Rurales por la Soberanía Alimentaria, más de un centenar de participantes debatieron, denunciaron, se movilizaron, cortaron las vías del tren sojero, escracharon a “los dueños” del sistema de exclusión, al tiempo que celebraron la diversidad humana y de la madre tierra.

Desde el 24 y hasta el 26 de octubre en Santa Fe se realizó el III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Urbanas y Rurales por la Soberanía Alimentaria. La Granja Agroecológica “La Verdecita” recibió a más de 150 mujeres de distintas provincias de Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, España, los Países Bajos y Méjico que intercambiaron historias de vida, saberes y experiencias colectivas de lucha por la defensa de derechos.

El corazón de lo que alguna vez fue el cinturón hortícola más rico y más diversificado del país, hoy convertido en un desierto de soja, fue el escenario de este encuentro que unió a mujeres para debatir acerca del impacto del modelo productivo y de consumo, los agronegocios, el neoliberalismo, el patriarcado, la división internacional y doméstica del trabajo, la explotación sexual y la trata de personas.

Durante tres días se trabajo en comisiones y plenarias para analizar estos principales mecanismos de opresión y control social de las mujeres y pensar las estrategias y alternativas para sostener la lucha por el derecho a la libertad, a una vida digna, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a la tierra, a la producción y al consumo de alimentos sanos.

“La ruta de la soja es la ruta de la trata de mujeres y niñas y la integración regional de las multinacionales explota nuestros bienes naturales y nuestros cuerpos” es una de las tantas e impactantes conclusiones de este encuentro.

La comisión que reflexionó acerca del “neoliberalismo, el patriarcado, los agronegocios y la marca en el cuerpo de las mujeres” usó esta metáfora para denunciar que en los territorios devastados por el modelo sojero se hace más evidente el fenómeno de la apropiación de la vida y los cuerpos de las mujeres.

El modelo sojero no sólo produce la contaminación de nuestro suelo y expulsa a las poblaciones rurales hacia las periferias pobres de las ciudades, también agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Basta con mirar los márgenes de los hegemónicos y famosos “caminos de la producción” para encontrar las postales de miseria y olvido apenas iluminadas con las luces de las whiskerias donde los cuerpos de las mujeres son sometidos, violados y explotados comercialmente no sólo por los varones, sino por todo un sistema ideológico y de negocios naturalizado y validado por la sociedad.

Ana Fiol - comunicadora y una de “las verdecitas”- explica que “las multinacionales nos miran como un territorio a cortar en tajos, ven el territorio y no las comunidades; entonces aparecen las rutas destinadas a sacar la producción que las enriquece y a los costados aparecen todas las consecuencias de este sistema patriarcal y capitalista que odia a las mujeres”. “En lo social las mujeres somos invisibilizadas, en lo simbólico somos cosificadas y en lo económico explotadas. En la cotidianidad y en los medios de comunicación los cuerpos de las mujeres son brutalizados” afirma Fiol.

Todas las voces, soberanas todas

Entre las más diversas, valiosas y emotivas reflexiones, la compañera santafesina Avelina Amatti expresó que “el hombre ha tratado a la tierra igual que como trata a las mujeres; sino logramos que amen y respeten la tierra nunca podrán amarnos a nosotras”.

“Este sistema neoliberal está terminando con los seres humanos. Todas y todos quienes estamos comprometidos con esta lucha sabemos que los culpables son de otros países que con la bendición de nuestros gobiernos compran las tierras de campesinos y nos matan” manifestó Adelinda Díaz, peruana, dirigente social y Secretaría General de Trabajadoras del Hogar. “Nuestra primera responsabilidad es unirnos y organizarnos, porque tenemos que tener en cuenta que los enemigos se organizan silenciosamente y aunque ellos viven de nuestros recursos, nosotras/os tenemos la voluntad de oponernos y presenciar la caída del capitalismo”.

“Los primitivos habitantes de mi país siempre decían que el viento, el agua, los árboles no son negociables; no se puede atrapar, tomar estas riqueza y repartirlas inequitativamente. Son riquezas que heredamos y tenemos que cuidar para las otras generaciones” cuenta Silvana Brites de Paraguay, integrante de una organización que hace 9 años trabaja por los derechos de las familias que fueron violentamente desalojadas de sus tierras en la dictadura. “Somos unos salvajes porque no pensamos en los pájaros que no pueden poner sus nidos en las ramas de la soja y no nos detenemos a pensar en esto tan despiadado. Este encuentro me ha hecho muy bien, he encontrado mujeres guapas, preocupadas por esta guerra fría que tenemos que enfrentar porque a todas nos afecta”.

La Diputada Nacional del MAS boliviano, Julia Ramos Sánchez contó: “vengo propuesta por una organización social; soy representante de las mujeres campesinas, indígenas y originarias Bartolina Sisa, del departamento de Tarija y de esta forma vamos participando y llegando hasta los niveles de decisión, para poder seguir generando políticas de bienestar basadas en la transparencia, la honestidad y el servicio a todas y todos”. Y agregó “debemos cuidar nuestras tierras. La madre tierra no la debemos utilizar, solamente para fines de lucro y fines de intereses que nos permitan enriquecernos y destrocen el medio ambiente. Hay temas fundamentales, como la tierra, el agua y los servicios, tanto salud como educación, que deben ser un servicio de primera línea para nuestro pueblo”.

“Hoy nos necesitamos, blancos, morenos, sabios, y el que no sabe ni escribir ni la jota, valemos igualitos y por eso tenemos la gran responsabilidad de ayudarnos entre todas y todos y si nos ayudamos, seremos felices el día de mañana, triunfadores. Igualitos nos juntamos para podernos desarrollar entre todas/os y construir el nuevo modelo, no solamente en Bolivia, en América Latina. Otro mundo es posible, justo, social, para todas/os”.

Unidas en la lucha no nos moverán

Además del intercambio de experiencias, las actividades culturales, el ritmo de los tambores y las comiditas sanas de los tres días, se realizó una marcha a la sede de la Bolsa de Valores y al Casino de Santa Fe para repudiar y denunciar el modelo capitalista de explotación y violencia y una de las comisiones debatió sobre las vías del Belgrano Cargas e impidiendo el paso del “tren sojero” durante 48 hs con el objetivo de oponerse al modelo sojero y al gerenciamiento privado de las redes de transporte y comunicación.

Desde la mañana del 25 y bajo la abundante lluvia hasta la tarde del 26 las vías del Ferrocarril Belgrano fueron interrumpidas pacíficamente, ya que por allí Belgrano Cargas transporta granos o aceite de soja que representan el 60 % de la producción de la zona para exportarlas principalmente a Europa y China.

Chabela Zanutig, de “las verdecitas”, relató que con anterioridad al encuentro “avisamos que queríamos protestar pacíficamente contra el paso del tren y la sorpresa fue que me llamaron y vinieron a verme desde la policía y desde el departamento de legales de la empresa para tratar de evitar que cortáramos la vía. Quedó demostrado que en un par de días pierden mucho dinero y nos presionaron mucho para “negociar” y levantar la medida”.

“El ferrocarril debe volver a manos del Estado como estrategia de transporte y solidaridad, además de que el tren ofrece alternativas como el ahorro de combustible y no contamina como otros modos de transporte” sostuvo Chabela.

“Obviamente es una actividad que hicimos para defender la tierra y la producción familiar de alimentos sanos y es coherente con lo que estuvimos haciendo con este encuentro” aseguró Claudia Albornoz, de la vecinal Chalet.

Dime de quién es el verde que nos amenaza

Desde el 2006 Belgrano Cargas está gerenciala por la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOE) Esta nueva administradora es controlada por Macri, con el 82% de las acciones, junto con un socio chino, dos empresas locales, la Unión Ferroviaria y el gremio de camioneros que dirige Hugo Moyano.

Durante la gestión de la SOE, el Estado se ha hecho cargo de todos los gastos operativos y las obras prioritarias. Con los aportes estatales -que promedian los $ 22,5 millones mensuales- se pagan los sueldos de 1.500 empleados, las reparaciones del material tractivo y rodante y las inversiones del programa del programa de emergencias.

Según datos publicados por el Diario Uno de Santa Fe (edición impresa, 26/10/08) por estos servicios la SOE recibe dos generosas retribuciones: un pago mensual por el gerenciamiento del 6% de los egresos totales de explotación. Y por otro lado, se queda con el 8% de cada obra de emergencia que "contrate e inspeccione”.

Según datos del Belgrano Cargas, el promedio de la tarifa es de U$18.- por tonelada transportada. Según “las verdecitas” el tren pasa entre 3 y 5 veces por día al lado de la granja y lleva entre 50 y 60 vagones, que de acuerdo a la empresa contienen 70 toneladas de carga cada uno. Por cada viaje BC recibe en promedio U$ 63.000 y de este monto SOE recibe U$ 3.780.

Estos datos sugieren que un puñado de valientes y comprometidas mujeres hizo que los más ricos perdieran de mínimo U$ 199.000 y durante dos días las vías del tren volvieron a ser del pueblo.

La feminización de la resistencia rompe las fronteras

Las mujeres participantes de este encuentro latinoamericano se proponen y nos proponen una serie de acciones colectivas y públicas.

En principio y ante la presencia del genocida George Bush en Perú convocan a un repudio mundial el próximo 15 de noviembre.

Además invitan a pares y organizaciones a sumarse a una acción local y coordinada nacionalmente que incluya el corte de vías de trasporte en repudio a la ruta de la soja y de la trata de personas, a realizarse el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia las Mujeres. Y también convocan a realizar piquetes en cada localidad a los medios gráficos hegemónicos para frenar la distribución del diario de ese día; exigiendo el inmediato retiro de los avisos sexuales y que se modifique el tratamiento de las noticias sobre mujeres que nos agreden, cosifican y explotan; y además, que estos medios incorporen el uso del lenguaje no sexista.

[Por Jorgelina Londero - Comunicadora feminista y participante del Encuentro de Mujeres por la Soberanía alimentaria – ljorgelina@gmail.com]

La alternativa ancestral

2007-10-19T18:44:00.000-07:00

El alcalde de Cotacachi aplica las enseñanzas de sus antepasados para gobernar a 38 mil personas.

Cada mañana, Auki Tituaña sigue la misma rutina: primero acompaña a sus dos hijos a la escuela, después pasa por el supermercado para hacer alguna compra. Es un recorrido de cuatro cuadras, pero a él le lleva horas completarlo porque debe atender a los saludos, los comentarios, los reclamos y las quejas de los vecinos.

Tituaña parece un vecino más con su ruana, su sombrero y sus alpargatas prolijas, pero no lo es. A punto de cumplir 40 años, lleva casi nueve como alcalde aquí en Cotacachi, 140 kilómetros al norte de Quito, en un centro turístico de 38.000 habitantes enclavado entre un volcán, un lago y una fila de montañas forestadas, y que oficia de puerta de entrada al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.

Tituaña es un aborigen otavalo y pertenece al movimiento indigenista Pachacutic. Es el primer aborigen en gobernar esta ciudad, y no le va mal. Su gestión recibió un premio de la Unesco por haber reducido los índices de pobreza y corrupción en la ciudad, y por representar una alternativa exitosa frente al modelo neoliberal. “Todo se logró con la democracia participativa”, me dijo Tituaña el otro día, durante uno de sus recorridos, mientras recogía la compra en un mercado de la calle 10 de Agosto.

Aquí, en esta ciudad de la provincia de Imbabura, rodeada por verdes montañas y el sagrado Lago Cuicoche -al que Tituaña visita cada vez que debe tomar una decisión trascendente-, le pregunté por las enseñanzas de sus ancestros. “Justamente, es lo que nos ayudó a sobrevivir 500 años, amigo”, me contesta, con esa economía de palabras que lo caracteriza.

El cantón transformado

De calles apacibles, limpias y cuidadas al extremo, Cotacachi es recorrida cada año por decenas de miles de turistas de todo el mundo, y que al ingresar por la Avenida de las Naciones se topan de frente con la Escultura del Sol, de Oswaldo Guayasamín.

“¿Usted conoció Cotacachi antes de 1996?”, me pregunta Clemente Galarza, responsable de una tienda de artesanías en la calle Mariscal Antonio José de Sucre. Él mismo se responde: “Éste es otro cantón, nadie lo imaginaba así por entonces”.

Tituaña llegó a la Alcaldía en 1996, en medio de un descalabro financiero en las arcas de la ciudad. Cada político que pasaba por allí era cuestionado por corrupción y no había dinero más que para enfrentar, a duras penas, el pago de los salarios de los empleados del municipio. Las demandas eran innumerables, según recuerda el alcalde. El 31,3 por ciento de las casas carecía de saneamiento básico y se necesitaban obras de todo tipo: desde alcantarillado hasta escuelas, desde centros recreativos hasta electricidad. Tenía cerca de 400 mil dólares en reservas pero las obras demandaban 11 millones de la misma moneda.

“Al comienzo la críticas eran feroces. 'No hacen nada', nos decían. Había rumores de que la oposición se quería tomar el municipio. Yo les decía: 'Si quieren quedarse con mi despacho, aquí tienen las llaves, yo no estoy atado a un cargo. Pero esto no se resuelve así, ni lo resuelve uno solo. Esto lo resolvemos entre todos y con organización'”, recuerda Tituaña, mientras conduce ahora su camioneta por las calles de la ciudad rumbo a la hostería del lago Cuicoche, donde lo espera una reunión con representantes del Servicio de Cooperación Alemana.

Fueron cientos, tal vez miles, las asambleas comunales a las que él y sus funcionarios tuvieron que asistir para explicar que no bastaba con poner el voto. “Creemos que un alcalde y siete concejales no alcanzan jamás para realizar una buena gestión de gobierno”, les decía. De allí surgieron los Consejos sectoriales, como el de la Salud, el de Comercio, de los hoteleros, de los agricultores, de las mujeres, de las comunidades indígenas. Esos Consejos, con representantes elegidos en las bases, confluyen en el Consejo Superior de 18 miembros, donde el alcalde siempre es minoría. El Consejo Superior adopta las decisiones que luego el Consejo Deliberante transforma en decretos para que el gobierno los ejecute. “De esa manera todos somos corresponsables de los éxitos y los fracasos de la gestión”, dice el alcalde. Al igual que los Consejeros, él no cobra sueldo pero recibe un módico viático de 100 dólares al mes.

En 1997, con los Consejos funcionando en pleno, el Municipio salió en busca de financiamiento externo. Consiguió 3,6 millones de dólares en diversos créditos provenientes del Banco Mundial, la Agencia de Cooperación Iberoamericana (España), el Gobierno Suiza, la Oficina de Cooperación española, el Servicio de Cooperación Alemán, la ONG Terra Nova (Italia), la Ayuda Popular Noruega, el gobierno de Cuba y la Agencia Internacional de Desarrollo estadounidense, entre otros organismos.

En el año 2000 comenzó a aplicarse el Presupuesto Participativo, a través del cual los Consejos son los que deciden dónde y cómo gastar los ingresos del municipio. La experiencia se asemeja a otras practicadas en ciudades como Porto Alegre y Brasilia, en Brasil.

Uno de los mayores orgullos de Tituaña es difundir, casa por casa, un boletín donde figura el destino del presupuesto de Cotacachi, desde el primero hasta el último dólar. Allí, en el balance de gestión, aparecen las obras terminadas, los gastos generales, la tercerización a la actividad privada. También aparecen los gastos destinados a la participación ciudadana, que alcanzan a un dos por ciento del presupuesto, cifra que suele generar críticas de la oposición.

“No se dan cuenta de que este tipo de gobierno de democracia participativa, encima de todo, es un buen negocio político, porque permite ganar elecciones, reelegirse y relegitimarse ante la sociedad”, dice Tituaña.

En octubre del año pasado, Tituaña y Pachacutic alcanzaron su segunda reelección al frente del municipio. Fue bajo esos preceptos milenarios que utilizan como eslogan y definición en Cotacachi: “Ama killa, ama llulla, ama shua” (“no ser odioso, no ser mentiroso, no ser ladrón”). Hoy, según los sondeos de opinión, Tituaña es uno de los políticos más populares de todo Ecuador.

El diálogo con el alcalde se interrumpe en innumerables oportunidades. Esa costumbre tan ecuatoriana de conducir más con el claxon que con el volante, en este caso se justifica. Tituaña se ve obligado a hacerlo sonar por lo menos quince veces para contestar cada vez que alguien lo saluda. Aquí, este hombre de estatura baja, con el pelo en una trenza tan cuidada como su poncho y su vestimenta, es el “Cotacachimanta jatun pusach” (“el jefe de gobierno de la tierra de Cotacachi”, en quechua). El hombre que ayudó a que esta pequeña ciudad fuese conocida internacionalmente no sólo por sus bellezas naturales y sus excelsos artículos de cuero, sino por ser un ejemplo de “transparencia y democracia”, de acuerdo al “Premio Dubai” que los Emiratos Árabes, el Centro Hábitat y la ONU le otorgaron en el 2000, o por convertirse en “una Ciudad por la Paz”, según reza la distinción que la Unesco le concedió en el 2002. Así lo entiende la anciana que lo obliga a detenerse en el camino hacia Cuicoche para transmitirle sus respetos, o la señora mestiza que se para delante de su vehículo y no lo deja avanzar hasta no ser correspondida con un saludo, o el rubio doctor de Quito que lo interrumpirá en la Posada del Lago para dejarle su tarjeta “por si acaso necesitara algo”.

De regreso ya en la Plaza Matriz, frente al palacio Municipal, a Tituaña lo interrumpe un colaborador que lo aborda en quechua. Lo requieren de urgencia en el hospital porque no hay nadie que pueda traducir del quechua al castellano. O, mejor dicho, la anciana enferma que necesita comunicarse con los médicos insiste en que el único traductor que quiere es “el Auki”. Camino al hospital sigue la charla. Tituaña se dice “progresista” pero no “marxista”, a pesar de sus años de estudiante en Cuba. Durante esos años, además de graduarse en Economía y ver nacer a su primera hija, Allpa Pacari (“Tierra del Amanecer”), pudo tejer relaciones que hoy se materializan con la presencia en Cotacachi de una misión de médicos cubanos, especialistas en Medicina General y en Medicina Primaria. Un acuerdo con el Ministerio de Salud de la isla, en el marco de la transformación del sistema de salud del cantón, que en virtud de las leyes vigentes pasó de la órbita nacional a la municipal. Así, el Centro de Salud de Cotacachi “Asdrúbal De la Torre” se convirtió en un hospital de “nivel 2” (complejidad media), que en el 2002 atendió a 2.400 mil pacientes y en el 2003 a 12.000, de acuerdo a los cálculos del municipio. “Pudimos mejorar el servicio, combinando la medicina ancestral con la medicina occidental, lo que para nosotros fue una experiencia muy rica”, explica Ramón González, director de la misión médica cubana en Cotacachi.

De Cuba llegó también el método para alfabetizar mediante TV y VHS. “Abortamos el sistema de alfabetización con profesores, porque ya se había probado y no dio resultados. En cambio, con este método, reconocido en el mundo entero, logramos enseñar a leer y escribir español en tres meses a una población que es, principalmente, quechua-hablante”, explica Tituaña.

De regreso después de reunirse con los alemanes en la hostería del lago, el alcalde detiene su marcha en Mercedes Cadena, una comunidad de 760 habitantes, en su mayoría indígenas. Allí, más que explicar o prometer, Tituaña se dedica a escuchar.

Al caer la tarde, un grupo de funcionarios de otros cantones y departamentos lo aguarda en el Palacio para aprender de la experiencia en salud y educación que se desarrolla en Cotacachi. No se trata de inventar nada nuevo, les dirá el alcalde: sólo se trata de apoyarse en la tradición solidaria y comunitaria de sus ancestros, descendientes del cacique Rumiñahui y herederos de su estoica resistencia en tiempos de la Conquista. Esa tradición participativa, que salvó a los otavalos del exterminio hace 500 años, es hoy la novedad política más esperanzadora en este Ecuador de instituciones débiles y economía dolarizada que naufraga sin remedio en el océano de la globalización.

Fuente: Revista Surcos en América Latina :: Autor: José Vales

Este interesante proceso, se sustenta legalmente en:

La Constitución Política de la República del Ecuador
Ley de Régimen Municipal
Ley de Descentralización del Estado y Participación Social
Ley Especial de Distribución del 15 % del Presupuesto General del Estado
Ordenanza Municipal que reconoce los estatutos de la Asamblea de Unidad Cantonal (Aprobada en Enero 31 del 2000), entre otras;

En este contexto en septiembre de 1.996 nace la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, como un espacio de organización del pueblo multiétnico, para el diálogo democrático y la planificación concertada del desarrollo social, económico, ambiental y humano del cantón; en el que la participación social activa y comprometida es el motor fundamental en la toma de decisiones basándose en los principios de solidaridad equidad y reciprocidad; respetando y reconociendo la diversidad étnica, de género y generación.

Música del Ecuador: Margarita Lasso “Adios”

Tetê de Rocinha

2007-10-19T09:31:00.000-07:00

María Teresa Leal lleva su modelo social de las favelas de Rio de Janeiro a las pasarelas de París. Y sin intermediarios.

Rocinha es un pesebre. Casitas muy juntas, separadas por un corredor angosto y empinado; ventanas y puertas abiertas de par en par, con gente dentro comiendo, viendo la tele, haciendo la siesta. Esta tarde había una mujer blanca lechosa que dormía plácida en un sofá, con una blusa de tirantes y una teta afuera.

Rocihna es la favela más grande de Rio de Janeiro, y allí funciona Coopa-Roca: un proyecto que tiene como objetivo darles a las mujeres del sector la posibilidad de ganar dinero sin tener que salir de sus casas. Las mujeres de Rocinha tejen y bordan, elaborando piezas para diseñadores, tiendas, fashion-shows y exposiciones. El proyecto existe desde hace unos veinticinco años, pero se constituyó como cooperativa en 1987.

La oficina de Coopa-Roca queda en lo alto de un cerro, es una casita amarilla muy modesta que debe tener una de las vistas más hermosas de toda la ciudad. Por la ventana se ve un pedazo de cielo soleado y otro cerro que abajo se vuelve mar. Tetê Leal, la directora del proyecto Coopa-Roca, vive allá abajo: al lado del mar. Esta mañana la vimos en su departamento de Leblon, uno de los barrios más elegantes de Rio de Janeiro. Tetê viene todos los días a Rocinha, pero hoy no; hoy a Tetê le duele la pierna: se la dobló por culpa de un zueco de madera y está fisurada. Tiene un yeso y también muletas.

-¡Roseli!

Tetê vive sola, pero tiene una empleada que la acompaña en el día, desde hace nueve años. Se llama Roseli.

-Nada en la vida sucede por casualidad -dice Teté, y se mira la pierna mala. Y cuenta que estuvo hace unos días haciendo yoga con un grupo de hare-krishnas

que repetían esa frase todo el tiempo. Después se abanica, vuelve a llamar a Roseli, se le cae una muleta que estaba apoyada en su silla.

Sigue hablando:

-A mí el estrés se me va para abajo. Ya me pasó hace dos años en el evento de París: me doblé un pie y se me puso grandototote...

Y pone cara de dolor. Después explica que ahora está estresada por el tema de la nueva sede de Coopa Roca, porque quieren trasladar la oficinita que tienen en Rocinha a un local más grande, por el mismo sector.

-Lo de la sede es tooodo un tema. Tenemos que conseguir muchas cosas. Porque ya están el local y la aprobación del Ministerio de Cultura, pero ahora hay que hacerlo. Es que todo es trabajo, trabajo, traba...

En la casa de Tetê también se encuentra Lucélia, la gerente de producción de Coopa-Roca; ella permanece callada a su lado, moviendo sus ojos negrísimos de un lado a otro, como un relojito cucú. Lucélia lleva siete años trabajando en el proyecto, es la mano derecha de Tetê.

-A minha companheira -dice, y la mira. Lucélia sonríe, baja los ojos.

Se acerca una señora negra que debe ser Roseli. Tetê la toma del brazo, cariñosa, y nos pregunta si queremos café. Mejor agua, decimos, porque hace calor.

L. -que oficia de intérprete- y yo estamos sentados en un sillón repleto de cojines tejidos, bordados y con aplicaciones en crochet. En una repisa alta hay una lámpara blanca, también tejida, que parece un cometa. Afuera, en la terraza, unas sillas de colores nos coquetean y los pajaritos cantan. La casa de Tetê es adorable.

-Es que necesitamos un lugar más grande y más bonito para hacer capacitaciones, y para que funcione todo lo administrativo. Hemos crecido mucho: hoy Coopa-Roca tiene casi cien mujeres y somos una marca. A los empresarios les gusta trabajar con nosotras porque saben que los consumidores se interesan cada vez más por los productos que, además de ser buenos, cumplen una función social.

Coopa-Roca ha participado en eventos de España, Berlín y París, y asiste todos los años al fashion-week de Rio y de São Paulo. En cada viaje, Tetê se lleva a tres o cuatro mujeres, cuando van a São Paulo alquila un ómnibus, y a los eventos locales van todas las que quieran. En la tarde, en Rocinha, Marta -una de las mujeres de Coopa-Roca- me diría que adora ir a los eventos: que es su única oportunidad para vestirse, maquillarse, ponerse tacos, porque en la favela, con esos callejones tan empinados, andar en tacos es imposible.

-Además de la función social del proyecto, para las mujeres de Rocinha trabajar con la moda es muy atractivo. El año pasado vinieron cinco diseñadores franceses a hacer creaciones a partir de las piezas de Coopa-Roca. Se reunían con ellas, y ellas hablaban, decidían, aportaban. Estaban muy emocionadas. A la oficina llegan muchas mujeres de la favela que quieren participar, pero no todas pueden, somos muy selectivas. Y la que no tenga habilidad sencillamente no entra.

Tetê es rigurosa. Dice que hasta que una prenda no esté impecable no le da salida. Suele repetir eso de que una naranja puede dar muchos litros de jugo. Que las mujeres tienen que dar todo lo que tengan: el máximo esfuerzo por el máximo

beneficio. Y dice también que la estética es lo más importante para Coopa-Roca: ofrecer prendas cada vez mejor logradas, ése es su desafío.

Pero hace veinticinco años el reto era otro. Desde muy chica, Tetê tuvo claro que quería hacer un voluntariado, y también sabía que Rocinha -por ser la favela con problemas sociales más graves- tendría que ser su campo de operaciones. Claro que no sabía exactamente qué podía hacer, así que se iba todos los días a caminar por la favela: buscando, observando, imaginando nuevas formas de ayudar.

-Quería inventarme un proyecto distinto. Un proyecto que no fuera asistencialista. Yo detesto el asistencialismo.

Tetê era una chica acomodada que estudiaba sociología y educación en el arte. Sus padres vivían en la misma casa donde estamos ahora, y ella se había mudado más cerca de la facultad. Trabajaba en una escuela de una de sus hermanas, enseñándoles a los niños trabajos manuales y artes plásticas. También hacía otras cosas, como leer. Le gustaba mucho leer.

-¡Adoré a Paulo Freire! A esa edad, ese señor me abrió la cabeza. ¡Paf! -dice, y se pega con el puño en la cabeza.

Cuando iba a Rocinha, caminaba de allá para acá todos los días; la gente la miraba pero no le decían nada. Hasta que alguien se le acercó y le preguntó por qué iba tanto allá, que si trabajaba con alguna fundación. Porque en ese momento -justo después de la dictadura- se estaban poniendo de moda las fundaciones.

La moda se instaló y sigue vigente: en Brasil hay casi trescientas mil ONG. Es un país grande, con problemas grandes, y cada quien se agarra de alguna bandera. Alguien me dijo que allá era el único lugar donde, además de ONG, también había ING -individuos no gubernamentales-; Tetê, con sus veinte años y su obsesión por servir, debía tener el perfil de uno de ésos.

-Yo no quería participar en ninguna fundación: no me gustaba el trabajo que hacían en las favelas, así que, cuando alguien me preguntó que por qué andaba merodeando, le dije directamente que yo quería hacer algo allí, y que era profesora de niños en una escuela de Ipanema.

Entonces le propusieron trabajar con los niños de la favela, enseñándoles artes plásticas y manualidades.

-Allí descubrí que lo que uno hace con las manos está muy relacionado con la identidad. Y veía cómo los niños de la favela atesoraban sus obras, mientras que los de Ipanema tenían todos los implementos del mundo y los dejaban tirados, los echaban a perder.

Pero el romance con los chicos duró poco: un día se le acercó una mujer de Rocinha y la convenció de que el trabajo que debía hacerse en la favela no era con chicos.

-Fue doña Teresa. Ella me dijo que hacer manualidades con los niños no servía de nada, porque las rompían. Que mejor trabajara con gente adulta, mujeres que sabían coser y tejer. Y allí se produjo el clic: las agrupé a ella, a sus vecinas, amigas, hermanas, abuelas y empezamos a concebir el proyecto.

Al principio, los padres de Tetê no estaban de acuerdo con que se metiera en esas cosas. Les daba miedo, ella estaba sola y era una época difícil. Sus hermanas tampoco querían; además, no les gustaban mucho las cosas que hacían las mujeres de Rocinha.

-Me decían ¡qué feo!, y que nunca se pondrían algo así. Pero estábamos empezando, se estaban apenas capacitando. Ahora somos impecables, y mis hermanas no sólo se ponen las cosas de Coopa-Roca, sino que les encanta.

Roseli nos trae café a todos, parece que no le gustó la idea del agua. Tetê casi no hace pausas cuando habla, L. tiene que interrumpirla de vez en cuando para traducir. Tetê gesticula, alza los brazos, habla fuerte, tropieza con la muleta “que no, no, no me ayuden, tengo que acostumbrarme”; se dobla, se estira, hace malabares... y la recoge.

Estamos hablando de la parte económica. Ella enumera con los dedos, cierra un poco los ojos y aprieta los labios, se acuerda, sigue.

-producción, materiales, mano de obra, mis honorarios por la gestión y la comisión de la cooperativa: eso costamos.

Luego le dice a Lucélia que traiga unas carteras para explicarnos mejor. Lucélia va y las trae. Una es roja, la otra es café. Son lindísimas. Pregunto el precio y me dicen que depende de la tienda, pero que la cartera no es barata: está por los 200 dólares. Una buena cartera de cuero en Buenos Aires cuesta la mitad. Lucélia sigue de pie, con los bolsos en la mano, cual modelo de programa concurso.

-Y el asunto es así: las artesanas de Coopa-Roca hacen el crochet, luego hay otras personas que se encargan de confeccionar la cartera: ponerle la manija, coser el forro y así, hasta que llega a la tienda. Nosotros somos una parte de la cadena productiva: la base, y el mérito de la cooperativa es que permite que todos cobremos lo justo.

Tetê dice que Coopa-Roca está tratando de sacar adelante un modelo de comercio justo: que todos los que participan en la cadena productiva cobren lo que les corresponde. Pero en el gremio de las ONG parece que nadie puede casarse con un solo modelo. Las fundaciones, cada tanto, incorporan nuevos términos y estrategias para encarrilar el trabajo de las organizaciones que quieren apoyar. Que la responsabilidad social corporativa, que el comercio justo, que la economía solidaria, que los negocios inclusivos.

-Ahora todo se trata de negocios inclusivos y de involucrar a otros actores y esas cosas. Nosotras, por ejemplo, vamos a aliarnos con unas personas que confeccionan remeras, y Coopa-Roca las bordaría. Después las vamos a ofrecer en e-bay porque fuimos invitadas a participar en el proyecto New Heroes, que tiene e-bay. Todas esas alianzas nos sirven... A veces hay que “coquetearles” a los donantes para recibir su apoyo.

Hace un poco más de dos años, Coopa-Roca recibió un apoyo importante de la Fundación Avina, una organización que fomenta el trabajo de líderes sociales. Eso les permitió fortalecerse internamente, constituir un área administrativa y financiera, capacitarse para hacer una mejor gestión. Mejor dicho: organizar la casa por dentro.

Pero Tetê dice que ahora tiene que priorizar otras cosas, porque las organizaciones como Avina, que podrían seguir apoyándola, han cambiado la estrategia.

Y que hay que coquetear, insiste, pero sin cambiar el enfoque.

-Lo central para nosotras es fortalecer la cooperativa, porque si las artesanas no estuvieran agrupadas, perderían clientes, respaldo institucional, seguridad social. Pero, claro, en todo esto también es necesario que participe el consumidor, su aporte es pagar un poquito más por un producto bien hecho, de calidad y con una función social.

Y es ese aporte el que hace la diferencia, porque todo el esfuerzo por hacer del negocio de la moda un negocio solidario se queda corto si no participa el consumidor. Es algo así como el concepto de la comida orgánica: pago más porque el producto me da la certeza de que están cuidando la tierra y además es bueno para mí. En este caso, la etiqueta de Coopa-Roca me garantiza que las artesanas no están siendo explotadas y que, por el contrario, reciben muchos beneficios adicionales. El consumidor, a cambio, se supone que está comprándose un poco de tranquilidad.

Y Tetê, ahora que su pierna rota la obliga a estar quieta, dice que, a veces, la gente lo único lo que necesita es un poco de tranquilidad.

confeccionar la cartera: ponerle la manija, coser el forro y así, hasta que llega a la tienda. Nosotros somos una parte de la cadena productiva: la base, y el mérito de la cooperativa es que permite que todos cobremos lo justo.

Pero Tetê dice que ahora tiene que priorizar otras cosas, porque las organizaciones como Avina, que podrían seguir apoyándola, han cambiado la estrategia.

Y que hay que coquetear, insiste, pero sin cambiar el enfoque.

Y Tetê, ahora que su pierna rota la obliga a estar quieta, dice que, a veces, la gente lo único lo que necesita es un poco de tranquilidad.

Fuente: Surcos en América Latina, Margarita García

Chico Buarque: Cotidiano

Todavía sigue la lucha

2007-10-18T17:26:00.000-07:00

“Todavía sigue la lucha por la búsqueda de justicia permanente”

Nora Cortiñas es una de las co-fundadoras de Madres de Plaza de Mayo junto a Azucena Villaflor. Vive en Castelar norte desde 1955. Durante la dictadura militar, su hijo Gustavo, que militaba en la JP, desapareció en las inmediaciones de la estación de Morón. Aquí su lucha por encontrar la verdad y la justicia una deuda pendiente en la sociedad argentina.

Nació en el barrio porteño de Monserrat hace 77 años y se vino para la zona oeste luego de haberse casado muy joven, en 1955. Dice que en Castelar encontró un “enamoramiento” con la ciudad. Nora Cortiñas y todas las Madres de Plaza de Mayo que viven en el partido de Morón fueron declaradas ciudadanas ilustres.

Cuando esta entrañable mujer llegó a los pagos del oeste nada era como en la actualidad. Desde Monserrat se trasladó a Castelar porque a un familiar con problemas bronquiales le aconsejaron alejarse de la Capital. Así fue como Nora y su esposo conocieron la zona oeste. Poco a poco cada integrante de la familia se mudaba para esta zona. “Compramos con un crédito del Banco Hipotecario terrenos loteados que pertenecían a la familia Ayerza”, y describe que Castelar era como una zona rural en esos tiempos. “Muchas veces por la mañana se veían vacas o caballos pastando”.

¿Cómo tomaron ese cambio de vivir en una zona céntrica a vivir en una zona de campo y alejada?

Un tío de mi esposo tenía muchos problemas bronquiales y el médico le aconsejó venirse a Castelar. Así que él arrastró a muchos familiares. Cuando me casé nos propusieron construir acá. Después compraron otros familiares. Hoy mi hijo vive atrás de la primera casa que compramos. Castelar es un enamoramiento que sigue en continuado en toda la familia.

La vida de Nora Cortiñas es muy intensa por su lucha por los derechos humanos que comenzó cuando uno de sus hijos, Gustavo, fue detenido y desaparecido durante el proceso militar en 1977. “Él era un luchador por las causas sociales”. Gustavo era de la Juventud Peronista y estaba siempre cerca de las personas que más necesidades tenían. “Militaba en la Villa 31 de Retiro junto al Padre Carlos Mujica, pero cuando la Triple A lo mata a Mujica el grupo se disgrega y empieza a militar en Morón”, cuenta la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El terrible episodio ocurrió un 15 de abril de 1977 cuando Gustavo salía hacia su trabajo. “Esa misma noche entraron a casa y nos robaron algunas cosas como alhajas. Nunca supe nada hasta el día de hoy”.

Nora siempre recuerda a Gustavo en cada conversación y remarca que su hijo “tenía muchas inquietudes sociales. En el colegio Inmaculada – donde realizó sus estudios secundarios –hubo seis desaparecidos porque era un colegio que se brindaba a la comunidad, progresista”. Y conmemora al Padre Domínguez quien ayudó mucho a la familia luego de la desaparición de su hijo. “Nosotros necesitábamos esa relación espiritual. Él iba a Olmos a averiguar cosas para los familiares de los desaparecidos de la zona y luego lo trasladaron a Uruguay, se lo sacaron de encima”.

Lo que describe Nora Cortiñas es aterrador y da cuenta de cómo fueron los años de plomo en Argentina para que a nadie le queden dudas de los crímenes que cometió el gobierno de facto. “Nosotros los vimos a Gustavo por última vez el domingo de pascuas de 1977 en Mar del Tuyú. Nos despedimos en la estación de micros. Hablamos toda la semana por teléfono. Pero el 15 de abril cuando iba a su trabajo fue secuestrado en Castelar y después a la noche se hizo un operativo en mi casa. Supe que se lo habían llevado de la estación después de un año. Intentaron sacarnos plata para decirnos dónde estaba, era una práctica que hacían ellos. Además de genocidas fueron ladrones, rufianes”, sentencia.

¿Hasta cuándo va a seguir su lucha por la verdad y por los derechos humanos?

Hay gente que dice ‘bueno, ya pasaron 30 años’. Pero la tragedia de cada casa, donde falta un hijo o los nietos, sigue. No se cambiaron las consecuencias de lo que fue el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar. Hay frases que decíamos que las tenemos que volver a repetir ‘Aparición con vida de Julio López’, todavía sigue la lucha por la búsqueda de justicia permanente. Nunca se abrió un archivo para decirnos nada. Los únicos que a veces dan alguna noticia son los antropólogos forenses, que son un equipo maravilloso.

¿Es increíble que todavía tengamos que estar pidiendo que se siga investigando?

La lucha de los miles que no están o que tuvieron que exiliarse tiene que seguir porque cada día hay más brecha entre ricos y pobres, hay discursos que no son la verdad de lo que está pasando. No hay trabajo, hay contratos basura. El ‘por algo será’ era verdad, era porque estaban en contra del sistema neoliberal. Se los llevaron para poder hacer esta política que armó EEUU y que la llevó adelante a través de lo que fue el operativo Cóndor. Estamos pagando una deuda que se hizo a sangre y fuego, que no contrajo el pueblo y que tuvo un costo humano de 30.000 desaparecidos y más de 10.000 presos políticos y miles de exiliados. Aún hoy se mueren cien niños diariamente de hambre o de enfermedades curables.

¿Hasta cuándo va a seguir la lucha de las Madres?

No hay un remanso. Tuvimos logros, avanzamos en muchas situaciones que creíamos que no se podía avanzar que eran las leyes de impunidad. Teníamos todos los juicios parados. Hace años que están juzgando a un genocida. No se puede parar nunca. Si ocultamos que hay cosas que andan mal y las podemos decir porque no hay dictadura, hay que darles el valor para cambiar una sociedad injusta.

Durante los primeros años de democracia las Madres de Plaza de Mayo sufrieron una división y el grupo se quebró en dos partes, una quedó bajo el ala de Eve de Bonafini y quienes quedaron fuera de ese organismo crearon la Línea Fundadora. “En 1986 iban a celebrarse las primeras elecciones en las Madres para ver cómo nos repartíamos los cargos. Desde que empezó el gobierno constitucional empezaron cosas nuevas como la Conadep, el juicio a las Juntas y veíamos un camino pero Eve no quería nada, ni las excavaciones, ni las placas en los colegios, no quería nada que no fuera propuesto por ella. Fue muy agresiva e incitaba a la violencia entre nosotras. Nos costó mucho dolor”, recuerda acongojada.

En estos últimos años, todas las Madres de Plaza de Mayo que viven en el partido de Morón fueron declaradas Ciudadanas Ilustres, premio más que merecido por todas ellas. “Fue muy lindo, emocionante. Nosotras honores no queremos porque los verdaderos actores de esta historia son nuestros hijos, de los que están y los que no están”.

Para terminar, es bueno poner en esta página un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano se describe muy bien la lucha de estas mujeres por encontrar la verdad: “En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria”. Diario Latitud 35 Por Ricardo Terzoli]

Paco Ibañez – Cecilia Rosetto, Palabras para Julia.
En homenaje a las Madres de Plaza de Mayo

No claudicaré

2007-10-18T16:24:00.000-07:00

Chicha Mariani

Tres décadas transcurrieron ya desde que María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani comenzó a buscar desesperadamente a su nieta Clara Anahí. La nenita de tres meses fue secuestrada por la última dictadura militar luego de perpetrar un ataque a balazos, mediante sus fuerzas represoras, en el hogar en dónde vivía con sus padres. Sus progenitores junto a otras dos personas fueron asesinados, pero el bebé se salvó. Y aún, no se sabe su real identidad.

Su abuela, quien a sus más de 80 años todavía la busca, luego de deambular en 1977 por comisarías, iglesias y juzgados, encontró en una asesoría de menores a una de las escasas personas que desde la función pública intentaron ayudar a los familiares de desaparecidos: Lidia Pegenaute. La asesora investigó y confirmó que su nieta estaba viva, además le aconsejó a "Chicha" que se juntara con otras mujeres en situaciones similares; incluso le mencionó a dos que ella conocía.

"Chicha" Mariani se reunió con Licha de la Cuadra quién, a su vez, tenía una nieta que había nacido en un centro clandestino de detención. Mariani le explicó a Licha la idea de emprender una búsqueda conjunta con todas las abuelas a las que el terrorismo de Estado les había robado a sus nietos. Fue así, entonces, que acordaron manifestarse en la plaza San Martín el 21 de noviembre de 1977, día en que Cyrus Vance, el secretario de Estado del gobierno de EEUU, enviado por el presidente Carter para seguir de cerca la situación de los derechos humanos en Argentina, colocaría unas flores frente al monumento al Libertador argentino.

En los días previos a la llegada del funcionario estadounidense, se sumaron a la idea de "Chicha" Mariani aquellas Madres de Plaza de Mayo cuyas hijas desaparecidas estaban embarazadas al momento de ser secuestradas. Asimismo, "las abuelas" ya estaban conformadas por más de una decena de integrantes. Finalmente, cuando llegó el 21 de noviembre, las Abuelas y las Madres de desaparecidos eran más de un centenar. Llevaban inscripciones alusivas a desaparecidos, pañuelos blancos en sus cabezas y así empezaron a cantar y gritar cuando Vance se hizo presente en la plaza San Martín. Parte de la prensa se hizo eco del episodio, con lo cual representó un logro para sendas agrupaciones.

Así se inició una lucha dolorosa, que no pudo esquivar la desesperanza, ni la indignación, pero que aún persiste. Y vaya que logró parte de su cometido: ya son casi noventa los nietos que recuperaron su identidad. No obstante, según asegura la agrupación liderada por Estela de Carlotto todavía faltan más de cuatrocientos.

Casi 30 años de andar y andar; "casi" porque si se toma como punto de partida su primera manifestación pública realizada en noviembre, aún faltan unos días. El 22 de octubre, en realidad, fue elegido porque es el cumpleaños de su presidenta, Estela de Carlotto, quién asumió la titularidad de la agrupación a partir de 1989 cuando, por discrepancias internas, "Chicha" Mariani dejó Abuelas junto a otras integrantes. Desde aquel momento decidieron celebrar su nacimiento el 22.

Las "Abuelas argentinas de nietitos desaparecidos", como se autodenominaron en un comienzo, son un ejemplo a seguir: siempre reclamando en forma pacífica, con una paciencia infinita, con un corazón de hierro y con una entereza a prueba de todo. Aquí entonces un sentido homenaje a ustedes: Abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas de todos los argentinos que exclaman JUSTICIA. [AOLL]

Hacer clic sobre la imagen para ampliarla

Querida nieta:

Soy tu abuela “Chicha” Chorobik de Mariani, te busco desde el momento en que Etchecolatz, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30 nº 1134 de la Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que a él también lo asesinaron.

A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.305 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto.

Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas; que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de todo esto tendrás en tus inclinaciones de vida porque, a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto, uno guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior.

A mis más de 80 años mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada, me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pié, el que nos encontremos.

Clara Anahí, mientras te espero seguiré buscándote.

Te abraza, tu abuela “Chicha" Mariani

Mail de 'Chicha': mariaisabelchorobik@sinectis.com.ar

Horacio Fontova: Resistiré

"Me falta encontrar a mi nieto"

2007-10-18T14:54:00.000-07:00

Estela de Carlotto: "Me falta encontrar a mi nieto"

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo busca a su primer nieto desde 1978. El plan de exterminio sistemático de la dictadura, cortó su vida en un antes y un después. El secuestro de su marido, el de su hija, su nieto, los fue reconstruyendo con el relato de otros. Aquí, su testimonio.

Tenía 45 años y vivía en su casa de La Plata, junto a Guido y Reno, sus dos hijos menores, y su marido Guido, el 24 de marzo de 1976. Hacía poco que Claudia, su segunda hija, se había casado a pesar de sus jóvenes 18 años. La mayor, Laura, de 22, ya hacía cuatro años que vivía con su esposo. Estela, además, trabajaba como directora de una escuela primaria en su ciudad.

Carlotto se reconoce como una mujer “fuerte” que trabajó desde los 20 años y crió cuatro hijos, pero cuando sucedió el golpe de Estado, su vida se tiñó de terror.

En doce meses –desde el 1 de agosto de 1977, cuando secuestraron a su marido, hasta el 25 de agosto de 1978, el día en que le entregaron el cuerpo de Laura- Carlotto fue golpeada directamente por el terrorismo de Estado. Y cuando en el país todavía se festejaba el Mundial de fútbol, ella comenzaba un larguísimo camino: la búsqueda de ese primer nieto, ese hijo varón que Laura había parido en cautiverio y bautizado como su padre.

Treinta años después, la mujer que desde la presidencia de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo es el símbolo de la búsqueda de los nietos desaparecidos, conversó con Terra para contar su testimonio.

¿Cómo era su vida en marzo de 1976?

El 76 me encuentra con dos hijas casadas, y en la Universidad. Laura estudiaba el Profesorado de Historia y Claudia, Medicina. Las dos empezaron a militar por los 70 en los centros de estudiantes, luchando en oposición al régimen de la Triple A. Conversábamos mucho porque teníamos temor y había riesgos. Nosotros queríamos que desistieran de su práctica política. Le dábamos consejos a la usanza nuestra.

Mi marido charlaba mucho con Laura porque trabajaban juntos en el negocio (una pequeña fábrica de pinturas creada por el Sr. Carlotto). Le pedíamos que se vaya del país. En la Plata la cacería era permanente y a la luz del día.

¿Cómo secuestran a su marido?

En 1977, el lunes 1 de agosto, Guido va a buscar su camioneta a la casa de la cual Laura acababa de mudarse y es secuestrado. Ahí es la primera vez que busco un desaparecido. Golpeo puertas, me movilizo. El martes me piden 40 millones para salvarle la vida que era una fortuna, salí a vender, cobrar, pedir. El miércoles entregué el dinero en la hora y el lugar que me habían dicho. No sé si le salvó la vida. Es liberado veinticinco días después en muy malas condiciones, y contó por horas los horrores que vivió y vio.

Laura

Tras el secuestro del padre, la hija mayor entiende que es a ella a quien buscan y se va de La Plata con su marido. La familia pierde contacto hasta que se enteran que la pareja fue secuestrada en Buenos Aires, el 26 de noviembre del 77.

¿Qué pasó con su hija?

Ella estaba en prensa de Montoneros. Primero pasó por la ESMA y luego, a La Cacha, un centro que estaba en los galpones del Radio Provincia de La Plata, y luego a dos cárceles legales de Olmos. Nueve meses la tuvieron secuestrada, estaba embarazada y no lo sabíamos.

El bebé nació en junio del 78, se lo quitaron a las pocas horas y dos meses después la asesinaron, en la madrugada del 25 de agosto del 78. El subcomisario de Isidro Casanova, La Matanza, nos dijo que se la entregó el Ejército. Laura estaba en un furgoneta como NN para ser enterrada si no llegábamos a buscarla. Me entregaron el cuerpo y el documento en perfecto estado. Como todos los casos, figuraban como NN pero sabían perfectamente la identidad de cada desaparecido.

Vivirlo y sentirlo es una llaga eterna. Pero tuve el “privilegio” de tener el cuerpo y velarlo. En el 85 hice una exhumación científica para que el cuerpo de Laura dijera la verdad. Los médicos forenses dijeron que la verdad es que tuvo un bebé, que fue torturada (por el deterioro de la dentadura) , que la mataron fríamente tirada en el suelo, de espalda y con tiros en la cabeza, que le quebraron un brazo.

¿Qué sabe de su nieto?

A ella la trasladaron para tener el hijo en otro lugar. Cuando volvió contó que había tenido un varón, que se lo sacaron a las pocas horas, que le dijeron que me lo iban a entregar y después ella se dio cuenta que no era así porque le decían que yo no lo quería. Todo esto se lo iba contando a las compañeras y algunas fueron liberadas y me fui encontrando en estos años a lo largo del mundo con estas liberadas y he armado la historia lo más completa posible. Lo que me falta es encontrarlo.

Carlotto cuenta que en 1978, tras 28 años de docente, se jubiló “con la ilusión de criar a mi nieto y esperando el regreso de Laura”.

¿Cómo se incorporó a Abuelas?

Así como busqué a Guido y a Laura en soledad, tuve el buen consejo de que me uniera, porque ya había mujeres haciendo lo mismo que eran madres y abuelas y me arrimé al grupo de La Plata. No conocía a nadie pero teníamos el mismo dolor. Empecé a venir a Buenos Aires y desde entonces esto es mi vida. Unirme a Abuelas fue el vehículo de mi búsqueda, de sentirme acompañada, útil.

Fuimos evolucionando. No es lo mismo buscar bebés que hombres y mujeres como hoy. No es lo mismo dictadura que gobiernos constitucionales; no era lo mismo estar en soledad que un respaldo muy fuerte nacional e internacional.

En Abuelas tienen registradas 240 denuncias de nietos desaparecidos y estiman que la dictadura dejó 500 casos en total. Ya recuperaron 82 nietos. Y Carlotto aconseja a quienes fueron apropiados o adoptados y desconocen su identidad: "No se queden con la duda, investiguen, tienen derecho a la verdad por sobre todas las cosas". [Terra, Inés Ambrosini]

Laura Estela Carlotto

Detenida-Desaparecida

en Noviembre 1977

Tenía 23 años

Laura fue secuestrada con su compañero en La Plata en Noviembre de 1977, estaba embarazada de dos meses y medio. Fue vista en el CCD La Cacha (en La Plata) por varios testigos. Se sabe que al mes del secuestro, el compañero fue asesinado, y a ella la dejaron vivir hasta tener su bebé que nació el 26 de junio en 1978. Para tenerlo fue desplazada al hospital militar central en Buenos Aires. Una vez que dio a luz, le quitaron inmediatamente el bebé y la regresaron sola a La Cacha.

Dos meses después del nacimiento de su niño, Laura fue sacada del campo de concentración junto con otro compañero y fue asesinada en una ruta del gran Buenos Aires. El cuerpo le fue entregado a su madre, Estela de Carlotto, el mismo día de su asesinato (algo muy inusual).

El niño de Laura, Guido, ya es un hombre de 22 años, y no se sabe dónde está.

Suarez Mason fue condenado en Italia por su asesinato.

Los Pericos: Sin Cadenas

Rigoberta Menchú

2007-10-18T13:45:00.000-07:00

Activista de los derechos humanos de Guatemala (Chimel, Uspatán, 1959 -). Rigoberta Menchú nació en una numerosa familia campesina de la etnia indígena maya-quiché. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por el sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con la que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado.

Varios miembros de su familia, incluida su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía paralela de los «escuadrones de la muerte»; su padre murió con un grupo de campesinos que se encerraron en la embajada de España en un acto de protesta, cuando la policía incendió el local quemando vivos a los que estaban dentro (1980).

Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas, sin otra ideología que el cristianismo revolucionario de la «teología de la liberación»; ella misma personificaba el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión de denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica.

Para escapar a la represión se exilió en México, donde publicó su autobiografía en 1983; recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias.

En 1992 la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, coincidiendo con la celebración oficial del quinto centenario del descubrimiento de América, a la que Rigoberta se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indios americanos. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla iniciado en los años siguientes. [Biografías y Vidas]

Rigoberta Menchú

Encuentro con Rigoberta Menchú Tum [Telesur]

Las Mujeres bananeras

2007-10-18T13:02:00.000-07:00

La lucha de las mujeres trabajadoras de la industria del banano en Urabá que empiezan sus labores muy temprano en sus casas. Gran parte de ellas, madres solteras y viudas de la violencia, tienen una doble jornada laboral donde sufren el machismo en lo privado, pero sobretodo en sus propios lugares de trabajo. En algunas fincas piden certificados de embarazo e inclusive de ligadura de trompas para que una mujer pueda entrar, cuando en la época de mayor violencia eran ellas quienes remplazaron a los hombres que tenían que huir o que fueron asesinados. Hoy las condiciones de trabajo son desfavorables pues ganan menor remuneración que los varones, existe el acoso sexual, no hay un libre derecho a la maternidad y persiste la discriminación por razones de género. Sin embargo, varias mujeres se han organizado y por medio de visitas a las fincas y actividades culturales están tratando de que la situación se revierta.

Violencia contra la mujer

2007-10-18T11:12:00.000-07:00

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/48/629)] Resolución número 48/104

La Asamblea General,

Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualidad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos,

Observando que estos derechos y principios están consagrados en instrumentos internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, enunciada en la presente resolución, reforzaría y complementaria ese proceso,

Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en las que se recomendó un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra la mujer, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer,

Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre,

Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado, son particularmente vulnerables a la violencia,

Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en que se reconoce que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturales, y debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia,

Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social, de 30 de mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco general para un instrumento internacional que abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer,

Observando con satisfacción la función desempeñada por los movimientos en pro de la mujer para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y magnitud del problema de la violencia contra la mujer,

Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la mujer para lograr su igualdad jurídica, social, política, y económica en la sociedad se ven limitadas, entre otras cosas, por una violencia continua y endémica,

Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se requieren una definición clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estado de asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer,

Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada:

Artículo 1

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Artículo 2

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras practicas tradicionales nocivas para la mujer los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

a) El derecho a la vida;[1]
b) El derecho a la igualdad;[2]
c) El derecho a h libertad y la seguridad de la persona;[3]
d) El derecho a igual protección ante la ley;**
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación;[2]
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar;[4]
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;[5]
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. [6]

Artículo 4

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa Convención;
b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares;
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir repanción por medio de esos mecanismos;
e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer;
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer;
g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica;
h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;
i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer;
j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer;
k) Promover la investigación recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones;
l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente vulnerables;
m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas pan poner en practica la presente Declaración;
n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios enunciados en la presente Declaración;
o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamenuies en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema;
p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional;
q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de 1a violencia contra la mujer.

Artículo 5

Los órganos y organismos espedalizados del sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración y, a este fin, deberán, entre otras cosas:

a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir estrategias regionales para combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas relacionados con la eliminación de la violencia contra la mujer;
b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la conciencia de toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer;
c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y el intercambio entre los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a fin de abordar con eficacia la cuestión de la violencia contra la mujer;
d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas sobre las tendencias y los problemas sociales, por ejemplo, en los informes periódicos sobre la situación social en el mundo, un examen de las tendencias de la violencia contra la mujer;
e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas a fin de integrar la cuestión de la violencia contra la mujer en los programas en curso, haciendo especial referencia a los grupos de mujeres particularmente vulnerables a la violencia;
f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la violencia contra la mujer, tomando en consideración las medidas mencionadas en la presente Declaración;
g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando proceda, en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación de los instrumentos de derechos humanos;
h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a la cuestión de la violencia contra la mujer.

Artículo 6

Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición alguna que pueda formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier convención, tratado o instrumento internacional vigente en ese Estado y sea más conducente a la eliminación de la violencia contra la mujer.

Notes

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23; y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6 y 7.
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7; y Convención contra la Torture y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

85a. Sesión plenaria 20 de diciembre de 1993

Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas